Redacción Canal Abierto | Desde que a mediados de junio LATAM anunció el cese de operaciones  por tiempo indeterminado en el país y pocos días después presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que le permitiese despedir a 1.715 trabajadores, se volvió pública una situación que, según sus trabajadores y trabajadoras, responde a un plan de varios años.

“La estrategia durante estos últimos cuatro años fue la de achicar el mercado de cabotaje en el país, e incrementar las rutas internacionales con mano de obra extranjera. El mercado externo de LATAM en la Argentina creció un 25% el año pasado. Ellos hablan de pérdida, pero fue una pérdida autogenerada, porque fue una decisión achicar el mercado argentino. Y la pandemia es la excusa para el vaciamiento”, explica Geraldine Elola , delegada de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que nuclea a los tripulantes de cabina, uno de los gremios que representa a los trabajadores de la línea aérea.

Luego de que el Ministerio de Trabajo rechazara el PPC -ratificando la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 487/20 emitido por el Presidente que prohíbe, en el marco de la emergencia sanitaria, los despidos “sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”- los despidos quedaron sin efecto y hubo múltiples audiencias entre el organismo público, la empresa y los representantes gremiales. Pero la empresa no se hizo presente: mandó a su equipo de abogados, pero a nadie con poder de decisión.

 

En los papeles, no se van

Desde los sindicatos –acusados abiertamente por la empresa de ser en parte responsables del cierre de la filial local- denuncian un doble discurso.

“En los medios salen a decir que se van del país y después, cuando realmente se tienen que sentar a discutir esa decisión, no lo hacen –detalla Elola-. Pero, además, el doble discurso se nota en los papeles, que no muestran que se van. El 2 de junio renovaron el permiso para operar en las rutas áreas que tiene LATAM en Argentina por quince años más. Además, le solicitaron al Gobierno todos los permisos de aeronavegabilidad hasta fin de año, que es algo que les permite operar y otorga la ANAC. Mientras tanto, los trabajadores seguimos recibiendo e-mails de la empresa todas las semanas avisando que todo se termina el 3 de agosto, y presiones para que aceptemos los retiros voluntarios”.

La denuncia se condice con el motivo por el que el Ministerio rechazó el PPC: el preventivo, cuyo espíritu es reestructurar la compañía para poder seguir operando, no prevenía nada.

La propuesta de LATAM consistía en avenirse al artículo 247 de la Ley de Contratos de Trabajo que les permite a las empresas desvincular a su personal por el 50% de lo las indemnizaciones en caso de “fuerza mayor”. Pero el DNU explicita que la pandemia no puede ser considerada un causal de despido. Para Elola “el preventivo de crisis era una estrategia para saltarse el DNU, una herramienta para despedir barato a 1700 trabajadores”. 

 

Una caravana para defender los puestos laborales

En un correo interno de mayo, la empresa reconoce que su plan es hacer que de los 43.000 empleados que tenía el holding al comienzo de la pandemia queden 5.000. “Esos 5.000, en el plantel en la Argentina representan apenas 250 trabajadores. Es un 10% del tamaño que tiene la compañía. Quieren achicar la empresa aprovechando el contexto”, asegura la dirigente.

Mientras tanto, los empleados cobraron el 50% de sus salarios de abril, mayo, junio y apenas un porcentaje del aguinaldo.

En tanto, desde los siete sindicatos que nuclean a los trabajadores de la empresa realizarán una caravana este jueves a las 15, que comenzará en el Estacionamiento Sur de Aeroparque. La semana pasada otra caravana recorrió los hangares donde hay trabajadores que permanecen en sus puestos para evitar que se lleven los aviones. La postura es unánime: quieren negociar para mantener las fuentes de trabajo, que no se  pierdan empleos y pelear porque la compañía se quede en el país.

Para Elola, se trata de una situación crítica: “En nuestro colectivo en particular éramos 487 tripulantes al comienzo de la pandemia, y el 83% somos mujeres. Muchas jefas de familia, con niños a cargo, algunas con padres mayores a cargo. Es una situación muy complicada porque el contexto hace que no nos podamos reinsertar laboralmente si nos quedamos sin trabajo en este momento”.

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