Por Pablo Bassi | El proyecto de ley para declarar la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022 obtuvo hoy media sanción en la Cámara de Diputados, sin votos negativos y la única abstención de una diputada del Frente de Izquierda.

A pesar de que el Gobierno no quiso decretarla durante los últimos dos años y era una incógnita hasta ayer a la noche cómo procedería hoy el interbloque de Cambiemos, la dura derrota electoral de Mauricio Macri y el poder de movilización de las organizaciones sociales lo hicieron posible.

En varias ciudades del país hubo concentraciones de los movimientos populares, que nuevamente ganaron la calle, incluso, a pesar de las declaraciones de Alberto Fernández que buscaron descomprimir la visibilidad de los conflictos sociales.

Salvo algunas modificaciones menores, la media sanción respeta el espíritu del proyecto presentado por los bloques identificados con el Frente de Todos. El texto dispone “un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias de créditos vigentes al momento de la promulgación de la presente ley, correspondientes al Programa N° 26 (Políticas Alimentarias) y el Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, como así también del Programa Pro Bienestar del PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

Asimismo faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a actualizar trimestralmente los montos desde el 1° de enero 2020, tomando como referencia el IPC y la Canasta Básica Alimentaria establecida por el INDEC.

Ya son tres las iniciativas que los movimientos sociales lograron vehiculizar hacia un tratamiento legislativo. El primero, en diciembre de 2016, la Emergencia Social. El segundo, en julio de 2018, la Integración de Barrios Populares.

 

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