Por Rosario Hasperué* / Edición Canal Abierto | Sergio Silva es de Colombia y tiene 26 años. Lleva siete trabajando en la ciudad de La Plata y cuatro como activista sindical afiliado al Sindicato Joven CIS-CTA, un gremio reciente que avanza en la organización de trabajadores del Comercio, Industria y Servicios. Estudia psicología, trabaja en comercio y es delegado del CIS-CTA-A en la ciudad.
Lleva dos años como delegado gremial y comenzó a desarrollar un sector migrante dentro del sindicato. “Queremos que puedan vernos como trabajadores, que tenemos realidades totalmente diferentes a las que tiene un argentino o una argentina trabajando acá”, dice Sergio.
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“Nos exponemos a trabajar en empleos tercerizados, a trabajar en negro, a ser explotados, a que muchas veces nos paguen por debajo del salario que nos corresponde, porque simplemente no tenemos una representación gremial. Ahí es donde tenemos que buscar otras posibilidades, como la afiliación directa a la CTA Autónoma; a eso nos agarramos nosotros para tener una representación porque la Central nos cobija más allá de que tengamos un trabajo formal, registrado, o no. Podemos ser monotributistas o trabajar en negro y de todas formas nos representa”. Sergio conoce los laberintos por los que tienen que transitar quienes migran por el derecho a una vida digna.
De los Andes colombianos a la ciudad de las diagonales
Sergio llegó a La Plata para estudiar. En su país la educación está privatizada, así que migró con la ilusión de acceder a una formación universitaria, y para poder mantenerse se encontró “con toda la problemática que significa conseguir trabajo en blanco”.
Su pueblo, Cunday, en el departamento de Tolima, queda en el centro de Colombia. “Somos del campo” aclara. Su familia “quedó allá”, vino solo con unos ahorros que le alcanzaron por cuatro meses.
Luego fueron dos años bastante complicados en la Argentina: “hasta que pude encontrar un trabajo, y creo que ese tipo de cosas lo marcan a uno, no solamente como trabajador sino en la historia de vida de uno. Siempre hay un punto de no retorno cuando uno pasa alguna necesidad, de decir, esto ya lo viví, ya comí fideos con huevo dos años. La primera vez que comí una milanesa con papas fritas llevaba dos años y medio viviendo acá, y fue cuando me empezaron a pagar el sueldo en blanco. La primera vez que compré carne vacuna, fue cuando conseguí trabajo, hay un antes y un después.”
La entrevista termina. Sergio les alcanza una planilla de afiliación a la CTAA a Cheick y a Djiby que la van completando. La charla redunda en la importancia de la organización para la conquista de derechos. “No hay fronteras para quienes tenemos conciencia de clase, y los trabajadores y trabajadoras tenemos que unirnos” dicen.
Así nos ven
Unas 720 mil personas de otros países se radicaron en la Argentina en los últimos tres años y medio. Entre esta población, la senegalesa agrupa a más de 3 mil personas, ubicadas en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en Morón, Varela, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Plata y Bahía Blanca, entre los principales destinos.
“Así nos ven” es una miniserie producida por Netflix que cuenta la historia de cinco jóvenes de Harlem en Nueva York acusados de un crimen que no cometieron en el Central Park. El caso expone el racismo del sistema judicial estadounidense, pero esa indignación ante la brutalidad de la injusticia podría aplicarse en nuestras latitudes a tantos hechos que atraviesan la vida de los 3 mil o 4 mil senegaleses que hoy son perseguidos y estigmatizados.
En La Plata, se encuentra una de las comunidades de senegaleses más numerosas. Son unos 220, en su mayoría varones.
Desde algunos sectores, denuncian que son parte de una red mafiosa de trata y tráfico de personas. Según esas investigaciones, el circuito implica la movilización de personas con fines de explotación desde Senegal a otros países para que se dediquen a la venta ambulante. Hablan de una red transnacional, en la Argentina incluso hay procesados con prisión preventiva.
Según estas denuncias, quienes los traen ejercen una figura de “señorío” sobre las personas traficadas. La Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal lleva adelante una investigación sobre las maniobras de una organización implicada y en las escuchas detectaron que hablaban de unos 6 mil dólares que las personas pagaban para llegar al país. Señalan que esa es una deuda que llevan consigo hasta que puedan pagarla en condiciones de trabajo esclavo. “Lo que están haciendo es reclutarlos para explotación laboral, ya que la ‘explotación de manteros’ en la Argentina es una contravención”, dicen fuentes policiales a la prensa.
Sin embargo, los integrantes de la comunidad senegalesa –heterogénea y organizada por distintas religiones y nucleamientos– lo niegan y dan su propia versión. En la página de Facebook de la comunidad asentada en la ciudad de La Plata, denuncian una estrategia de los medios de comunicación alineados con el gobierno local para la construcción de “una mirada criminalizante y xenófoba mostrando nuestros cuerpos una y otra vez, repitiendo hasta el hartazgo sus mentiras”.
En estas semanas, y en pleno ASPO ante el COVID19, la municipalidad de La Plata presentó una demanda por “trata y tráfico de personas” contra integrantes de la comunidad senegalesa y también del colectivo de abogados La Ciega que colabora voluntariamente con ellos. A las redes de solidaridad de una cultura que no comprenden, las autoridades locales la llaman “trata”. Sin suficientes pruebas, pero amparados en una estrategia mediática, buscan mostrar a las víctimas como victimarios.
La venta ambulante se inscribe en el marco de una necesidad primordial que es el trabajo. Es deber del Estado regular este trabajo, colaborando con las poblaciones para mejorar sus condiciones de vida y lograr un trato igualitario entre todos los comerciantes. La persecución y la estigmatización no representan una solución, por el contrario, es una estrategia peligrosa que está al borde de alentar violencias más difíciles de ordenar que un simple corredor comercial y garantizar a 220 personas su documentación.
La comisión de posibles delitos debe ser investigada y condenada, pero es necesario advertir la construcción en el imaginario social de un escenario racista con foco en una determinada población. Hay intereses económicos, políticos, pero además hay diferencias culturales.
Así nos ven, depende de quienes ven a quién, también se trata de relaciones de poder. Considerar al migrante como un trabajador con derechos, es ciertamente diferente a tratarlo como integrante de una organización criminal.
Migrar y trabajar no sòlo no son delitos, sino que, sobre todo, son derechos humanos. Como dice Djiby, con los ojos enceguecidos, los puños cerrados de impotencia, y con el impulso del aire que se cuela entre los dientes apretados y la pasión que le viene desde adentro: “todos somos humanos, y tenemos derechos”.
*Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTAA de la provincia de Buenos Aires.
*Fotos: AG La Plata