Redacción Canal Abierto | El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocó a movilizar este 18 de diciembre contra la represión y el gatillo fácil. La principal consigna, el rechazo a la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar sus armas de fuego contra personas desarmadas.

En este marco, la antropóloga especialista en estudios sobre violencia institucional y policial, María Pita (CONICET-UBA) dialogó con Canal Abierto sobre los orígenes, la trayectoria y particularidades de organizaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas.

Si bien no se trataba de una problemática inexistente en el pasado, la violencia policial se convierte en un tema específico de la agenda pública recién con el retorno democrático. “Entonces, los organismos -entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- empezaron a pensar otras violencias estatales por fuera de los delitos cometidos por la dictadura genocida”, cuenta la investigadora, y destaca el trabajo a posteriori de movimientos barriales y territoriales.

“Es interesante pensar como emerge esta figura de los familiares, algo que podemos reconocer como continuidad de la búsqueda de justicia por los crímenes del gobierno de facto, y que construyen un campo de impugnación del ejercicio de la violencia del Estado y, en particular, la policial”, asegura Pita.

Aunque reconoce sus particularidades, la antropóloga insiste en trazar paralelismos entre la organización de víctimas del aparato represivo en tiempo democráticos con dictatoriales. En definitiva, ambos persiguen el esclarecimiento de los hechos y reclaman justicia sin ánimo de venganza. Similares también son los métodos colectivos: escraches, movilización, la sistematización de archivos o documentación. “Es otra forma de Justicia, que acompaña o no a la Justicia oficial”.

Por regla general, son madres de víctimas las que sostienen por años la persecución de respuestas por parte de un sistema judicial indolente, y quienes allá por los 90´ impulsaron entidades–como CORREPI o COFAVI- para luchar de forma colectiva contra el “gatillo fácil” policial. Sin embargo, la docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reconoce la emergencia de un nuevo actor, el de los hermanos y hermanas. “Es un avance generacional, y la voz de alguien que es una suerte de par del asesinado. Habla de la acumulación de una lucha política, y de una nueva generación que denuncia y desnaturaliza la violencia policial”.

En este sentido, Pita destaca la crisis de 2001 y la protesta social de aquellos años como “un momento de quiebre que representó la mayor escenificación de la violencia desatada y desmadrada”.

“Sin embargo, la violencia y represión policial no siempre tiene ese cariz espectacular, sino que en la mayoría de los casos se focaliza en ciertos barrios y poblaciones, y que son más difíciles de desmontar porque son naturalizadas y están más aceptadas por muchos actores sociales”, señala. “Las detenciones por averiguación de identidad, las contravenciones en CABA o faltas en provincias son prácticas para gobernar, y a la vez ejercicios de violencia de baja intensidad que no por eso dejan de tener una dosis importante de arbitrariedad. Están menos visibilizadas y más normalizadas”.

La Resolución 956/2018 publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre pasado –o “pena de muerte a punta reglamentaria”, como la caracterizó CORREPI a través de un documento- generó fuerte polémica y rechazo de un sinfín de sectores. “Este Gobierno avala prácticas que no estaban desaparecidas, pero si reguladas e impugnadas socialmente, intentando normalizar la excepcionalidad a discreción y arbitrio de las fuerzas de seguridad”, sentencia la antropóloga.

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