Redacción Canal Abierto | «Recuperé la capacidad de pensar y reflexionar y decir lo que pienso», afirmaba Miguel Ángel Pichetto en el Congreso, allá por marzo de 2016, cuando intentó explicar por qué decidía votar a favor de pagarles a los fondos buitre. Desde entonces, al parecer, dio rienda suelta a su libertad de expresión y no se privó de expresar cada pensamiento que asomase a su psiquis, políticamente correcto, o no.
Mientras el resto de Juntos por el Cambio guarda silencio posPASO y evalúa el fracaso electoral que siguió a la radicalización del discurso, Pichetto decidió volver a hablar. Esta vez, en una entrevista con radio La Red -luego de llamar despectivamente «piqueteros» a quienes reclaman la emergencia alimentaria, asegurar que «no laburan» y que intentan “debilitar más al Gobierno»- arremetió contra una inmigrante.
“La pena tiene un objetivo: la resocialización; Vanessa cumplió y no tuvo otro conflicto con la ley”, explica el abogado de la joven enfermera peruana que –tras 15 años de residencia en Argentina- fue deportada.
Hoy Miguel Ángel Pichetto se refirió al caso y destiló odio. pic.twitter.com/VccFgxVMTk— Canal Abierto (@canalabiertoar) September 5, 2019
“Ahora va a volver una peruana que fue condenada a cuatro años por narcotráfico, por una cuestión de integración familiar. Esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Estamos enfermos en la Argentina. No sé qué organismo internacional impuso que volviera esta mujer”, se despachó el candidato a la vicepresidencia por Juntos por el Cambio.
El pasado lunes -tras siete meses y una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil, parte de la sociedad y apoyo internacional- el director nacional de Migraciones anunció la decisión del Estado argentino de levantar la prohibición de reingreso que impedía que Vanessa regresara al país y pudiera reunirse con sus hijos de 6 y 14 años. Lo hizo en el marco del 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares realizado en Ginebra.
Pichetto se refiere a Vanessa, una joven enfermera, madre de tres hijos pequeños, que a principios de febrero ya llevaba quince años viviendo en la Argentina cuando la policía fue a buscarla a su casa. Tres días después, luego de dejarla detenida junto a su hijo de 2 años sin explicaciones, la Dirección Nacional de Migraciones la deportó a su país natal.
“Vanessa cumplió una condena en el año 2014. Luego de ese paso por la prisión muy breve, se dedicó a estudiar. Se recibió de técnica superior en Enfermería, tomó varios cursos y empezó a trabajar. También es madre de tres hijos, los tres son argentinos y tienen 2, 5 y 14 años”, relataba Juan Villanueva, abogado de la joven, en diálogo con Canal Abierto, a pocos días de la expulsión.
El pasado lunes -tras siete meses y una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil, parte de la sociedad y apoyo internacional- el director nacional de Migraciones anunció la decisión del Estado argentino de levantar la prohibición de reingreso que impedía que Vanessa regresara al país y pudiera reunirse con sus hijos de 6 y 14 años. Lo hizo en el marco del 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares realizado en Ginebra.
Pichetto, sobre el caso de Vanessa Gómez Cueva, la mujer peruana que fue deportada: «Estamos enfermos en Argentina». pic.twitter.com/LsdlIQAoEC
— ElCanciller.com (@elcancillercom) September 5, 2019
La xenofobia está de moda
“En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina. La adopción del DNU 70/2017 modificó aspectos esenciales de la Ley de Migraciones que derivaron en el retroceso de los derechos de las personas migrantes. Entre sus graves consecuencias están la separación de niñas y niños de sus familias y las expulsiones que violan el debido proceso y el derecho a la defensa. En definitiva, se expulsa a personas migrantes que están hace muchos años en Argentina, que cumplieron sus penas y que han formado su familia en el país”, expresa un comunicado conjunto de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En su cuenta de Twitter, Caref también aclaró que fue el Estado argentino “el que reconoció su error y dio marcha atrás a las políticas que restringen derechos constitucionales. Esta decisión responde a las obligaciones internacionales de la Argentina”.
@MiguelPichetto, Fue el Estado argentino que reconoció su error y dió marcha atrás a las políticas que restringen derechos constitucionales. Esta decisión responde a las obligaciones internacionales de la Argentina. #VanessaVuelve @amnistiaar @CELS_Argentina @cejil @Juan_MVilla
— CAREF Argentina (@CarefArgentina) September 5, 2019
Por otro lado, Vanessa no es la única que vive esta situación. Hay muchos otros casos de familias separadas o con una disposición pendiente de ejecución que podría generar su separación. Hacerlo, viola los compromisos internacionales asumidos por la Argentina de proteger la unidad familiar y el interés superior del niño.
Más información: El calvario de Vanessa
