Por Mariano Vázquez | Bajo el título “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, Octubre-Diciembre 2019”, la Defensoría del Pueblo presentó un exhaustivo informe de 313 páginas donde denuncia masacres, torturas, detenciones arbitrarias y otros ataques perpetrados por la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público contra la ciudadanía.

En diálogo con Canal Abierto, Nadia Cruz –defensora del Pueblo de Bolivia– da detalles sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de facto y la sistemática vulneración de las garantías individuales y constitucionales que derivaron en 37 muertes. Denuncia también que a diez meses del inicio de la violencia estatal y paraestatal no existe un proceso de pacificación real en el país, para lo cual propone la creación de una Comisión de la Verdad independiente que investigue estos hechos.

 

El informe de la Defensoría del Pueblo deja un título fuerte: en Bolivia se han cometido, en pleno siglo XXI, crímenes de lesa humanidad…

-Sí, la Defensoría ha realizado un monitoreo de la situación de conflictividad desde las elecciones de octubre de 2019. Hemos sido uno de las pocas instituciones, sino la única de Derechos Humanos y del Estado boliviano, que ha hecho un seguimiento de esta magnitud. Las más graves son las que hemos catalogado como delitos de lesa humanidad. Hemos observado de cerca la represión en todo el país, incluidas las dos masacres de Sacaba (15 de noviembre) y Senkata (19 de noviembre). Concluimos que de las 37 muertes que hemos documentado, entre octubre y noviembre de 2019, 27 son consideradas por la Defensoría del Pueblo como de lesa humanidad. Observamos en estas muertes un uso sistemáticamente por parte del Estado de las fuerzas del orden, como es la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas dirigidas contra un grupo que estaba criticando la forma en que se había hecho la toma del poder por parte del actual gobierno. Todas estas acciones represivas fueron hechas bajo instrucción de la presidenta interina Jeanine Añez. Ella es la que ha instruido, junto con los ministerios de Gobierno y de Defensa. Los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana siguen esta cadena de mando y ejecutan lo que nosotros llamamos masacres o asesinatos bajo la característica de lesa humanidad.

 

¿Qué pasó luego de las elecciones del 20 de octubre y terminó desencadenando esta espiral de violencia?

-Hemos verificado detenciones arbitrarias e indiscriminadas, torturas, una suerte de venganza institucional que ha desnaturalizado la figura del arresto y la prisión. La policía se extralimitó, no hubo respeto a los derechos fundamentales ni uso proporcional de la fuerza. Además, se fue muy permisible a la incorporación de agentes particulares, por ejemplo, los llamados Casquitos Blancos, que operaron en la zona sur de La Paz, que son civiles que estaban junto a la policía ejerciendo arrestos, aprehensiones…

 

Disculpe, ¿usted habla de agentes paraestatales actuando en connivencia con la policía?  

-En los casos de la Resistencia Juvenil Cochala o los Casquitos Blancos sí, se trata de actores paraestatales, que debemos diferenciar de las movilizaciones ciudadanas de protesta que se dieron luego de las elecciones de octubre. Los testimonios recabados relatan la presencia de estos grupos junto a la policía ejerciendo tareas represivas, por ejemplo, en la masacre de Sacaba. Hay lazos muy cercanos entre el Ministro de Gobierno (Arturo Murillo) y estos grupos paraestatales que asumen tareas de seguridad interna y que han hecho mucho daño a la población.

 

¿Hasta la fecha hubo algún avance judicial, alguna reparación para las víctimas de las masacres?

-Hasta el momento ninguna de las muertes ha tenido resolución. 27 de las 37 se dan en el contexto de asesinato de lesa humanidad con la responsabilidad directa del actual gobierno transitorio de la presidenta Añez. Las otras son registradas dentro de contextos irregulares, como el caso del periodista argentino Sebastián Moro, cuya muerte fue un tanto oscura y ocurrió en los días más álgidos de noviembre, La responsabilidad del Estado es que no tuvo la voluntad para el esclarecimiento. 27 de esas muertes tienen para nosotros una obligación ineludible por parte del Estado por ser crímenes de lesa humanidad, en las otras 10, también hay una obligación porque las víctimas merecen saber lo que ha pasado, merecen justicia y un proceso de reparación integral. Consideramos que nos encontramos ante una crisis de estado que nos ha quebrado como sociedad. Por eso necesitamos asumir un proceso de paz.

 

También se denunciaron múltiples arrestos y detenciones, ¿qué nos puede decir de esta situación?

-Registramos tres grandes olas de detenciones. Entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre se producen 226, entre el 9 y 11 de noviembre se registran 217 y entre el 12 y el 31 de noviembre son 1061. Gran parte recobró la libertad a las 8 horas, pero en el caso de las detenciones de noviembre ya son bajo la acusación de sedición y terrorismo. También se han dado casos de persecución político-judicial.

 

La Defensoría y usted han sido asediadas tras el golpe de Estado con el objetivo de impedir que realizaran su labor…

-Desde que asumió, Añez tuvo la intención de tomar la Defensoría del Pueblo. Las primeras amenazas que recibimos fueron por parte del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que señalaba que la Presidenta y él iban a decidir quién iba a conducir a la institución y, en particular, el destino que iba a correr mi persona en cuanto a mi seguridad. También iniciaron una serie de campañas muy sucias con amenazas, amedrentamiento, intento de toma de oficinas a través de grupos paraestatales para quebrar el trabajo que nosotros realizamos como Defensoría del Pueblo. Le reclamamos al Ministro de Gobierno que nos garantizara la seguridad aunque no le caigamos bien, pero nunca lo hizo. Sufrimos todo tipo de ataques, tanto en la oficina nacional como en las regionales. A un Estado represor, a un Estado policial violador de los derechos humanos no le interesa, no le resulta cómoda una institución que fiscalice.

 

¡Hasta twitter suspendió la cuenta de la Defensoría!

-Sí, y es algo que no se dijo mucho. Twitter dio de baja cinco cuentas de personas que estaban encargadas de la comunicación en la Defensoría del Pueblo. A mí me la suspendieron alrededor de un mes y en el caso de la cuenta institucional la bajaron definitivamente y sacamos una alternativa (@DPBolivia). Paradójicamente son innumerables la cantidad de amenazas que la Defensoría y yo recibimos a través de las cuentas de Twitter o por Facebook.

 

¿Considera que cuando vuelva la democracia a Bolivia le caben a Jeanine Añez responsabilidades penales por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato?

-Sí, el gobierno tiene que rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante su gestión. Esperemos que ella, los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía tengan al menos la posibilidad de ir a un proceso judicial con el respeto de las garantías constitucionales porque en Bolivia hemos esperado por justicia ya 10 meses mientras el Ministerio Publico, el Fiscal General y sus fiscales poco menos que desaparecieron durante todo este período. Han sido más diligentes con las pretensiones de persecución del gobierno que en brindar justicia a nuestro país, en actuar con celeridad y diligencia por los derechos humanos. Yo no sé si los han amedrentando, pero han permitido la persecución en nuestro país. Mientras tanto, la obligación de los defensores de derechos humanos es seguir exigiendo justicia y reparación, como lo hacemos con las violaciones a los derechos humanos desde 1964 (fecha del golpe militar contra Víctor Paz Estenssoro). Por eso, tengan la seguridad que en Bolivia también exigiremos la reparación de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron en octubre de 2019.

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