Canal Abierto Radio | Laura Taffetani, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas y de la Fundación Pelota de Trapo, que patrocina junto a Carolina Vílchez a las familias que se instalaron en los terrenos de Guernica, advirtio que “todas estas tierras en realidad las van reservando los municipios para sus negocios o su política”.

A fines de agosto presentaron el pedido de suspensión de desalojo y un proyecto para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales a los más de 3000 niños, niñas, adolescentes y sus familias. El pedido fue rechazado por la Cámara de Apelaciones, que de todas formas repitió las exigencias de la primera sentencia obligando a las autoridades a evitar episodios de violencia y garantizar ambulancias.

Durante el fin de semana la Justicia definió el 23 de septiembre como fecha para el desalojo. Está previsto que el allanamiento lo lleve a cabo la Policía Bonaerense “en horario diurno y en condiciones climáticas favorables”. Las familias y las organizaciones sociales definen por estas horas cómo continuar el reclamo a la espera de la apertura de una mesa de diálogo.

“Se busca resolver un conflicto social por medio del Código Penal, que está pensado para otro tipo de situaciones y coloca a las familias en una situación de desamparo” afirmó Taffetani.

En tiempos de pandemia y crisis, la realidad se desnuda en estas situaciones: “Familias que quedan sin casa, alquileres que no se pueden pagar, situaciones muy complejas que hacen que la gente busque desesperadamente un pedazo de tierra donde pararse” describió la abogada que además criticó que el gobierno no haya previsto alternativas para una importante cantidad de gente que perdió sus trabajos y sus viviendas al tiempo que lamentó que “la única respuesta que da el Estado es la punitiva”.

En el primer semestre del año, el INDEC publicó que la cifra de la pobreza llegó al 35,4 por ciento de la población. Con la continua caída de la economía a causa de la pandemia, se espera que roce el 50 por ciento para fines del 2020. También la UNICEF publicó que 8 millones de niños y niñas viven bajo la línea de pobreza y subraya las desigualdades de género, donde la pobreza golpea en un 68% a los hogares con jefas de hogar, ocho puntos más que cuando el principal ingreso lo genera un varón.

En las reuniones donde comenzaron a encauzar el conflicto, la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero defendió a los 18 countries de la localidad y se quejó de que “uno de los predios de donde está asentada la gente iban a ser canchas de rugby de uno de esos countries” recordó Taffetani.

“Es un momento de inflexión para decidir de qué lado estamos y qué queremos como país. ¿Qué es lo que se privilegia: una cancha de rugby o la posibilidad de vivienda de miles de familias?”, alerto la abogada.

“Tomar partido en este momento tiene que ver con la perspectiva de futuro de un país. Y por esa razón, la Gremial cuando está defendiendo a las personas en la toma, haciendo las presentaciones por los niños y niñas, lo que está haciendo es soñando un país que debería ser. No es un tema legal sino profundamente político”, agregó.

Si bien hubo diálogo con los gobiernos nacional y provincial, Taffetani comentó que después de la última reunión Cantero y otros intendentes sacaron un comunicado contra las tomas de tierra. Y frente a las denuncias de punteros políticos y negocios inmobiliarios, la letrada expresó: “Hay negocio, pero el negocio lo hace el Estado, no la gente que busca desesperadamente un lugar donde vivir”.

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