Redacción Canal Abierto | El viernes el presidente Alberto Fernández recibió a las centrales sindicales, empresarias y organizaciones sociales para la firma de un pacto social multisectorial que lleva por título Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad, presentado como la antesala del Consejo Económico y Social que busca inaugurar en las próximas semanas. En el acuerdo los sectores participantes asumieron «el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia». Uno de los objetivos del encuentro, además, fue blindar la estrategia del gobierno de cara a la renegociación con el FMI y los acreedores.

El Ejecutivo estuvo encabezado por el Jefe de Estado, acompañado por su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, del Interior, Wado de Pedro, de Agricultura, Luis Basterra, de Trabajo, Claudio Moroni, y de Producción, Matías Kulfas.

Entre los dirigentes y sectores representados se destacan el titular de la UIA, Miguel Acevedo, las distintas corrientes de la CGT, la CTA Autónoma, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la CTEP, el MTE, el Frente Popular Darío Santillán, entre muchos otros. No estuvo la Mesa de Enlace.

El secretario General de la CTA-A, Ricardo Peidro, presente en el encuentro acompañado por los adjuntos de la central Hugo Cachorro Godoy y Claudia Baigorria, explica a Canal Abierto la importancia de avanzar en la puesta en marcha del acuerdo, y las dificultades que inevitablemente implicará su aplicación.

¿Cuál es la valoración que hacen del encuentro y al pacto propuesto?

-Es positivo que se estén planteando prioridades que para nosotros también lo son, históricamente, como el hambre, la pobreza, la indigencia, el trabajo, la situación de los más vulnerables. Son planteos generales que van a depender del esfuerzo de cada sector, pero no es el mismo esfuerzo que deben hacer los sectores que más ganaron durante los últimos cuatro años, que tendrán que hacer un esfuerzo mayor, no se le puede pedir lo mismo a Bulgheroni que a un compañero que gana 50 mil pesos. Hay que sentarse a discutir cuál es el esfuerzo que tiene que hacer cada espacio, hay sectores muy postergados a los que no se les puede pedir más.

Pero en líneas generales para nosotros fue positivo que se abran estos canales de participación y si se le da continuidad podremos llevar nuestras propuestas a los ministerios y las distintas áreas del gobierno.

¿Cuáles son los planteos que se hacen sobre el pago de la deuda externa?

-El gobierno insistió en su postura de no pagar la deuda con más ajuste y nosotros, cuando tomamos la palabra, coincidimos y fuimos claros diciendo que no se puede pagar con el hambre de nuestro pueblo.

A pesar del clima de acuerdo general, el éxito del pacto va a depender de hasta dónde se puedan redistribuir las ganancias de los sectores más poderosos.  

-El optimismo esta marcado en que se cerró una etapa y se abrió otra, con prioridades absolutamente distintas, le dimos punto final a esos cuatro años que significaron retrocesos para la clase trabajadora. Indudablemente que firmando un acuerdo no se resuelve el choque de intereses. Especialmente porque necesariamente implica tocar los privilegios de los sectores económicos más concentrados, definir cuál va a ser el cambio de patrón productivo, la primarización de la economía, el extractivismo, para todas esas cosas, como sucedió en Mendoza con la movilización del pueblo, no somos inocentes y sabemos que en el andar se va a dar un choque de intereses.

¿La ausencia de la Mesa de Enlace en la reunión dice algo al respecto?

-Sabemos cómo reaccionan ante la posibilidad de tener que ceder algún tipo de privilegio, no conocemos los detalles de las reuniones con el gobierno, pero sí sabemos que es un sector muy concentrado cuya historia demuestra que no están dispuestos a entregar sus privilegios.

¿Se convocó alguna instancia de seguimiento del acuerdo?

-Se propuso abrir ámbitos de participación, además de las reuniones sectoriales con cada ministerio se va a seguir convocando al Consejo Económico y Social, esto no puede ser solamente un acuerdo de precios y salarios, aunque sea necesario, pero tiene que haber acuerdos estratégicos y estructurales para reactivar el complejo productivo, para ver cómo convertimos el trabajo de plataformas en trabajo con derechos, estrategias para ir delineando un futuro.

Por supuesto que no es el documento de la CTA-A, nosotros hubiéramos incluido otros temas además, pero es positivo en cuanto a la intención. Se habla de las nuevas tecnologías, el trabajo 4.0, eso lo planteamos nosotros: el futuro del trabajo con derechos. Si se sostienen los canales para llevar propuestas e intercambiar, será muy positivo.

Hay que ver que no se deteriore el salario de los jubilados por estas medidas, el Presidente dijo que eso no iba a suceder, pero va a depender del camino que se vaya construyendo.

Desde nuestra central no fuimos solamente resistencia, movilizaciones, paros y piquetes, sino que también tenemos las propuestas para todas estas cuestiones, que seguramente van a chocar contra esos intereses históricos, como sucede en el resto de la región, provocando hasta golpes de Estado.

 

EL DOCUMENTO: «COMPROMISO ARGENTINO POR EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD»

La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.

Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.

Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa.

Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.

Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.

Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.

En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.

Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales.

Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las diversas posiciones.

Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.

Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.

Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.

Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.

Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación.

Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.

Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.

Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen.

Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.

En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.

Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.

Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.

Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente. También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.

La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.

Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.

Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional.

Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos.

 

Foto principal: Hugo Cachorro Godoy, Ricardo Peidro, Alberto Fernández, Claudia Baigorria. Casa Rosada, 27/12/2019

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