Canal Abierto Radio | Cuando el pasado 21 de Agosto el gobierno publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 que declara como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a las telecomunicaciones, comenzaron algunas discusiones públicas al respecto, teñidas por los intereses de las grandes compañías que los brindan y los consideran solamente un negocio.

La Licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente universitaria Mariela Baladrón remarcó que hay “presunciones de lo que puede pasar, de distintos sectores con distintos intereses”. Lo que generó más ruido es la reposición de dos artículos de la Ley Argentina Digital, aprobada en 2014 por el Congreso, que declaraba la esencialidad de estos servicios y otorgaba “la potestad que tiene el organismo regulador en relación a los precios de los servicios”, que fueron derogados por el DNU 267, cuando asumió Mauricio Macri en 2015.

Solicitada de empresas contra el DNU 690/2020

“Desde el lado de algunas empresas, las que sacaron la solicitada quizás es una posición en relación a una serie de medidas que fueron en el sentido opuesto en los últimos cuatro años” expresó Baladrón, en referencia a las empresas que publicaron un texto rechazando la medida. Y subrayó: “En ningún momento dice nada de que dejan de ser prestadores privados”.

“Quieren seguir teniendo la misma concentración que tienen hasta ahora, falta de controles, no tener que informar ni rendir cuentas, y una serie de cuestiones cuyo resultado ya venimos viendo. Los servicios no los prestan si no son rentables y es lógico desde la visión de una empresa comercial. Si se les habilitan ciertas cuestiones como una fusión tienen que tener contraprestaciones o bien que el Estado pueda impulsar otro tipo de políticas para promover a otros actores, o el propio Estado que lleve los servicios ahí a donde no van las empresas”.

La pandemia puso de manifiesto las desigualdades en la sociedad, tanto por niveles de ingresos como en el acceso a servicios de calidad, sobre todo por la propia demografía del territorio nacional. La especialista explicó que existe la posibilidad de generar una tarifa social, o un paquete de prestaciones mínimas. Por eso, hay expectativas en cuanto a lo que esta ley pueda aportar para garantizar el acceso tanto a usuarios como a pymes, cooperativas y organizaciones que puedan prestar el servicio.

“Es realmente una situación difícil pero es importante hablar con datos e información, porque se están dando datos de que el 80% accede a internet en lugares públicos pero hay que leer el dato chiquito, porque cualquier persona que conozca al país sabe que no es la realidad” subrayó.

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