Redacción Canal Abierto | Según un informe mensual del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sólo en los primeros 15 días de junio la suba de precios en los medicamentos igualó la inflación total de mayo. Desde 2015 el alza alcanzó el 314% y los remedios esenciales subieron 784%.

Este aumento inflacionario, junto a la quita de entrega gratuita del PAMI, convierte a los medicamentos en productos de difícil acceso para la mayoría de la población, especialmente para los adultos mayores.

Lo cierto es que este escenario no sólo afecta a quienes necesitan de los fármacos para gozar de buena salud. Según el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), en los primeros cuatro meses del año 39 farmacias tuvieron que bajar sus persianas, mientras que en los últimos 45 días cerraron otras 22, dejando un total de 61 locales que desaparecieron.


En contraposición a esta sangría que atraviesa el sector, y al igual que otras grandes farmacéuticas, Elea Phoenix contó en 2018 con una facturación cercana a los 10 mil millones de pesos, una suba de al menos un 40 por ciento respecto del año anterior. Sus dueños, la familia Sielecki-Gold, ocupan el 9º lugar en el ranking de las familias más ricas del país, según la revista Forbes.

En este contexto, pese a las ganancias extrordinarias y tras declarar un procedimiento preventivo de crisis, el laboratorio Elea Phoenix intentó despedir 120 trabajadores, entre ellos 26 delegados sindicales.

“Detrás de este fraude laboral hay una clara connivencia del Gobierno nacional, legisladores y la justicia”, denuncia Salvador Agliano, titular de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM). El gremio nucleado en la CTA Autónoma realiza un acampa para exigir la reincorporación de los cesanteados y en rechazo a lo que interpretan como una embestida contra la organización sindical.


El año 2018 fue el que mayor número de presentaciones registró el procedimiento preventivo de crisis – PPC – (108 en total), con una tendencia notoriamente creciente desde 2015. En total, desde 2016 a 2018 se registraron 246 pedidos de procesos preventivos de crisis.

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