Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por torturas contra un joven de 17 años detenido el sábado 25 de julio por la madrugada durante un operativo policial en el barrio Tolosa de La Plata. Al momento de la aprehensión, lo golpearon y le propinaron una serie de culatazos con el arma reglamentaria.

“En la dependencia policial (comisaría 6ta), lo alojan en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligan a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplican descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales”, detalló la CPM.


El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incriminara a otras personas. A pesar de ser menor de edad y del hecho de estar imputado de un delito, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial, y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente.

Por la tarde del sábado, el jóven fue trasladado para el correspondiente reconocimiento médico. Según consta en la denuncia, durante el traslado y arriba del patrullero, continuaron las vejaciones, aunque ningun de ellas fuera debidamente notificada por el personal de salud.

Recién a las casi diez horas de detención intervino por primera vez un funcionario judicial. Sin embargo, explicó la CPM, “no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo”.

Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte donde, al momento de ingresar y por temor a represalias, no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de las torturas. Una vez más, el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.

Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía. En otra de las tantas ilegalidades que tiene este hecho, a pesar de lo dispuesto por la Ley, las autoridades no le dieron intervención a ninguno de los organismos del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Además de radicar la denuncia en la justicia, la CPM denunció estas torturas a la Auditoría General de Asuntos Internos.

“Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense”, cerró el comunicado del organismo que encabeza Adolfo Pérez Esquivel.

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