Por Juan Pablo Alba* | «Estamos en guerra», solía decir el comandante en jefe Gerardo Morales cuando no había ni un caso de Covid-19 en la provincia. Ahora que el virus se reproduce a una velocidad proporcional a la caída del rating de las transmisiones del Comité Operativo de Emergencia (COE), el Estado jujeño parece haberse retirado de la batalla, dejando a su tan mentada «primera línea de combate» abandonada a su suerte.

El COE debiera ser el espacio en el que profesionales y dirigentes políticos consensuen y diagramen las acciones de combate al coronavirus. Sin embargo, esta herramienta de resolución efectiva de las situaciones sanitarias emergentes no tardó en convertirse en instrumento de propaganda política.

«Tengo mucho miedo, llevamos cuatro días acá, no nos vino a ver ni un médico todavía, y mi marido se está poniendo mal», cuenta entre lágrimas Gabriela Arroyo, militante política y dirigente de ATE que ya lleva 96 horas internada en el hospital de campaña de San Salvador, sin recibir siquiera una aspirina. «Las enfermeras nos atienden bien, pero solas no pueden. No nos dieron medicamentos, porque no nos vieron médicos. Realmente es una mentira lo que dice el Gobierno sobre el hisopado, la gente viene voluntariamente para que le hagan el análisis, pero no hay test, ni bioquímicos suficientes», nos cuenta quien sufre en primera personas, además del virus, la ausencia del Estado.

«Todas las cosas que salen en la tele son una mentira tras otra. Yo no quiero que a nadie le pase lo que le pasó a mi primo, Eduardo Arroyo, que lo dejaron a la deriva y falleció. El COE lo mandó a su casa a hacer la cuarentena y le hacían seguimiento por teléfono, pero cuando lo llevaron al San Roque ya estaba mal, y ahí al tercer día falleció», cuenta Gabriela. «No es justo, tanta indignación, tanta rabia, tanto miedo».

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El panorama preocupante se repite en los barrios, con el agravante de que está afectando a quienes sostienen día día la lucha contra el hambre. «La situación se agrava, con casos en cada barrio y sin atención, ni telefónica. Sólo te dicen que te aísles 14 días y nada más. Llamas días enteros y no te atienden. Test no te hacen. Las compañeras de los comedores se enteran de familias enteras enfermas y que se auto-aíslan pero nadie les ayuda. Por ejemplo, una señora que retiraba del comedor de un día para otro, pidió que la comida la dejen en su vereda», cuenta Romina Canchi, dirigente de la CTA Autónoma.

«La semana que viene cerramos el tercer comedor por falta de control y testeo», afirma Santiago Zamora, coordinador de comedores barriales, espacio al que cada vez se acercan más personas en busca de comida, y sobre todo, ya no sólo niños, sino un gran número de adultos mayores, los más vulnerables ante la pandemia.

El hospital San Roque -el único destinado exclusivamente a pacientes Covid-19- ya no tiene más respiradores disponibles, pero ese dato se les «olvidó» comunicar a los «expertos» del COE que hace unos meses presentaban airosos un plan de cuatro pilares: Fortalecer el Sistema de salud, Fronteras Sanitarias Seguras, Plan de Adultos Mayores y Responsabilidad Social e Individual. Esos pilares hoy se derrumban ante la mirada desesperada de un pueblo abandonado a las garras de la peste. «Falló en todos», comenta en sus redes sociales Pablo, un joven psicomotricista que -junto a su familia- aguanta la cuarentena como pueden.

Luego de las declaraciones ante el Senado del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, algunos bromean con convocar a expertos de la NASA para explica en qué clase de agujero negro se perdieron los 9.000 millones de pesos que mandó Nación, entre coparticipación regular y fondos especiales para la lucha contra el coronavirus. Porque ese dinero no se ve reflejado en materiales de protección, equipamiento o salarios a profesionales. «Me cortaron la luz, la situación está durísima», afirma Javier, uno de los tantos miles de desempleados que hoy no pueden salir a ganarse el pan. En su caso, ni siquiera logró acceder a un IFE, un ATP o un Plan de Contención. Tan injusta y desvalida es su situación que sufrió la interrupción de un servicio pese a que rige una normativa de prohibición de efectuar cortes.

En este escenario, hoy son más riesgosas las calles de Jujuy que las de Beirut. Con razón el personal de salud se niega a trabajar en medio de un contexto que asegura más incertidumbres que condiciones laborales dignas: organizan ruidazos, presentan propuestas, recorren el territorio, son obligados a volver a trabajar sin hisopados previos aún en los casos positivos, y siguen sin ser escuchados por los funcionarios locales. Mientras tanto, las muertes las siguen poniendo los trabajadores y el pueblo, y el engranaje agroindustrial continúa triturando riquezas a un ritmo récord: en este rincón del NOA, todo parece ser esencial, menos la vida.

La tragedia que se vive en Ledesma, parece mudarse también a otras zonas de la provincia, porque «el bicho» de fondo es el mismo: «El mensaje de la empresa parece ser contágiense, enférmense, hagan anticuerpos y los que tengan que morir que mueran: la producción no se puede parar», declaró Rafael Vargas, Secretario General del SOEIL.

«No me bajen los brazos, no se rindan», arenga por tele el pretendido Emperador, mientras retira las fichas del tablero. Con Gerardo Morales al mando (alumno predilecto de la escuela macrista), un fantasma recorre la provincia de Jujuy, dejando tras sus pasos el destello borroso de un Estado desertor, criminal por inoperante, ausente por complicidad y decisión.

 

* Secretario de Comunicación y Difusión de CTA Autónoma de  Jujuy
Publicado originalmente en Agencia CTA / ACTA

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