Redacción Canal Abierto | 22 artículos, cuatro comisiones, 164 oradores, 16 horas de debate, quince años de la Campaña, incontables pañuelos verdes en las calles.

Los números detrás del proyecto de Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Atención Posparto dan cuenta de la magnitud de un problema a resolver que se coló en mesas familiares, reuniones sindicales, peluquerías, bares y universidades.  En programas de chimentos, calles y hasta en iglesias donde las posiciones de las y los fieles –lo sepan o no sus líderes- están divididas.

Desde las 11 de la mañana de este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la sociedad argentina puja por tener un nuevo derecho.

A dos años de aquel agosto donde el Senado mandó la Ley de vuelta a la fila de espera, ni la pandemia impidió que volviera al recinto, esta vez de la mano de un proyecto del Poder Ejecutivo. Con esa impronta, se espera que los legisladores del Frente de Todos que aún no manifestaron su apoyo decidan hacerlo esta madrugada, porque los votos siguen justos.

“Es una deuda de la democracia, para las mujeres adultas y para que nuestras niñas no sean madres y no las obliguen a parir ni a maternar”, afirma Anamá Cardozo, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esa deuda obligó a parir a 2348 niñas sólo en 2020.

Mientras las inmediaciones del Congreso Nacional se llenan de militantes con barbijos verdes y ganas de festejar lo que en 2018 no se pudo, en el recinto circulan los rumores, las especulaciones y las estrategias. Se habla de que el Presidente llegaría por la noche para “empujar” el proyecto. De “darle volumen” al debate. Afuera, la militancia se prepara para emprender una vigilia hasta las 3 de la mañana, donde espera festejar una media sanción que empiece a cambiar la historia.

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