Canal Abierto Radio | El libro La justicia acusada vio la luz la misma semana de la presentación del proyecto de reforma judicial. Al aire de Radio Coopertiva, Federico Thea, secretario General del Gobierno de la provincia de Buenos Aire, uno de los compiladores de la publicación junto a Alberto Fernández y Mauro Benente, indicó: “No da recetas únicas sino que es un producto académico que plantea problemas, hace algunas sugerencias. En cambio, el proyecto de ley en ese sentido es mucho más concreto”.
“La dirigencia política se debe un debate serio profundo y que aborde las distintas perspectivas para el mejoramiento de uno de los poderes del Estado. Esto es central y es una deuda que tiene toda la dirigencia con la democracia”, agregó el abogado.
El desafío de los escritores fue poner esos análisis en un lenguaje “más claro”, para llevar las ideas a toda la sociedad y promover una discusión plural. La obra, explican, también buscan llegar a sectores políticos opositores que pudieran tener “algunos prejuicios”, para que quienes se interesen en el tema y quieran debatirlo, “en lugar de basar las opiniones en prejuicios lo hagan en base al estudio, la lectura, el análisis con honestidad intelectual”, dice Thea.
La Justicia Acusada trata, en principio, el funcionamiento institucional del Poder Judicial y sus procesos de selección o remoción de jueces y juezas, así como los controles constitucionales que deben ejercerse. También aborda cuestiones estructurales del sistema penal, como la política penitenciaria y la labor del Ministerio Público Fiscal.
“Se eligieron algunos temas que nos parecían centrales para la discusión del funcionamiento del Poder Judicial y se convocaron a juristas, hombres y mujeres especialistas en cada uno de los temas que se abordan en el libro”, comentó Thea, ex rector de la Universidad Nacional de José C. Paz.
Además, hay un capítulo específico sobre la judicialización de la política y sus consecuencias institucionales, que profundiza sobre las causas de Dólar Futuro y del Memorándum de Entendimiento con Irán, donde se utilizaron figuras jurídicas sobre decisiones políticas “que no constituían ningún delito”. Asimismo aporta herramientas sobre el estado actual de las causas por delitos de Lesa Humanidad, pero también de acceso a derechos más actuales como la aplicación del fallo FAL para garantizar la interrupción legal del embarazo en todo el país.
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Foto: Revista Contraeditorial