Redacción Canal Abierto | A pocos días de que el proyecto conocido como “el impuesto a los ricos” fuera girado al presidente Alberto Fernández, un informe sostiene que, repensando el sistema tributario para que el peso recaiga sobre quienes más tienen, se podría aumentar la recaudación para garantizar, por tres meses, $5.000 pesos a cada habitante de la Argentina.

Se trata de un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), comandado por el director del Banco Nación Claudio Lozano, que desglosa distintas variables y da por tierra con varios supuestos que se han impuesto en el imaginario nacional.

Uno de esos supuestos es que la presión tributaria en la Argentina es alta. “El esquema tributario argentino registra una presión sobre el sistema económico que está en línea con los estándares internacionales, pero se sustenta en una estructura regresiva que produce una recaudación injusta y procíclica”, afirma el informe.

Y luego agrega: “La presión de la Argentina no es alta, está en línea con otros países de la región en materia tributaria e incluso por debajo de sus vecinos que tienen estructuras económicas similares como Brasil y Uruguay (…). Por otra parte, el paso del gobierno de Macri debilitó aún más la capacidad recaudatoria del Estado a través de modificaciones en las normas tributarias desfavorables para consumidores y trabajadores y beneficiosas para las capas de mayor poder adquisitivo”.

 

La evasión como práctica

El borrador del proyecto de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller que consiguió el aval del Gobierno para ser enviado al Congreso establece un impuesto a las personas que tienen fortunas mayores a los US$ 3 millones. De acuerdo a los datos de AFIP y al valor actual del dólar, se calcula que afectaría a unas 12.000 personas y que posibilitaría recaudar entre US$ 2300 y 3800 millones, que serían destinados a combatir la pandemia.

Según el estudio de Lozano, titulado Hacia el impuesto a los ricos, a 2019, sobre la base de la información provista por la revista Forbes, se sabe que en la Argentina existen 50 personas que acumulan una fortuna equivalente a los US$ 57.920 millones (lo que supera, incluso, el monto acumulado de reservas en el Banco Central). Y, de estos, once superan los US$ 1.000 millones. Otras fuentes internacionales especializadas indican que en el país hay 1.040 individuos con riqueza neta súper alta, es decir que superan el patrimonio de US$ 30 millones, con un promedio de US$ 135 millones. El detalle más importante es que gran parte de ellos no declaran sus fortunas para evadir impuestos que ya existen, como Bienes Personales.

“Recientemente, se conoció un informe de AFIP (que establece que) hay 32.484 personas que declaran fortunas superiores al millón de dólares. Ello representaría el 28,4% de la magnitud de millonarios detectados por la consultora Capgemini, lo que estaría indicando que cerca de 81.500 personas millonarias no declaran o subdeclaran sus fortunas ante AFIP”, calculan desde el IPyPP. Se trataría de 114.000 argentinos con patrimonios superiores al millón de dólares.

Por otra parte, los más de 32.000 que aparecen ante AFIP acumulan, en conjunto y al 2017, una fortuna de US$ 104.534 millones, lo que permite inferir que, si se considera un promedio similar para el conjunto de los millonarios evasores, la fortuna adicional del conjunto se triplicaría. Esto suma US$ 262.320 millones más. “Si consideramos, en cambio, el promedio patrimonial de la consultora privada, el adicional sería mayor al US$ 1,2 billones”, agrega el estudio.

En tanto, el 1% de los contribuyentes más ricos (14.000 personas), acumula US$ 83.486 millones, con un promedio de US$ 5,7 millones por cabeza.

 

La propuesta

“Gravar los estratos de mayor capacidad contributiva es una deuda pendiente en nuestro país. La delicada situación planteada por la pandemia transforma esa deuda en la imperiosa necesidad de lograr una contribución extraordinaria, y por única vez, de las principales fortunas de la Argentina, para fondear y financiar las políticas públicas que impone la emergencia”, asegura Lozano.

Y propone un tratamiento distinto del Impuesto a los Bienes Personales, y una alícuota sobre la facturación de las principales empresas y bancos de nuestro país, lo que permitiría obtener una masa de recursos de $674.000 millones “en concepto de patrimonio presunto, y como modo de penalizar las practicas de evasión patrimonial que los principales agentes del poder económico y las principales fortunas realizan sistemáticamente”.

“Esta contribución debiera permitir garantizar, por tres meses, un piso de ingresos de carácter universal, sin ninguna condicionalidad, y equivalente al valor de la canasta alimentaria. Se trata de asignar 5.000 pesos a cada persona que habita nuestro país, lo que implicaría unos $20.000 pesos por hogar tipo”, asegura el economista.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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