Redacción Canal Abierto | La desocupación estructural, el hacinamiento en las grandes ciudades, la falta de un horizonte y un proyecto de vida son un azote de estos tiempos que fermenta desde hace décadas y sólo puede empeorar con consecuencias imprevisibles. La pandemia no hizo más que agudizar estas condiciones descalabrando la ya endeble estructura económica de la Argentina.

En este contexto, y recogiendo tradiciones del movimiento popular, un colectivo diverso de organizaciones y referencias sociales ha lanzado La Marcha al Campo, un proyecto que busca revertir la migración rural-urbana y fomentar el arraigo del sector campesino.

El programa propone “una estrategia tanto productiva como de movilización de fuerza de trabajo que puede, en un primer plazo de 48 meses, pasar a significar una nueva población rural, asentada en el territorio y organizada como un conjunto de productores, sin subsidios permanentes del Estado, con un libre desarrollo de sus actividades contribuyendo así a un federalismo más equilibrado, a una desconcentración de las grandes urbes, a la progresiva desaparición del hacinamiento y a la cobertura de una demanda creciente de alimentos de calidad y con denominación de origen en las provincias”, según describe la presentación en lamarchaalcampo.com.ar.

La diputada nacional por el Frente de Todos María Rosa Martínez presentó, con la firma de otros 25 diputados, el proyecto de Ley (pdf del proyecto) para crear el Programa Nacional Marcha al Campo. El mismo prevé utilizar tierras fiscales para el establecimiento de familias que puedan dedicarse a la actividad agrícola “a efectos de la movilización de la fuerza de trabajo y creación de empleo genuino”.

Te puede interesar: La marcha al campo | Un proyecto de ley propone una ambiciosa política de masas.

 

Los detalles del proyecto

El Programa Nacional Marcha al Campo propone un reordenamiento del uso de tierras fiscales para “fomentar el establecimiento de personas y familias argentinas o residentes en nuestro país que opten por instalarse en ellas y dedicarse a la producción de alimentos”.

La propuesta apunta a fortalecer “el desarrollo regional, centrados en la sostenibilidad del ambiente y de la vida humana”, y propone “invertir en la infraestructura básica y programas de vivienda necesarios que aseguren condiciones dignas de trabajo, producción y aprovechamiento del territorio”. A este respecto propone como requisito para su implementación la mejora en las condiciones de vida en la ruralidad promoviendo una planificación integral que prevea infraestructura rural, vivienda familiar, acceso a la salud y a la educación.

Respecto a las tierras, serán otorgadas en comodato a plazos extensos parcelas de hasta 150 hectáreas manteniendo el dominio fiscal y “descartando su transmisión al dominio privado”.

En su articulado prevé que “la participación protagónica de la población inscripta” se garantice a través de la creación de cooperativas de trabajo, de transporte, acopio y comercialización de la producción agrícola.

Respecto a la institucionalidad propone que la Unidad Ejecutora del Programa esté bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que podrá disponer la creación de un Consejo Consultivo Federal Interdisciplinario para una adecuada planificación en el cumplimiento de las metas del mismo.

El financiamiento de esta Unidad Ejecutora será a través de aportes del Tesoro Nacional asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y podrá ser reforzado por reasignación de partidas dispuestas por la Jefatura de Gabinete, fuentes externas y otras que puedan crearse en el futuro.

Dos rasgos destacables del proyecto, entre otros, son que propone “un análisis de la variable de género, a los fines de adecuar el Programa para el acceso igualitario a la tierra”; y define como su finalidad “el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de Justicia Social y Ambiental”.

Un programa con historia

“El programa tiene varias décadas, no es un arrebato de la pandemia. Los diagnósticos que se venían haciendo en las décadas del ‘60 y del ‘70 indicaban su necesidad cuando se empezaba a notar, con otro patrón tecnológico, la concentración de la tierra. En el breve período de la gobernación de Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires, entre mayo de 1973 y febrero del ‘74, se intenta poner en práctica con el impulso del ministro de Asuntos Agrarios, Guillermo Galllo Mendoza, mentor del programa”, señala Rubén Fama, abogado y, junto al ex ministro, uno de los coautores del proyecto de Ley, en diálogo con Canal Abierto.

Rubén Famá, abogado, coautor del proyecto de Ley

Gallo Mendoza fue miembro del Consejo Nacional de Desarrollo en el gobierno de Illia que “reunió a lo mejor de la materia gris en todas las especialidades. Desde allí se hizo un diagnóstico en profundidad del sector agropecuario y ese conocimiento lo trasladó en su gestión al trazado de este programa”.

Con el correr de los años, agudizándose a partir de 1996 con la aprobación del uso de los OGM (organismos genéticamente modificados), la siembra directa y la implementación del paquete tecnológico, la concentración de la tierra y la expulsión de la población campesina hacia las ciudades han crecido exponencialmente.

Famá resume los pasos esenciales del Programa:

  1. Relevamiento y ordenamiento de tierras fiscales: de los órdenes municipales, provinciales y nacionales. Se estima que se pueden disponer entre 12 y 20 millones de hectáreas de tierras aptas para el uso agrícola y de bosques nativos de producción.
    Estos bosques tienen que ser sujetos a un manejo sustentable y preservados del proceso de feroz deforestación que se lleva a cabo hoy a pesar de que rige la Ley de Bosques.
    El manejo de los bosques puede redituar en recursos financieros gracias a los bonos de carbono. La fijación de carbono para evitar la proliferación del efecto invernadero es hoy un negocio a nivel internacional que puede generar divisas y colaborar a frenar el proceso de deforestación al convertir en negocio la sostenibilidad de esos bosques.
  2. Identificación del sujeto social: Para determinar la población destinataria del Programa se realizará un censo y encuesta en profundidad con las familias postulantes con la colaboración del INDEC y universidades nacionales. Identifican, en principio, cuatro perfiles:
    1. los pequeños productores que permanecen aún en el medio rural y que están en una situación muy difícil;
    2. los que permanecen en el medio rural pero ya no tienen una unidad productiva sino que migraron a otras tareas;
    3. los que ya migraron y se urbanizaron, pero conservan conocimientos rurales;
    4. población urbana, que en principio se dedicaría a las tareas conexas: construcción, servicios, etc.
  3. Capacitación intensiva: proceso de formación tanto para las tareas de índole laboral rural como para el funcionamiento eficaz de las cooperativas.
  4. Migración paulatina: un proceso paulatino y progresivo de migración planificado en cada caso según las características del lugar, las familias y a la unidad asociativa.

En una primera etapa de 48 meses estiman que 400 mil familias podrían sumarse al programa. “Eso generaría entre 800 mil y un millón de puestos de trabajo directos y una cifra similar en términos indirectos. Esto iría acompañado por una renta básica por localización: De acuerdo a diferentes criterios el Estado acompañará con una asignación monetaria la radicación de las familias para solventar la alimentación, la educación de los niños, salud, cobertura social. Esa renta no es uniforme sino que variará por localización (habrá casos que las familias se desplacen cientos de kilómetros de su lugar de origen y otros en que permanezcan en su propia vivienda) e irá disminuyendo a medida que la unidad asociativa se vaya capitalizando hasta llegar a cero”, explica el abogado.

“Este es un primer paso, para retener a la población rural agredida que la están expulsando y sigue engrosando los focos urbanos, y para revertir el ciclo migratorio rural-urbano”, propone Famá.

“Los insumos básicos del proyecto están al alcance de la mano: fuerza de trabajo ociosa, joven, con ganas de tener una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos, mucho mejor que la que pueden tener en estas aglomeraciones urbanas. Y por otro lado, tierras fiscales también ociosas o arrendadas a precio vil a grandes productores”.

En el ámbito legislativo, el proyecto comienza a recorrer el camino para ser tratado en comisiones en la Cámara de Diputados. “Esta iniciativa depende de un fuerte impulso político de la actual conducción del Estado. No es un proyecto que por mera mayoría parlamentaria agote sus posibilidades de realización. Precisa de un firme acuerdo político entre Nación y gobernadores, y luego de los gobernadores con las intendencias implicadas”, argumenta Famá.

“Bien planificado, este podría ser un programa político que le daría un envión al gobierno y lo sacaría de la famosa grieta”, concluye.

Texto del Proyecto de Ley Marcha al Campo

La Marcha al Campo 3905-D-2020

Recibí más periodismo de este lado

Nuestros temas