Vicentin: Los posibles cabos sueltos detrás de una decisión estratégica Lejos de un oficialismo exultante y un macrismo residual que agita el fantasma “Argenzuela”, hay quienes ponen el foco en las eventuales consecuencias a largo plazo. Aunque celebra la expropiación, el especialista en Derecho Internacional Javier Echaide advierte sobre futuros litigios en tribunales internacionales.

Redacción Canal Abierto | Todo comenzó con la investigación impulsada por Claudio Lozano por el préstamo de US$350 millones (un 78% de la deuda bancaria de la compañía) que la gestión anterior, a cargo de Javier González Fraga, otorgó a la agroexportadora Vicentin. A tan sólo pocos días del cambio de Gobierno, las nuevas autoridades del Banco Nación ya tenían elementos para desnudar una trama secreta de fraudes diversos contra las arcas públicas que involucra a privados y ex funcionarios, y que podría incluso salpicar al ex Presidente Mauricio Macri.

Ahora, y como era de esperar, son múltiples las voces que salieron a respaldar o cuestionar el anuncio de Alberto Fernández sobre una intervención, rescate y futuro envío de un proyecto para la expropiación de a sexta mayor exportadora de granos, aceites y harinas del país.

A grandes rasgos, en el oficialismo plantean la decisión política como una excepcional oportunidad para meter una cuña en el sector mas competitivo, generador de divisas y, a su vez, escurridizo a la hora de tributar en la Argentina. En la vereda de enfrente, fieles a una visión pro empresarial, desde el macrismo salieron a calificar la medida como “peligrosa, ilegal e inconstitucional”.

Si bien aún resta un largo camino por delante, la cerealera virtualmente quebrada pasará a formar parte de un fideicomiso gestionado por YPF Agro, unidad de negocios dentro de la petrolera que dará soporte legal, administrativo y contable a Gabriel Delgado, el interventor que eligió el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, todavía es necesario que la Justicia, que tiene la jurisdicción para decidir quién administrará la compañía durante el proceso de quiebra, lo ratifique.

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“Me parece interesante la decisión del Gobierno como mirada estratégica a mediano plazo”, asegura en diálogo con Canal Abierto el especialista en Derecho Internacional, Javier Echaide. “Pero, al mismo tiempo, me parece clave plantear otro aspecto, a largo plazo, que nunca fue resuelto y que nos puede costar caro en este y otros casos: la continuidad de Argentina en tratados de inversión que representan una pérdida de soberanía y una extorsión ante políticas estatales de envergadura”.

En esta entrevista, el integrante de ATTAC Argentina y una de las víctimas del espionaje ilegal durante el macrismo, explica por qué tras “levantar el muerto” que deja Vicentin, Argentina podría enfrentar litigios producto de una “falta de visión estratégica estatal a largo plazo”. Qué es y cómo funciona un Tratado Bilateral de Inversión, la clave para entender las posibles consecuencias del anuncio del Presidente.

¿Qué primera lectura o interpretación haces del anuncio?

– Primero hay que decir que las maniobras financieras y la quiebra de Vicentin se inscriben en un problema que atravesó fuerte el último gobierno de Cristina, y que se agudizó con el macrismo: en los últimos 10 años se fugaron 320 mil millones de dólares, el equivalente al total de la deuda pública argentina. Es un entramado vicioso y circular, en beneficio de privados y acreedores.

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En segundo lugar, hay que reconocer que la medida es un intento del Gobierno de hacerse de dólares genuinos en un contexto complicado, no sólo por la pandemia sino también por el altísimo endeudamiento que hoy tiene el país. En medio de un proceso de renegociación de deuda, ¿de dónde iba a sacar el dinero para pagar un futuro acuerdo? Vicentin es una de las cinco primeras empresas nacionales que exporta productos agropecuarios, una considerable fuente de divisas.

Entonces, ¿ves como positiva la intervención y expropiación?

– En primer lugar, cabe aclarar que se habla de una intervención pero, en los hechos, lo que se está haciendo es un rescate de una empresa en concurso preventivo de acreedores. Esto quiere decir que, antes de tomar cualquier otra decisión, primero tenes que levantar ese muerto que es el concurso. Es decir que alguien va a tener que pagarle a todos los que se hayan presentado en el concurso, y eso va a depender de la decisión de un juez.

De hecho, los dueños de Vicentin van a seguir siéndolo hasta que salga la ley de expropiación. Si bien esta “intervención” o rescate significa que ya no van a poder decidir sobre la empresa, o bien disponer de sus recursos, esta era una situación que ya se estaba dando a partir del concurso de acreedores. De hecho, la administración de la empresa ya estaba condicionada por la decisión del juez que lleva el proceso.

¿Tienen algún asidero las críticas que hoy llueven desde la oposición y algunos sectores del empresariado y parte del campo?

– No tengo dudas de que hay un aprovechamiento político de una oposición a la que siempre le es fácil y amable levantar la bandera de la inmaculada propiedad privada. Sin embargo, es cierto que esto va a terminar costando carísimo. Si no lo reconocemos, no estamos viendo el panorama completo.

¿Por qué?

– Por un lado, ahora YPF Agro podría llegar a concentrar el 40% del mercado de granos. Teniendo en cuenta una posible suba fuerte de los precios de los granos en la post pandemia, el Gobierno estaría teniendo una mirada estratégica a mediano plazo.

A largo plazo, son otras las cuestiones a considerar. Alrededor de un 67% del capital accionario de Vicentin pertenece a una trasnacional con sede en Suiza, como es Glencore. Argentina y Suiza tienen un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que se firmó en 1991 y ratificó en 1992, el cual protege las inversiones suizas en nuestro país. La cuestión es que hay clausulas del TBI que le dan derechos a estos capitales para accionar legalmente, además de la indemnización, contra Argentina. No hay dudas de que Glencore va a intentar activar este mecanismo.

A partir de la crisis de 2001, el Estado argentino fue el más demandado del mundo en el CIADI. De hecho, sigue siéndolo. Desde entonces, nunca se tocó ese sistema. Argentina nunca se salió es ninguno de estos tratados que terminan atando o condicionando políticas públicas como la que está impulsando Alberto Fernández.

¿Al igual que sucedió con YPF?

– Con YPF no se hizo un fideicomiso porque no estaba en un concurso de acreedores. Otra diferencia es que YPF no tenía una deuda monumental con la banca pública, como sí tiene Vicentin con -por ejemplo- el Banco Nación.

Por fuera de la indemnización que se pagó en su momento, los juicios que están en curso por YPF tienen jurisdicción en Estados Unidos. En este caso, el TBI con Suiza establece el CIADI como jurisdicción (también figuran otras pero, en cualquier caso, son todos a elección del demandante). En cualquier caso, son litigios en los que Argentina tiene todas las de perder porque no se resuelven en una jurisdicción nacional.

En muchos casos, esa falta de visión a largo plazo terminó en dobles o triples indemnizaciones: YPF, por ejemplo, nos costó 6.770 millones de dólares que ya se pagaron en efectivo. Y todavía hay juicios.

Salvando las diferencias, los casos de YPF y Vicentin podrían tener en común que, a raíz de distintos tratados firmados y convalidados por distintos gobiernos, le terminemos dando margen de respuesta a los privados expropiados.

¿Quién es responsable? ¿Existe algún tipo de solución?

– El problema es que nunca se resolvió el entramado legal armado en los 90´ para favorecer a las transnacionales. Eso jamás se tocó, siempre con la excusa de una supuesta dependencia de las inversiones de capitales extranjeros.

En este sentido, hay un discurso falso que se ha instalado en las últimas décadas que plantea la inversión de multinacionales como única salvación. Lo primero que hay que decir es que esto no redundó en cantidades monumentales de inversiones; y lo segundo, que cuando llegaron para invertir en nuestro país, no han servido para impulsar un desarrollo sustentable.

¿Estamos a tiempo de rechazar o desconocer ese TBI?

– Salirse de cualquier de los TBI no es una decisión que se efectivice de forma inmediata. Estos tratados -insisto, firmados y revalidados por todos los gobiernos- tienen artículos o cláusulas que atan al país por una determinada cantidad de tiempo. En el caso del TBI firmado con Suiza -y que Glencore podría utilizar para demandar al Estado argentino- es de 10 años.

Por lo tanto, aún cuando denuncies el tratado y retires la firma, quedas atado por una década. Por esto planteo la falta de visión a largo plazo: hubo demandas durante el kirchnerismo, otras cuatro con el macrismo y van a seguir cayendo. Esto no forma parte de un gobierno, sino de la estrategia estatal a largo plazo.

Hace 10 años gobernaba la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner y hace 15 Néstor Kirchner. Si en cualquiera de los mandatos se hubiera rechazado este TIB con Suiza, hoy no estaríamos avizorando estos futuros juicios multimillonarios.

Hay que advertir que estos tratados son una trampa en la que entraron muchísimos países, pero en particular Argentina con cerca de 60 tratados de este tipo.

En cualquier caso, quiero que quede claro que estoy de acuerdo y acompaño la decisión del Gobierno sobre Vicentin, pero me parece importante advertir que hay cabos sueltos. 

Cabe suponer que ninguna de las gestiones que mencionas quiso cargar con el costo político y mediático de salirse de estos acuerdos… 

– ¿Y expropiar Vicentin no tiene ese costo? Toda intervención estatal de envergadura tiene repercusiones políticas y económicas.

Aún no conocemos cómo va a repercutir la decisión que acaba de tomar el Gobierno, pero lo que sí sé es que no está probado que salirse de estos tratados signifique ahuyentar inversiones. Sin embargo, hasta ahora ningún Presidente tuvo la visión a largo plazo o la voluntad política para hacerlo. En estas condiciones, la historia se repite, y si no se empieza a mirar de acá a una década, se seguirá repitiendo.

 

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