Redacción Canal Abierto | «Recuperé la capacidad de pensar y reflexionar y decir lo que pienso», afirmaba Miguel Ángel Pichetto en el Congreso, allá por marzo de 2016, cuando intentó explicar por qué decidía votar a favor de pagarles a los fondos buitre. Desde entonces, al parecer, dio rienda suelta a su libertad de expresión y no se privó de expresar cada pensamiento que asomase a su psiquis, políticamente correcto, o no.

Mientras el resto de Juntos por el Cambio guarda silencio posPASO y evalúa el fracaso electoral que siguió a la radicalización del discurso, Pichetto decidió volver a hablar. Esta vez, en una entrevista con radio La Red -luego de llamar despectivamente «piqueteros» a quienes reclaman la emergencia alimentaria, asegurar que «no laburan» y que intentan “debilitar más al Gobierno»- arremetió contra una inmigrante.

“Ahora va a volver una peruana que fue condenada a cuatro años por narcotráfico, por una cuestión de integración familiar. Esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Estamos enfermos en la Argentina. No sé qué organismo internacional impuso que volviera esta mujer”, se despachó el candidato a la vicepresidencia por Juntos por el Cambio.

El pasado lunes -tras siete meses y una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil, parte de la sociedad y apoyo internacional- el director nacional de Migraciones anunció la decisión del Estado argentino de levantar la prohibición de reingreso que impedía que Vanessa regresara al país y pudiera reunirse con sus hijos de 6 y 14 años. Lo hizo en el marco del 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares realizado en Ginebra.

Pichetto se refiere a Vanessa, una joven enfermera, madre de tres hijos pequeños, que a principios de febrero ya llevaba quince años viviendo en la Argentina cuando la policía fue a buscarla a su casa. Tres días después, luego de dejarla detenida junto a su hijo de 2 años sin explicaciones, la Dirección Nacional de Migraciones la deportó a su país natal.

Vanessa cumplió una condena en el año 2014. Luego de ese paso por la prisión muy breve, se dedicó a estudiar. Se recibió de técnica superior en Enfermería, tomó varios cursos y empezó a trabajar. También es madre de tres hijos, los tres son argentinos y tienen 2, 5 y 14 años”, relataba Juan Villanueva, abogado de la joven, en diálogo con Canal Abierto, a pocos días de la expulsión.

El pasado lunes -tras siete meses y una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil, parte de la sociedad y apoyo internacional- el director nacional de Migraciones anunció la decisión del Estado argentino de levantar la prohibición de reingreso que impedía que Vanessa regresara al país y pudiera reunirse con sus hijos de 6 y 14 años. Lo hizo en el marco del 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares realizado en Ginebra.

La xenofobia está de moda

En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina. La adopción del DNU 70/2017 modificó aspectos esenciales de la Ley de Migraciones que derivaron en el retroceso de los derechos de las personas migrantes. Entre sus graves consecuencias están la separación de niñas y niños de sus familias y las expulsiones que violan el debido proceso y el derecho a la defensa. En definitiva, se expulsa a personas migrantes que están hace muchos años en Argentina, que cumplieron sus penas y que han formado su familia en el país”, expresa un comunicado conjunto de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En su cuenta de Twitter, Caref también aclaró que fue el Estado argentino “el que reconoció su error y dio marcha atrás a las políticas que restringen derechos constitucionales. Esta decisión responde a las obligaciones internacionales de la Argentina”.

Por otro lado, Vanessa no es la única que vive esta situación. Hay muchos otros casos de familias separadas o con una disposición pendiente de ejecución que podría generar su separación. Hacerlo, viola los compromisos internacionales asumidos por la Argentina de proteger la unidad familiar y el interés superior del niño.

Más información: El calvario de Vanessa

 

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