Redacción Canal Abierto | El Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Frente Salvador Herrera, por la cual el gobierno porteño deberá garantizar el acceso a internet a toda la población escolar.

La medida, firmada por el juez Roberto Gallardo, establece que el gobierno de la Ciudad deberá garantizar la conectividad en villas, barrios populares y en emergencia, así como garantizar un dispositivo que permita el acceso a internet, ya sea una computadora o una tablet.

El fallo alcanza a toda persona que esté estudiando en escuelas públicas o de gestión privada con arancel cero, sea cual fuere el nivel o la edad, con lo que estudiantes adultos y de bachilleratos populares también son beneficiarios de la medida. Asimismo, alcanza a quienes perciban algún programa social, sea este otorgado por la Ciudad o por el Gobierno nacional.

En diálogo con Canal Abierto, María Eva Koutsovitis, integrante de IPYPP y de la Cátedra Libre de Ingeniería Social, calificó como histórico este fallo, que “reconoce el derecho a la conectividad como un derecho esencial”. Y agregó: “la brecha de conectividad es una de las tantas desigualdades que lo que hacen, entre otras cosas, es limitar el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la información, el derecho a la salud y el ejercicio pleno de nuestra democracia participativa”.

Koutsovitis marcó la relación de la medida con el plan Sarmiento, iniciado en 2010 por el Gobierno de la Ciudad. Este programa alcanzaba a la educación primaria y consistía en que cada niño o niña que se encontraba escolarizado en el nivel primario accediera a una computadora con conexión. El plan se suspendió en el 2017 y el gobierno cambió su estrategia para garantizar el derecho a la conectividad, equipando las escuelas con dispositivos electrónicos como computadoras y tablets y de acceso a internet.

“Llegó la pandemia, y en aquellos hogares en los que no hay acceso a la conectividad que es lo que sucede en la totalidad de los barrios populares en los que además las familias no cuentan con los dispositivos para poder conectarse, toda la educación virtual y a distancia se interrumpe. Es decir que en este momento y desde iniciada la pandemia hay un conjunto de niñas, niños, adolescentes y adultos que tienen interrumpido su derecho a la educación”, planteó Koutsovitis.

Entre las pautas dispuestas en la medida judicial, se plantea que el gobierno porteño debe abrir un registro en el que se anoten quienes cumplan los requisitos y luego garantizar el acceso a internet. “En relación a la vía para alcanzar ese derecho, el juez pone dos alternativas. Una es garantizar un acceso comunitario a internet, de la misma manera que se brinda internet libre en espacios públicos o en las plazas. Propone que se establezca esa misma tecnología para las villas o barrios de emergencia. También establece que si hay algún problema técnico cuya resolución no pueda darse de manera inmediata, tenga que garantizar a cada familia un celular con acceso a datos libres, que pueda compartir internet de manera que pueda ser utilizado para compartir internet con la computadora. Eso como medida de transición hasta lograr el acceso comunitario”, explicó a este portal Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad y abogado patrocinante de la presentación hecha el viernes pasado.

Y agregó: “Con relación al acceso a computadoras, lo que hace el juez es ordenar que el gobierno le otorgue una computadora a todo estudiante de establecimiento educativo de gestión estatal o privado con cuota cero y que se encuentre en situación de vulnerabilidad social. Así que cualquier estudiante, viva en Lugano o Belgrano, tiene ese derecho”.

“Los antecedentes que tiene el gobierno en relación a sentencias que se dictaron con relación a problemáticas de desigualdades que profundiza la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, es que decide apelarlas, porque entiende que la apelación implica no cumplir las órdenes judiciales. Queremos dejar en claro que por más que se apele esta sentencia, el gobierno tiene la obligación de cumplirlas. Las medidas cautelares se encuentran vigentes hasta que otro juez  las revoque”, concluyó el letrado.

 

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