Por Revista Cítrica* | Ya van 80 días sin clases en Chubut (1). Si bien hace tiempo que la crisis del Estado es enorme, lo que sorprende es la continuidad del conflicto social. Como en 2018, el Gobierno de Mariano Arcioni (de “Chubut Somos Todos”, Chusoto) no cumplió con el pago de salarios y los estatales trasladaron el conflicto a las calles. Este año fue aún más grave.

Con una inflación por encima de la media nacional, el gobernador no pagó el 40 por ciento de aumento que había firmado antes de ser reelecto, implementó un calendario escalonado de pagos y no concretó la prometida refacción de las escuelas. Estudiantes secundarios, cansados de promesas incumplidas, se sumaron a las medidas de fuerza de los gremios estatales y ocuparon los colegios.

La provincia, que depende de industrias extractivas como la petrolera, hasta octubre acumulaba una deuda de más de 760 millones de dólares con compromisos de pago hasta 2026. En un escenario crítico de inestabilidad financiera y política, el lobby minero volvió a aparecer, esta vez con la promesa de aportar divisas para estabilizar las cuentas y dar trabajo a la población.

La minería metalífera a cielo abierto está prohibida por ley desde 2003 y se sostiene desde entonces gracias a la lucha constante de las asambleas ambientales. El año pasado hubo una actividad intensa del lobby para empujar la modificación de esa ley pero, de forma más o menos directa, el conflicto de los estatales colaboró para que eso no suceda.

Este año el estallido social operó de forma similar, aunque con una novedad muy importante. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial y el silencio de la mayoría de los legisladores, el movimiento ambiental y el sindical comenzaron a articularse para analizar la coyuntura. En medio del conflicto, las bases de los gremios estatales y los docentes autoconvocados dejaron atrás las consignas que hablaban de “crisis de diseño para instalar la megaminería” y empezaron a debatir, junto a estudiantes y ambientalistas, la mismísima matriz productiva de la provincia. ¿Un salto cualitativo en la resistencia?

Los reclamos provinciales se acoplaron después de la agresión patotera a docentes

En las calles

Madrugada del 4 de septiembre. Los teléfonos de los chubutenses comenzaron a llenarse con imágenes y videos de gritos y violencia. Docentes de Comodoro Rivadavia, que mantenían un corte en la ruta 3 hacía varios días, estaban siendo agredidos por una patota que se había identificado como petrolera. Algunas maestras fueron hasta la comisaría para pedir ayuda, pero no obtuvieron respuesta. Según reveló luego un policía en redes sociales, la zona había sido liberada.

La violencia, que venía escalando hacía semanas, sacudió a la provincia en un día especial para los movimientos sociales. Es que el 4 de cada mes asambleístas marchan en defensa del agua y del territorio, y en contra de la megaminería. Aquel miércoles 4 por la tarde, los reclamos de estatales, estudiantes y ambientalistas se acoplaron.

Tras el ataque violento, la Ctera nacionalizó el conflicto. En Comodoro Rivadavia 30.000 vecinos, vecinas, asambleístas, estudiantes, autoconvocados, trabajadores estatales de distintos gremios y también camioneros salieron juntos a la calle. En Puerto Madryn, estudiantes y docentes autoconvocados marcharon juntos, para luego sumarse a una movilización más grande convocada por sindicatos.

Las movilizaciones se repitieron en otras ciudades de la costa y el valle, en la meseta y en la cordillera. En toda la provincia se pudieron leer carteles con consignas ambientales, reclamos salariales y el pedido al Gobierno para que deje de ahogar a los trabajadores. 

Estudiantes, asambleístas, docentes y sindicalistas comenzaron a discutir la matriz productiva de la provincia

En asamblea

Si bien la articulación entre el movimiento sindical y el ambiental se cristalizó de forma pública primero en las calles, esta relación ya estaba presente en la comunidad educativa. A medida que fueron pasando las semanas, la falta de respuesta del Gobierno hizo que muchos transformaran el malestar general en un estímulo para construir de forma colectiva una explicación a lo que sucedía. La teoría que se instaló en 2018, de una crisis autogenerada para dejar entrar a la megaminería, avanzó hacia un análisis conjunto de los aspectos económicos, sociales y ambientales.

“Como las asambleas son abiertas, tenemos docentes de distintas orientaciones, formaciones, partidos políticos y no hubo forma de que este tema no sea discutido”, explicó la docente autoconvocada Liliana Arroyo en diálogo con Radio Escuela Namunkurá. Para ella, los reclamos están directamente vinculados: “Lo básico para mi sector es seguir formando en la conciencia ambiental, que es conciencia social y económica. No se puede hablar de ecología sin hablar de economía y crisis social”.

Flavia Núñez, de la Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn, habla con Cítrica y también señala diferencias con respecto al año pasado: “Como docente, participaba de todas las asambleas, pero desde este año tomé el compromiso de participar, más que como docente, como asambleísta ambiental, porque vimos la apertura, la posibilidad”. Dice que ahora el foco está puesto en la agenda de reclamos: “La mayoría de los colectivos en lucha coinciden en que la crisis, más que estar promovida para la explotación minera, está siendo aprovechada para esto. La intención de instalar la megaminería estuvo siempre, por lo menos desde el año 2002 en adelante. Lo que sí vemos ahora es que se reforzó o se potenció el aprovechar la crisis para instalar de nuevo el tema”.

La minería a cielo abierto está prohibida por ley desde 2003, pero el lobby empresario reapareció con la crisis

En la cordillera también se dio una profundización del debate al interior del gremio. La profesora de inglés y afiliada del sindicato Atech en Esquel, Fernanda Rojas, aporta su mirada: «La megaminería siempre estuvo presente entre los docentes, pero este año más. Desde el mismo Gobierno se agita el tema. Para nosotros no es casual que quieran entrar ahora. La presentan como solución a la crisis, cuando en realidad sabemos que no es así». Rojas señala que se puede ver el peso de ese debate en los carteles y las consignas con las que salen a las calles. Dice también que el extractivismo está hoy en la agenda de los sindicatos gracias a la presión ejercida desde abajo.

La insistencia de las bases ha hecho que los representantes sindicales también se pronuncien públicamente sobre el tema ambiental y la matriz productiva. En diálogo con medio locales, la delegada de Atech Magalí Stoyanoff (Comodoro Rivadavia), expresó: “La megaminería no es la solución. Esto es una opinión de Atech, es una opinión que se pone en discusión en cada una de las asambleas. No nos interesa que la plata salga de cualquier lado, no nos interesa más endeudamiento, no nos interesa abrirle las puertas a la minería o a más empresas que saquean y contaminan, y no dan respuesta ni en la cantidad laboral ni en la cantidad de dinero que dejan en la provincia”.

Así también se han manifestado el secretario general de Atech, Santiago Goodman; el titular de la CTA Chubut, Tomás Montenegro; y el delegado de ATE Chubut, Guillermo Quiroga. Otras instituciones, como la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Chubut y el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (ATE), están trabajando en informes sobre la deuda y la matriz productiva, un aporte técnico a las discusiones de las bases.

La unidad de las luchas

La provincia de Chubut tiene una rica tradición movimientista. Entre los antecedentes históricos se pueden mencionar las acciones vinculadas con los derechos humanos, como la Asamblea del Pueblo y el Trelewazo, en 1972. Esa “pueblada” -una serie de protestas y huelgas masivas para pedir la libertad de 16 miembros de la comisión de solidaridad con los presos políticos del penal de Rawson- es hoy relatada con orgullo por muchos habitantes de las ciudades de la costa, no sólo porque consiguió que la dictadura de Lanusse liberara a la mayoría, sino por la composición ideológicamente variada de la asamblea.

En cuanto a la lucha sindical, se puede señalar al Chubutazo de 1990, que terminó con la concesión de un aumento de sueldo para estatales y la renuncia del gobernador Néstor Perl (PJ). Respecto de la cuestión ambiental, si bien las primeras acciones han sido a mediados de los años 80 -con la articulación de referentes como Javier Rodríguez Pardo-, se pueden señalar dos hitos: la gesta de Gastre de 1996 y el plebiscito de No a la Mina en Esquel, en 2003.

¿Cómo explicar la articulación de las demandas entre los distintos movimientos? Gonzalo Pérez Álvarez es doctor en Historia y profesor en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Uno de los aspectos clave que señala es la constante difusión que las asambleas ambientales han hecho de sus principios ideológicos, en los que los proyectos mineros están vinculados no con «desarrollo», sino con “saqueo de los bienes comunes y destrucción de la naturaleza, que ni siquiera generan puestos de trabajo estable”.

Para Pérez Álvarez esta idea -que “ha ido ganando mucho peso y ha logrado interpelar a sectores cada más amplios de la sociedad, incluido grupos como los sindicatos”- se relaciona, entre otras cosas, con elementos que construyeron una identidad, “un sentir patagónico que tiene que ver con la vinculación con la naturaleza”. Explica: “Hay una relación simbiótica de decir ‘no podemos contaminar este río, porque es este río y no hay nada más’. El agua que tomamos sale de ahí, el agua para regar sale de ahí. Y por unos años de crecimiento económico no podemos hipotecar toda la región”. En Chubut, el agua es un bien común escaso, especialmente en la costa y en la meseta, donde está emplazado el proyecto de explotación metalífera a cielo abierto de la multinacional Pan American Silver.

«La megaminería siempre estuvo presente entre los docentes, pero este año más»

Otra coincidencia que puede haber facilitado la articulación entre los movimientos de diferentes matrices es la horizontalidad con que se están dando los debates. Así como sucedió con la Asamblea del Pueblo en 1972, las asambleas ambientales han encontrado una fortaleza en la diversidad de orígenes, profesiones e ideologías de quienes las componen. Según la docente Liliana Arroyo, esa diversidad es un fenómeno que también se está dando entre los autoconvocados y es lo que permitió que el debate sobre lo ambiental penetre las discusiones sobre la crisis económica.

Más allá de la forma de organización, la conexión más clara entre los movimientos es el hecho de que algunas personas participan activamente tanto en espacios ambientales como gremiales. “Muchos docentes somos miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del No a la Mina”, confirma Fernanda Rojas desde Esquel. En Madryn, Flavia Núñez es otro ejemplo de ello.

También es posible pensar que el Encuentro Nacional de Mujeres realizado el año pasado en Trelew haya contribuido al cruce de las demandas. Primero, porque entre las consignas de ese año estuvieron muy presentes la defensa del territorio y del cuerpo como territorio. Segundo, porque volvió a reunir en asamblea a trabajadoras estatales que semanas antes habían estado movilizadas por la crisis. Fue una continuidad en el ejercicio de circulación de la palabra.

«Hay un sentir patagónico que tiene que ver con la vinculación con la naturaleza»

Estudiantes, el emergente

“No sólo el colectivo docente tomó el conflicto medioambiental como un conflicto más adentro de la crisis socioeconómica de Chubut, sino también el colectivo estudiantil, que tiene más fuerza y más proyección a futuro”, comenta Flavia Núñez.

Como señala la docente, los estudiantes también han sido protagonistas de estos 80 días de lucha. Además de participar en las marchas y acompañar los reclamos gremiales, han llevado adelante sus propias demandas y estrategias de protesta. En el momento más caliente del conflicto llegaron a ocupar 11 escuelas en simultáneo, una medida sin precedentes en la historia chubutense.

Cítrica recorrió los siete colegios que estuvieron ocupados en Puerto Madryn, algunos organizados en asambleas autoconvocadas y otros a través de centros de estudiantes. Los estudiantes mostraron los problemas edilicios: fallas eléctricas y en calderas, falta de gas, baños rotos, techos con goteras, aulas inadecuadas y bancos insuficientes, según el caso. Algunos de los problemas tienen más de un año.

En los días que duraron las ocupaciones, transformaron las escuelas en espacios culturales: organizaron ollas populares, cafés literarios, festivales de música y también talleres de debate, como el que organizó la escuela 741, que convocó a la asamblea ambiental de Madryn.

“Estamos analizando lo que pasa en la provincia y la alternativa que ofrece el Gobierno de Chubut es la megaminería: no nos parece, por el tema del agua, los escasos puestos de trabajo que genera… no es una solución”, expresó Tobías, uno de los estudiantes, al aire de Radio Escuela Namunkurá.

El Encuentro Nacional de Mujeres de Trelew de 2018 reforzó la articulación entre las demandas

La calle dice “No es no”

El conflicto actual no es la réplica del año anterior, sino la continuidad de una crisis no resuelta. Una crisis, por acumulación, más profunda. Hasta aquí pasaron:

  • 80 días sin clases;
  • 4 ministros de Educación;
  • 4 ministros de Economía;
  • 2 ministros coordinadores de Gabinete;
  • Incontables marchas, cortes de ruta y ocupaciones en edificios públicos, incluso por jubilados.

Como si fuera poco, el saldo del conflicto incluye también la muerte de dos profesoras en un accidente de ruta, volviendo de una asamblea, la detención arbitraria del titular del gremio docente Atech y presiones desde el Gobiernos hacia los estudiantes para que abandonen las ocupaciones de las escuelas. Todo eso en un ambiente caldeado por varias causas de corrupción, una de ellas que involucra a la ex ministra de Educación y actual legisladora electa, Graciela Cigudosa.

En un escenario aún sin soluciones por parte del Estado provincial y sin intervención del Gobierno nacional, el debate al interior de los movimientos sociales se ha enriquecido. Incluso sumó nuevos actores, como los estudiantes.

La crisis económica, a pesar de desmoralizar a los trabajadores, contribuyó a que la lucha contra la megaminería penetre las demandas de las bases gremiales. Es que la ausencia de respuestas empujó a pensar mejores preguntas o, al menos, más complejas y articuladas con las asambleas ambientales, que resisten desde hace 20 años: ¿El dinero de la minería efectivamente podría resolver los problemas financieros de la provincia? ¿Cómo podría impactar en la matriz productiva el cambio de signo político a nivel nacional? “Gane quien gane, que pierda la megaminería” fue la consigna de las asambleas antes de las elecciones.

El debate al interior de los movimientos sociales se ha enriquecido con nuevos actores

Los grandes medios provinciales parecen replicar lo que dice en off la clase política, tanto del oficialismo como de la oposición. Señalan que están las condiciones dadas para que se permita la minería que la ley prohíbe, como si pudiera instalarse una industria extractiva sólo con el uso mediático de la palabra. O con convenciones mineras, reuniones en hoteles de lujo y debates de quincho.

En la calle pasa otra cosa: la palabra circula, la información se comparte y, aunque más lento, el conocimiento se construye. La incógnita es saber qué pasará con el compromiso de las cúpulas sindicales una vez finalizado el conflicto.

Lo que sí está claro es que la articulación entre ambientalistas, estatales y estudiantes que se vio este año ayudó a fortalecer el consenso por el “No” a la mina. Aún sin el conflicto gremial resuelto, el “No es no” ya tiene raíces más profundas.

 

(1) La nota fue publicada originalmente el 13/11/2019. Seis días después, el 19/11, los docentes nucleados en el gremio Atech (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) levantaron el paro tras 17 semanas de conflicto, aunque se mantienen en estado de «alerta y movilización».

 (*) Investigación y texto: Julieta Lucero y Fabricio Cardelli

Foto: Alex Dukal

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