Redacción Canal Abierto | Luego de debatir durante un mes en más de veinte mesas, del Primer Congreso Industrial Del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción realizado a mediados de noviembre surgió una iniciativa que aspira a reactivar la producción, recuperar el salario y generar empleo: la ley de “Compre Argentino”.
“Con el nuevo proyecto de ley, lo que buscamos es que haya un compromiso mucho más serio de que las empresas estatales o con participación estatal compren productos nacionales”, explica Daniel Rosato, empresario y presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), entidad que junto con la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP) –que nuclea a más de 50 organizaciones de todo el país- organizó el Congreso.
El proyecto busca modificar la Ley 27.437, que regula las compras y contrataciones del Estado con el objeto de “otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional”. Pese a ello, su alcance es limitado y, en la práctica, se aplica poco.
“Es una ley administrativa que establece algunas condiciones en beneficio de una pyme que tenga hasta un 15% de diferencia de precio respecto de un producto de origen importado. Pero no es el único régimen de compra. Los ministerios y asociaciones se rigen por distintos decretos y legislaciones que, en general, la esquivan –detalla Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC)-. Se hacen compulsas de precios y, en general, los compradores eligen los productos más baratos, así que puede ganar un importador con un WhatsApp que no tiene empleados, ni estructura, ni paga impuestos”.
Motores de empleo
En la Argentina, el 99,4% del total de empresas son pymes. Ellas emplean al 65% de la mano de obra del país lo que significa que seis de cada diez trabajadores y trabajadoras se emplean en una pequeña o mediana empresa.
Con la pérdida de 25.000 pymes durante los cuatro años de macrismo y –pese a los ATP, las prórrogas y los créditos impulsados desde el Estado- el cierre de otras 21.000 durante el 2020 pandémico, el achicamiento del sector redundó en que el desempleo trepara al 13,1% en el segundo trimestre de este año. Por cada pyme que cierra el cálculo es que se pierden diez puestos de trabajo.
De las que quedan, y según una encuesta reciente realizada por la ENAC, sólo el 48% de las pymes está en condiciones de pagar el próximo aguinaldo en tiempo y forma y sólo el 50% podrá pagar aumentos salariales de hasta un 30%.
Desde esa perspectiva también participó del Congreso Industrial y respalda la medida la CTA Autónoma. “Para nosotros es importante, primero, por la producción: tras años de venir destruyéndose el aparato productivo, lo que se agravó por la crisis de la pandemia, nos parece que fortalecer estas leyes, que la cadena de valor sea argentina y no solamente el ensamble, es muy importante. Segundo, porque esto genera empleo y apunta a la recuperación del salario. Se produce un círculo virtuoso de producción nacional: recuperación del aparato productivo, no depender de las importaciones, y aumento del consumo interno de la mano del empleo y el salario”, señala Ricardo Peidro, secretario general de la Central.
En tanto, Bilanski agrega: “La ley tiene que incluir a las empresas con participación estatal, como YPF, como Aerolíneas Argentinas, que por ahora no están involucradas en el proyecto que se está trabajando en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Eso nos parece una falencia. Son empresas con gran capacidad de compra que están comprando a empresas extranjeras”.
Por otro lado, se busca que en sus contrataciones el Estado reduzca los plazos de pago, que hoy se pueden extender hasta los seis meses. “A una pyme, que hoy tiene costos financieros del 50% anuales, no se le puede pedir que financie al Estado”, advierte el empresario.
Marca país y control estatal
Además de ampliar y hacer cumplir esta priorización de las pymes en las contrataciones estatales, la ley encierra un proyecto más ambicioso: el impulso de la etiqueta de “Compre Argentino”. “Se trata de un sello que identifique que el producto es argentino y que está garantizado bajo las normas de seguridad y calidad que se requieren nacional e internacionalmente. Esto, en el tiempo, va a mejorar la calidad de nuestros productos frente al mundo”, detalla Rosato.
Peidro acuerda: “Es lo contrario a lo que estableció el liberalismo en el país. La etiqueta de producción nacional es revalorizar el trabajo argentino. Es un cambio de un paradigma productivo que apunta al desarrollo nacional y de la región”.
Como parte de la iniciativa se plantean estrategias de control para que las empresas estatales que quieran importar deban pedir autorización a la Secretaría de Industria, y la creación de una Mesa Industrial que controle que ese producto no se puede comprar en la Argentina.
“Tenemos 94 rubros industriales que pueden realizar ese control. De esa manera vamos a ir sustituyendo importaciones, fundamental en un contexto de restricción de divisas. Se trata de generar la demanda para que haya producción”, detalla Rosato.
Crédito y formación
En paralelo, se proyectaron estrategias de formación para los trabajadores durante la jornada laboral, en acuerdo con escuelas técnicas y sindicatos.
Por otro lado, desde las pymes industriales instan al Gobierno a que controle el precio de los llamados “insumos difundidos” -como el acero, el aluminio o el cemento-, materias primas necesarias para producir una gran parte de los bienes consumidos por la población, cuya fabricación está en una mano o en pocas. “No podemos comprar en dólares y vender en pesos, tenemos que tener previsibilidad, saber cuáles van a ser nuestros costos de acá a 60 días. El Estado tiene que regular a las empresas nacionales formadoras de precios”, agrega el dirigente.
De igual manera, el sector impulsa la creación de una Banca Nacional de Desarrollo, que ya está estudiando el Gobierno, para financiar al sector pyme industrial a tasas blandas que no superen el dígito.
Las conversaciones se están llevando adelante con la Secretaría de Industria y con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de Matías Kulfas, quien se reunirá el 22 de diciembre con los referentes pyme. Allí planean hacerle entrega de la propuesta junto con los resultados del Congreso.
“La ley de Compre Argentino tiene que ser vertebral de la capacidad de compra del Estado, dirigida hacia un sector nacional y pyme”, resume Bilanski.
Foto: Crónica