Redacción Canal Abierto | “Crisis es oportunidad”, reza un viejo refrán chino al que parece adscribir el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresas tercerizadoras de provisión de alimentos.
Las medidas de aislamiento social dispuestas por los gobiernos impidieron el normal funcionamiento de comedores populares, o al menos tal como lo hacían hasta el 19 de marzo. Esto llevó a implementar un sistema de bolsones que se entregaban a las familias a los fines de sostener el acceso a los alimentos, pero sin la tradicional aglomeración de personas en comedores.
En la Villa 20 se hizo a través de Sano y Bueno S.A., la empresa de catering que ganó la licitación convocada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para la provisión de estos bolsones en los comedores de la Villa 20.
Con un monto de $36.000.000, Sano y Bueno se comprometió a entregar 10.000 bolsones por mes durante mayo, junio y julio con una botella de aceite, un paquete de leche en polvo, una caja de puré de tomate, una lata de duraznos, otra de choclo, un paquete de galletitas, uno de harina, otro de azúcar, medio de harina de maíz, una caja de saquitos de té y dos paquetes de cacao.
Un relevamiento realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, que tomó los productos efectivamente entregados en los bolsones en cuestión, demostró la existencia de una sobrefacturación de al menos el 100%.
Caro e incompleto
Los precios minoristas en comercios de cercanía relevados arrojan un valor total de 663,01 pesos, algo más que la mitad de los 1200 pesos por bolsón facturados por Sano y Bueno, cuyo único valor agregado fue el armado y distribución de la mercadería. El sobreprecio se estima mayor, teniendo presente que los valores relevados son por compra unitaria y no por las 30.000 que compró la empresa.
“Esta empresa solamente por entregar en un único punto los bolsones recibía más del doble de lo que costaban a valor minorista. En ese punto de entrega, de vuelta una vez más, las mujeres trabajadoras comunitarias tenían que ir a retirarlos, trasladarlos hasta los centros comunitarios y hacerse cargo de la logística de entrega de estos bolsones puerta a puerta sin ningún tipo de reconocimiento salarial”, explicó a Canal Abierto Eva Koutsovitis, integrante del Frente Salvador Herrera, una de las organizaciones que llevaron adelante el relevamiento.
“El negocio de las empresas intermediarias es un negocio que lleva décadas y que se ha profundizado a partir de la gestión macrista. El negocio de los intermediarios es el negocio de intermediarios que se ocupan de la asistencia de bienes y productos esenciales para la ciudad. Tenemos empresas intermediarias entregando agua potable, alimentos, insumos”, afirmó Koutsovitis.
A la ya escasa provisión para una familia durante dos semanas, otra irregularidad señalada es que no todos los bolsones entregados tenían la totalidad de los 11 productos comprometidos: en algunos venían 9 y en otros 7. Y algunos estaban en mal estado o vencidos.
Donde quieran, lo que necesiten
“Frente a estas irregularidades, las trabajadoras comunitarias, que además no recibían ningún elemento de protección para realizar la entrega, decidieron colectivamente dejar de entregar los bolsones y presentar al IVC una propuesta superadora -explicó la vocera-. Así fue como desde el Frente Salvador Herrera, bajo la consigna ‘No somos parte del negocio del hambre’, el 5 de agosto realizamos el primer verdurazo en Villa 20 con el apoyo de la UTT. Esto nos permitió visibilizar el negocio alimentario, porque con el dinero que el gobierno porteño pagaba por un bolsón con 11 productos sin calidad nutricional las familias podrían recibir 60 kilos de verdura”.
A partir de esta acción, el Frente presentó en la Legislatura porteña un proyecto de tarjeta alimentaria que será entregada a las familias que lo necesiten. De esa manera las familias, sin intermediarios pueden elegir qué comer y dónde comprarlo.
“Este proyecto también establece que las compras de bienes esenciales no pueden llevarse a cabo con empresas intermediarias, incorpora la necesidad de reconocer a las trabajadoras comunitarias esenciales y, por último, establece que el gobierno porteño convenie con cooperativas de agricultura familiar la entrega de frutas y verduras en los comedores comunitarios para mejorar la asistencia alimentaria”, finalizó Koutsovitis.
