Redacción Canal Abierto | Corren las últimas horas del plazo establecido por el juez Martín Rizzo para el desalojo de las tierras recuperadas en Guernica. Este 15 de octubre vence el lapso definido tras la segunda postergación establecida por el magistrado a pedido del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires que encabeza Andrés Larroque.

“Las familias que desde el mes de julio acudimos a recuperar el predio que hoy habitamos tenemos sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos la decisión judicial de desalojarnos a partir del día 15 de octubre”, expresan en una Carta Abierta al presidente Alberto Fernández los delegados y delegadas de las familias que habitan el predio.

“Somos familias que hemos quedado sin trabajo durante la pandemia, madres jefas de hogar sin ingreso, algunas escapamos de situaciones de violencia familiar, muches tuvimos que elegir entre seguir pagando un alquiler o alimentar a nuestres hijes, otras estábamos en situación de calle o hacinades en viviendas familiares –sigue la carta titulada Guernica: Tierra para vivir. Ni desalojo ni represión–En estos meses hemos afrontado frío, tormentas, falta de agua y hostigamiento policial. No hubiéramos podido soportarlo sin la organización que nos dimos y la solidaridad que nos amparó”.

 

¿Desarmar una bomba o quebrar la organización popular?

El Ministerio de Larroque, en colaboración con otros organismos provinciales, se estableció hace más de un mes en el lugar. La primera acción realizada en conjunto con la organización construida entre los cuatro barrios de la toma a través de un cuerpo de delegados con asambleas cotidianas fue un censo. Posteriormente, se realizó un registro de la situación particular de cada familia y luego la Provincia impulsó la relocalización a la que accedieron y firmaron un acta compromiso un grupo de 400 familias.

Esta medida fue acompañada con obras de mejoramiento habitacional en el distrito de Presidente Perón para asistir a muchas familias de la toma con problemáticas de vivienda que eran vecinos y vecinas de ese distrito.

En esta instancia, se tensó la situación: la organización interna de la recuperación de tierras no pretende abandonar la toma y se cruzan denuncias entre funcionarios y delegados de aprietes a las familias y de intentar quebrar la organización interna.

Larroque denunció que las organizaciones políticas que apoyaron la toma instigan la permanencia en el lugar y fogonean la resistencia a la acción del gobierno. “Nunca vi una cosa igual, que cuando se hace presente el Estado para resolver un conflicto y asumir sus obligaciones, sean las organizaciones las que tengan una actitud agresiva”, sostuvo en una entrevista con el programa radial Pasaron Cosas en los últimos días.

En la carta, los delegados retomaron las palabras de Alberto Fernández en una entrevista reciente con El cohete a la luna, donde dijo no avalar la toma de tierras pero que “el derecho penal no arregla un problema social acuciante al que hay que darle respuesta, con la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente”.  Y agregó: “La respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía”.

En vistas de esos dichos, los delegados solicitaron la intervención del Presidente y denunciaron la negativa de Larroque a considerar la propuesta de urbanización elaborada por la Comisión de Urbanismo y presentada al gobierno provincial y al juez interviniente en la causa. “Se trata de una propuesta concreta que mediante el cumplimiento de la Ley 14.449 por la cual los barrios cerrados deben ceder un 10% de las tierras de los emprendimientos, y sumando la disposición de otra parte del predio que se encuentran en estado de abandono, ‘terrenos baldíos’, de los que nadie acredita fehacientemente ser propietario, permitiría resolver la cantidad de lotes necesaria además de espacios verdes”, explican en el texto.

Por otro lado, denuncian al PJ local de la intendenta Blanca Canteros (esposa el cegetista Carlos Acuña, secretario general del SOESGyPE, gremio de los trabajadores de estaciones de servicio) a quien, dicen, le han “escuchado decir en la cara de funcionarios provinciales que debe priorizar los 18 countrys del distrito, que quieren hacer canchas de rugby y lagos artificiales para deportes náuticos”.

“Si las ocupaciones son una respuesta acuciante al problema habitacional que afecta a 4 millones de familias, entonces es claro que es urgente un plan de entrega de tierras, vivienda y urbanización para restituir este derecho. Si, como señala, desde la dictadura no se encuentran posibilidades distintas al acceso a la tierra, ¿por qué deberían los sectores más postergados encontrar otra vía de acceso a contrarreloj, en plena crisis mundial y en el contexto excepcional de irrupción de una pandemia?”, agregan.

En tanto, corren las horas y las familias esperan ser escuchadas luego de solicitar una entrevista urgente con el Presidente. También esperan que la respuesta a su necesidad sea un derecho y no el monopolio de la violencia “legítima” del Estado.

 

Carta de los delegados y delegadas

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