Redacción Canal Abierto | En el marco del Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre, organizaciones sociales, de derechos humanos y de migrantes se reunieron para elaborar un documento que contiene las cuestiones migratorias más urgentes que debería tener en cuenta el nuevo gobierno.
Si bien hay problemáticas que requieren la atención más urgente de esta nueva gestión, los cuatro años macristas instalaron un enfoque securitario y criminalizador que atrasó décadas en política migratoria y, según la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, debe ser revertida.
El gobierno de Cambiemos duplicó el número de expulsiones de personas migrantes y desató una oleada persecutoria hacia esa población. En paralelo, la entrada en vigencia del sistema Radex de radicación online potenció la informalidad y redundó en más expulsados. Hasta octubre, esta política expulsó a 2535 migrantes del país, de acuerdo al informe de CAREF y el Centro de Justicia y DDHH de la UNLA, doblando la cifra del último período de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta.
La propuesta elaborada por las organizaciones reúne cuatro ejes que resumen las dificultades más serias a las que se enfrentan cotidianamente las personas migrantes en Argentina, y las cuestiones de fondo que atraviesan todos los temas relativos para un tratamiento integral de las migraciones, adecuado, democrático, eficaz y con enfoque de derechos.
- DNU 70/2017 y expulsiones
El DNU 70/2017, vigente desde el 30 de enero de 2017, habilita expulsiones que violan el proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la Justicia. Además, su aplicación resulta en la separación de familias. Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU, instaron a la Argentina a derogar este decreto.
- Regularización y derecho a migrar
Las medidas implementadas, como el sistema informático de Radicación a Distancia de Extranjeros (RADEX), sumadas al aumento del 1000% de tasas migratorias, dificultaron la regularización de los migrantes. Por otro lado, no se generaron las condiciones para la regularización de las personas provenientes de estados no parte del Mercosur.
- Derechos sociales y políticos
La Constitución Nacional y la Ley Nacional de Migraciones establecen la igualdad de derechos entre nacionales y migrantes y, en especial, en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, frente a una supuesta sobrecarga de los sistema públicos de salud y educación se restringió el acceso a ellos a personas migrantes.
- Violencia institucional y racismo
En los últimos cuatro años se instalaron y profundizaron políticas discriminatorias, estigmatizantes y excluyentes. Esto tuvo como efecto inmediato un aumento de la violencia institucional contra la población migrante. Se ha actuado sobre colectivos específicos, como los vendedores ambulantes racializados y las personas trans y travestis migrantes. Desde una perspectiva transversal, el documento propone que el gobierno argentino, por primera vez en su historia, elabore y ponga en marcha una Política de Estado contra el Racismo y la Xenofobia y una Política Migratoria Social Integral y Participativa.
Foto: La Retaguardia