Redacción Canal Abierto | Por primera vez en la gestión de Alberto Fernández, el Gobierno, los empresarios y organizaciones sindicales protagonizan una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Del encuentro virtual de esta tarde -podría continuar en las próximas jornadas- participan el Ministerio de Trabajo de la Nación, cámaras empresarias (industria, comercio, construcción, agro, bancos, Bolsa y pymes) y representantes de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

La última homologación del piso formal fue el 3 de septiembre del 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió de forma unilateral una suba de apenas el 35%, en tres tramos, alcanzando los actuales $16.875, muy por debajo de lo que inclusive en aquel entonces se necesitaba para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

En este nuevo cónclave el Ejecutivo buscará cerrar una suba en torno al 30%, lo que elevaría el actual piso salarial que rige los ingresos de los trabajadores informales a cerca de $22 mil.

Sin embargo, los números que maneja la dirigencia sindical son muy distintos: a groso modo, la propuesta es que se eleve el mínimo en torno a los $45 mil, en línea con los $45.477 de la Canasta Básica Total (para una familia de cuatro miembros) calculada por el INDEC en agosto pasado.

En este sentido, el titular de la CTA Autónoma Ricardo Peidro sostuvo que según un estudio realizado por el Observatorio del Derecho Social de la Central, “en el último quinquenio el haber mínimo perdió un 35,7%, y más de 29,5% ocurrió desde el 2018”.

Si bien desde hace varios años que se encuentra lejos de los valores salariales promedio del empleo formal, este piso sirve como referencia para el universo informal e incluso afecta directamente a varios sectores. Por un lado, a los cerca de 600 mil beneficiarios de la economía popular que perciben el Salario Social Complementario, una asignación equivalente 50% del SMVM (hoy en $8500). A su vez, para los 2 millones de empleados inscriptos en el programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), mediante el cual el Estado cubre la mitad de sus sueldos.

Lo mismo ocurre con los docentes, a quienes el decreto 52/2018 firmado por Mauricio Macri les garantiza una base que por ley nunca debiera estar por debajo del salario mínimo más un 20% del mismo. La resolución a la que llegue el Consejo tripartito también afectará los haberes de los millones de jubilados que cobran la mínima y cuenten con al menos 30 años de aportes.

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