Redacción Canal Abierto | En la Ciudad, junio es, al parecer, el mes donde se cumplirá lo que los expertos llamaron desde el comienzo el “pico de contagios”. Aunque nadie, aún hoy, se anima a aventurar que lo peor no esté por venir.
Mayo comenzó con 1614 casos totales confirmados hospitalizados en territorio porteño y 86 fallecidos desde el comienzo de la pandemia. Pero terminó con 9186 casos totales confirmados hospitalizados y 228 fallecidos.
Y, como cada mes desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (APDH CABA), acaba de publicar un informe sobre las condiciones en las que se la población porteña enfrenta el virus, su propagación, los contagios y víctimas, y la asistencia que brinda el Estado local. Y los datos, lejos de ser alentadores, son alarmantes.
Personal de la salud
Las primeras cifras que arroja el estudio refieren a la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud: el 83% de los efectores que atienden pacientes con Covid-19 no cuentan con los insumos de bioseguridad correspondientes.
Además, en el 51% de los hospitales y centros de salud no se aplican protocolos para el aislamiento del personal, en el 50% no hay espacios físicos donde aislar a pacientes sospechosos y la capacitación a los trabajadores sólo se ha efectuado en siete instituciones.
Por otro lado, hay nueve servicios de atención en distintos hospitales que fueron cerrados en medio de la pandemia y cuatro hospitales que están al límite de la ocupación de camas de terapia intensiva.
Los números surgen del relevamiento realizado por la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA sobre 27 de los 33 hospitales porteños y ocho de los Centros de Salud y Acción Comunitaria. En la misma línea, aclara que sólo en tres hospitales –Penna, Muñiz y Durand–se contrató a concurrentes en calidad de suplentes de guardia, mientras que otros cinco los concurrentes son utilizados para atender casos sospechados de Covid-19 en las Unidades Febriles de Urgencia (UFUS).
Como consecuencia “algunos efectores de áreas programáticas debieron trasladar pacientes sospechosos de Covid-19 a hospitales fuera del área correspondiente ante la falta de camas disponibles”, sostiene la APDH.
Manicomios
A mediados de mayo, desde distintos organismos soltaron la alarma: la situación de los hospitales neuropsiquiátricos porteños es una bomba de tiempo. Por entonces se dio el primer contagio de Covid-19 en el Hospital Borda, pero el incumplimiento del protocolo de aislamiento ese primer caso tuvo como consecuencia el contagio de cinco pacientes, tres enfermeras y dos médicos.
“Aunque la Justicia ordenó al gobierno porteño que tome medidas urgentes para garantizar la salud de pacientes y trabajadores del Borda, Moyano, Tobar García y Alvear, el abandono ha sido permanente”, sostiene la APDH, quien en sucesivos informes ha denunciado la falta de equipos de protección para el personal y ha interpuesto amparos que resultaron favorables, pero incumplidos por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Y agrega: “La mayor preocupación de los trabajadores del Borda y del Moyano es la decisión del gobierno porteño de instalar las UFUS para hacer el triage, un testeo para saber si las personas tienen síntomas de Covid-19, como lo hacen en algunos hospitales generales. La diferencia con los neuropsiquiátricos es que estos tienen las características de un geriátrico: pacientes con EPOC, diabetes, enfermedades preexistentes, justamente por el confinamiento añoso de los pacientes que viven allí. No son internaciones transitorias sino que en la mayoría de los casos son casi permanentes”.
Villas, barrios precarios e inquilinatos
Si tomamos en consideración sólo mayo, cuando se registraron 7061 casos confirmados de Covid-19 (de los 9786 que hubo desde el inicio) en CABA, 4083 fueron habitantes de los barrios populares, donde la tasa de letalidad es de las más altas del país: 2,29%.
Ante la falta de asistencia estatal, los vecinos y vecinas de estos barrios, junto a organizaciones sociales y sectores de la Iglesia, comenzaron la conformación de los comités de crisis. “Fue desde la organización colectiva y desde los comités que se comenzaron a dar las primeras respuestas para asistir y atender las emergencias vecinales. Los protocolos no existían entonces, ni tampoco existen hoy, a 87 días de decretada la pandemia”, sostiene la APDH.
También destaca que desde hace tres semanas, cuando Rodríguez Larreta permitió la llegada de los programas nacionales El barrio cuida a tu barrio y Detectar, comenzó “una articulación más armada, pero costó de forma previa la vida de 49 personas, entre ellos siete referentes de las organizaciones sociales”.
Desde entonces, la curva en los barrios populares se volvió menos pronunciada que en el resto de la ciudad, lo que ha llevado al gobierno porteño a aceptar que los operativos nacionales se realicen en las zonas con mayor cantidad de casos. Los primeros resultados son alarmantes: “sólo en casas del barrio de Balvanera, uno de cada tres vecinos/as están contagiados de COVID-19”, denuncia la APDH.
Paradores
Para la gente en situación de calle, la Ciudad cuenta con dos paradores que albergan solo hombres (el Parador Retiro y el Parador Bepo Ghezzi); uno que alberga sólo mujeres con hijos o solas (Parador Azucena Villaflor), y dos hogares. Además, están los Centros de Inclusión Social Costanera y La Boca, que permiten alojar hombres con problemas de salud o alguna discapacidad. Asimismo, para niñas, niños y adolescentes en situación de calle hay tres alojamientos transitorios y dos Centros de Día y Noche.
En mayo, sólo en el Parador Retiro, que está ubicado a una cuadra de la Villa 31, se detectaron 79 casos positivos de Covid-19 sobre un total de 92 personas alojadas. El Gobierno de la Ciudad lo cerró. También en el Centro de Inclusión Social Costanera y en La Boca.
Según el protocolo, si se detecta alguien con síntomas de Covid-19, el mismo personal del parador es responsable de aislarlo, colocarle un barbijo y ubicarlo en un lugar con puerta, preferentemente con baño propio para luego llamar al 107. “Pero no hay barbijos, ni alcohol en gel, ni termómetro. Y sólo contaban con dos agentes trabajadores para 200 personas, no había personal de seguridad y compartían un solo vestuario sanitario. Según contó uno de los trabajadores, cuando llamaron al 107 la ambulancia no se presentó en el lugar, le respondieron que los posibles infectados deberían dirigirse al hospital más cercano por sus propios medios”, explica la APDH.
Geriátricos
“Una de cada tres muertes por Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires se produjo por contagio dentro de los geriátricos o residencias de larga estadía para Personas Adultas Mayores”, relata el informe del organismo de Derechos Humanos.
Hasta el 14 de junio de 2020 se detectaron 399 personas infectadas en más de 50 geriátricos, lo que representa más del 30% del total de infectados en CABA. Hubo 62 personas fallecidas, lo que significa un índice de letalidad del 25%, unas siete veces más que el promedio para la población que no vive en esas instituciones. Hay registradas 440 de estas residencias en suelo porteño.
“Las condiciones sanitarias de los geriátricos evacuados son malas y en algunos casos pésimas: falta de personal médico y de enfermería, ausencia de equipos de protección personal para los trabajadores de las instituciones e imposibilidad de cumplir el aislamiento por falta de espacio, entre muchas otras falencias –detalla la APDH-. Agrava la situación la lentitud de la respuesta de las autoridades sanitarias de la Ciudad que, en algunos casos, tarda días en llegar, tal como lo denuncian las autoridades de las residencias, fallando en los protocolos y evacuando en muchos casos innecesariamente a los residentes, saturando la capacidad del Sistema de Salud”.
Flexibilización “de clase”
Como último apartado del informe, la Asamblea analiza las decisiones de Rodríguez Larreta en el marco de los casos en aumento, y pone su ojo sobre todo en el anuncio del 5 de junio, cuando el jefe de Gobierno permitió la apertura del 80% de las actividades comerciales en la ciudad.
En efecto, la decisión de incrementar la actividad comercial –y luego de permitir salir a correr después de las 20– trajo aparejados mayor tránsito peatonal, del transporte público y de circulación vehicular. Por consiguiente, los primeros días de junio la cifra de casos se incrementó un 10% respecto de los últimos días de mayo.
“El tácito permiso que se da desde el poder a los vecinos de barrios de mayor poder económico social contra aquellos barrios populares o de menor ingreso per cápita, hace ver una doble vara del gobierno de Rodríguez Larreta y deja a las claras una marcada cuestión de clase –plantea el informe–. Desde ya, no somos partidarios en ningún caso del uso de las fuerzas de seguridad del Estado en la resolución de los conflictos; sin embargo, no podemos dejar de señalar que mientras en Recoleta se organizan fiestas electrónicas, tácitamente permitidas, y nadie del GCBA interviene para que se respete el aislamiento, en los barrios populares o en los de menor ingreso per cápita el Estado de la Ciudad se hace presente labrando actas penales e imputando a los trabajadores que salen a buscar el sustento diario porque no se les brinda lo necesario para sostener en condiciones dignas la cuarentena”.