Redacción Canal Abierto | A fines de junio, representantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, AJUS (Abogados por la Justicia Social) e Iniciativa Justicia viajaron a Lima para reunirse con el Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán. Allí presentaron una denuncia sobre injerencia y manipulación del Poder Ejecutivo macrista en el sistema de administración de justicia argentino. Lo que algunos dirigentes oficialistas y medios de comunicación presentaron como un reclamo de tipo simbólico, en las últimas horas se activó de manera efervescente y representó una complicación real para el gobierno saliente y sus funcionarios, con un fuerte pedido de informes que el titular de la relatoría de la ONU hizo a Mauricio Macri.

Canal Abierto se comunicó con José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, uno de los que se reunió con García Sayan en Perú, y explicó cómo se llegó a esa audiencia: “Hacía años veníamos enviando denuncias sobre el copamiento del poder judicial por parte del gobierno y no teníamos respuestas. Por eso decidimos viajar y el Relator, amablemente nos recibió”.

“Le explicamos que mas allá de la inmensa cantidad de casos puntuales, lo que nosotros denunciábamos era un plan de copamiento del poder judicial. Eso es lo que más impactó al Relator: demostramos que el gobierno había penetrado en la Corte Suprema con dos personas que aceptaron entrar por decreto, claramente ilegal y subordinados al Poder Ejecutivo, que intentaron y lograron penetrar en el Consejo de la Magistratura, que transformaron Comodoro PY  en una escribanía del gobierno, así que lo fundamental es  la idea de plan sistemático de copamiento del poder judicial”, amplía Schulman desde Panamá, en una escala del regreso del Encuentro Antimperialista que se realizó en Cuba.

Entre los casos planteados está el de Juan Mahiques, que era juez nacional y lo trasladaron directo a la Casación Penal, máximo tribunal penal del país; el pedido público de juicio político al Alejo Ramos Padilla por parte del Presidente de la Nación; la persecución a jueces del fuero laboral calificados por el propio Macri como una ‘mafia’ y el apriete a los fiscales de la causa Correo. El Relator García Sayan dio 60 días al gobierno para responder el pedido de informe sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.

“El relator nos explico que no podía venir a argentina porque no va a países a los que no lo invita el gobierno, nos dijo que por razones protocolares y de método prefería esperar a que se hagan las elecciones. Luego nos dijo que si nuestras denuncias eran convincentes iba a hacer exactamente lo que hizo, enviar al Poder Ejecutivo una intimación para que en 60 días explique. Y que con o sin explicación -pasados los 60 días- el relator podía  dar un dictamen de condena al Estado argentino por la pérdida de autonomía del poder judicial, que es lo que creo que va a suceder”, cuenta el representante de la Liga por los Derechos Humanos.

“Nosotros hemos acumulado la prueba, el relator ha cumplido los acuerdos, y esta es una de las llaves para demostrar toda la política macrista que se basó en la mentira, el odio, las operaciones de inteligencia y la falsificación de causas judiciales, que es lo que estamos denunciando», detalla Schulman, y agrega: «para lo cual, primero debía penetrar en el Poder Judicial”.

En relación a las medidas a tomar para transparentar el sistema, el militante de los derechos humanos sentenció: “El poder judicial argentino, igual que en la dictadura, consintió un modelo de arrasamiento de derechos, pero es la hora de terminar con esas causas injustas y de democratizar,  desde la corte suprema hasta el último juzgado de la última provincia. Sin una justicia mínimamente creíble, no puede haber sociedad que funcione puesto que es harto sabido que estos jueces venden sentencias, se venden, se compran, se alquilan, y están siempre dispuestos a servir al gobierno de turno”.

Foto: Maximiliano Rusconi (Iniciativa Justicia); Emanuel Desojo (AJUS); Diego García Sayán (ONU); José Schulman (LADH). Lima, 27/06/2019 | Tw: Schulman  

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