Redacción Canal Abierto | Con el comienzo de la cuarentena obligatoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) elaboró un primer informe, publicado el 31 de marzo, donde advertía sobre la situación precaria en la que se encontraban las instituciones públicas porteñas y la insuficiencia de los programas estatales de la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a la pandemia que se acababa de declarar.

Esta semana, un segundo informe que releva la situación en el territorio más afectado del país por el COVID-19 confirma que, en efecto, los problemas se agravaron y el gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta no parece atinar a encontrar soluciones.

Desglosado por áreas, el estudio de la APDH aborda la situación en salud, violencia institucional, villas y asentamientos, alimentos, adultos mayores, y educación. En ninguna, el gobierno porteño sale airoso.

  • Situación sanitaria: Hace pocos días, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, pronosticó ante la Comisión de Salud de la Legislatura que habrá entre 2000 y 3000 infectados no graves por día en la Ciudad, que “esto significa para el subsector público, en términos generales, la atención de 2000 pacientes leves”, y que “se van a ocupar unas 600 camas de internación general y 200 camas de terapia intensiva por día”.

Hasta la fecha, la cifra de fallecidos por causa del coronavirus en territorio porteño representan el 37% del total nacional. En relación al total de infectados, los casos confirmados en CABA superan el 26%.

Sobre este tema, la APDH es contundente: “Con esa proyección y con la curva que existe en la ciudad, las camas y respiradores hoy serían insuficientes”. Para el 2 de abril, el propio Quirós afirmaba que la Capital Federal tiene el 70% de sus camas ocupadas y que el 30% restante están destinadas al COVID-19.

  • Violencia institucional: En el informe del 31 de marzo, la APDH daba cuenta de que las cifras oficiales sobre casos por violación del aislamiento social preventivo obligatorio ascendían a 2466 en territorio porteño. Diez días después esa cifra subió a 9164 personas de las cuales 681 fueron detenidas y 8483 notificadas o llevadas a su domicilio. “El incremento registrado fue exponencial. Desde el 1 al 14 de abril, la cantidad de casos ascendió a 4786, lo que porcentualmente es un incremento del 97,15 por el mismo delito por violación de cuarentena”, expresan.

En números, la cantidad de detenciones desde el 20 de marzo al 27 de abril ascendió a 956 casos, algo más de 24 detenciones diarias, y la cifra de demorados llegó a 13211, un promedio diario de 338 casos.

“Tampoco cesa el hostigamiento a quienes asumen la solidaria tarea de transportar alimentos hacia los comedores de organizaciones sociales que alivian el hambre en los barrios”, afirman.

  • Villas y asentamientos: Al cierre del informe, de los 1168 casos de coronavirus registrados en la Ciudad, 124 son de habitantes de villas y asentamientos: 57 casos en la Villa 31, 48 en la 1-11-14, 3 en Ciudad Oculta, 2 en Barrio Fátima, 1 en la 21-14, y 1 en el Barrio Mitre. Esto representa el 10,61% del total de la ciudad. “La situación es cada vez más grave si consideramos que los comedores están abarrotados sumando a las situaciones de hacinamiento, falta de luz, agua y de recolección de residuos”, explican.

Como respuesta, mujeres de barrios populares de la Ciudad, patrocinadas por el Observatorio de Derecho a la Ciudad y distintas organizaciones, presentaron un amparo colectivo para garantizar el acceso al agua potable segura en el 100% de los hogares porteños como condición esencial para la prevención del COVID-19 y del dengue. Por el momento, “la contestación a la medida cautelar por parte del Gobierno de la Ciudad fue desconocer su responsabilidad”, advierten desde la APDH.

La problemática queda expuesta gracias a la pandemia, pero viene de arrastre: en la actualidad, uno de cada siete porteños no tiene acceso al agua potable. “La falta recurrente de agua y el no tendido de la red, la precariedad en la provisión de la energía eléctrica, la inexistencia de cloacas y del gas natural, obras siempre prometidas y nunca cumplidas por los últimos gobiernos de la Ciudad tanto de (Mauricio) Macri como de Rodríguez Larreta, hoy exponen a la totalidad de la población de la CABA en el marco de esta crisis sanitaria a una situación más grave”, agrega el informe.

  • Situación alimentaria: “Desde la puesta en vigencia de la pandemia por COVID-19 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha instrumentado tres políticas de forma ineficiente que además resultan insuficientes”, declaran desde la Asamblea.

En efecto, la primera es la entrega de meriendas y refrigerios que se reparten de forma discrecional por turnos en los colegios públicos porteños con una frecuencia estimada de entre 10 y 15 días. Muchas de las escuelas han tenido problemas de desabastecimiento: les llega menos mercadería que la que debieran recibir.

La segunda es la Canasta Escolar Nutritiva que comenzó a aplicarse desde el 1 de abril, once días después de la declaración de la cuarentena obligatoria. Ésta consta de un aceite, un paquete de fideos de 500 gramos, otro de arroz, otro de azúcar, un puré de tomates, una lata de arvejas, una de caballa, dos litros de leche, un sobrecito de queso, una gelatina, varios paquetes de tres unidades de galletitas, dos zanahorias, tres cebollas, una calabaza mediana y cinco unidades de fruta. “La escasez de la entrega está a la vista”, concluyen desde la APDH.

La tercera son los comedores, sobre los cuales el informe asegura que “están colapsados”. “La mercadería diaria es cada vez más escasa. La comida y porciones se deben estirar para poder llegar a cubrir la demanda que día a día se incrementa de forma exponencial”, agrega.

  • Personas adultas mayores (PAM): “La prohibición de circulación de las personas de más de 70 años, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretendió imponer, significa un factor de discriminación y se acomoda al paradigma de infantilización, invisibilización y objetivación de las PAM. Estos destratos se ocultan tras la fachada de un ‘cuidado’ que no es tal”, sostiene la APDH.

“El acceso a la salud para las PAM siempre fue de baja calidad y muy dificultoso en la CABA. No hay turnos disponibles o se cancelan, no hay suficiente cantidad de profesionales, los horarios de atención son reducidos, hay carencia de tecnologías adecuadas a la atención. Todos estos aspectos negativos, se potencian durante la pandemia”, enumera el estudio.

La Ciudad de Buenos Aires es el conglomerado urbano con mayor cantidad de adultos mayores de la Argentina. Muchas de ellas viven solas y la situación más compleja se da entre quienes perciben ingresos mínimos y deben afrontar el pago de un alquiler.

Por otro lado, están las personas adultas mayores en situación de calle. El gobierno porteño comunicó el 4 de abril que ampliaba las plazas de los paradores y que entre ellas serían destinadas “para personas mayores y población de riesgo”. Pero, según el cálculo de la APDH, éstas serían más de 500 y el equipo de Larreta puso a disposición sólo 102 plazas. “El resto, más de 400 adultos mayores, están diseminados por Buenos Aires, a merced de la solidaridad de vecinos y de las pocas organizaciones que mantienen sus circuitos a pesar de la cuarentena”, agregan.

  • Educación: Desde el 12 de marzo, que el Ministerio de Educación de la Nación estudiaba la posibilidad de suspender las clases en todo el país, en los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires la situación se complicó. “En un primer momento se entregaron viandas, que resultaron insuficientes en cantidad y calidad nutritiva. Igualmente, dada la emergencia nutricional de barrios enteros, se congregaron largas y desordenadas colas para recibir, al menos, el paupérrimo bocado que se les entregaba. Con pésima organización del Ministerio para su entrega, terminaron haciéndose cargo de la misma, en tareas absolutamente fuera de sus incumbencias, el personal docente y la comunidad educativa”, informan desde la APDH.

Tras protestas y numerosas presentaciones de organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y legisladores de la oposición, el gobierno porteño aportó una canasta de alimentos que actualmente sólo se reparte entre quienes han podido tramitar sus becas de comedor, en los pocos días de clases que hubo.

En lo que refiera a la modalidad virtual para sostener las clases, la APDH destaca que la pandemia del COVID-19 puso en evidencia “las desigualdades que atraviesan a la población en relación al acceso a la educación”. “La comunidad educativa, a través de sus diferentes actores, viene solicitando al Gobierno de la Ciudad la provisión de conectividad y el acceso a los dispositivos necesarios para que lxs alumnxs puedan realizar las tareas escolares”, asegura. Ante la falta de respuestas, muchos docentes “están dando clases por WhatsApp porque es lo que todos tienen, porque es gratuito y no consume datos”.

Foto: Marcelo Carroll / Clarín

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