Redacción Canal Abierto | Hace algunos días se conoció que el consorcio que encabezan los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti firmó un acuerdo de compra por EDENOR, la mayor distribuidora eléctrica del país, por un monto inicial de US$ 100 millones para hacerse con el 51% de las acciones, actualmente en poder del holding Pampa Energía que preside Marcelo Mindlin. Se estima que la operación final podría concretarse en US$ 150 millones.

Sin embargo, la transacción deberá ser aprobada por el Ente Nacional de Regulador de Electricidad y el ministerio de Economía de la Nación. El traspaso accionario esta previsto para el 16 de febrero.

La estructura accionaria de EDENOR se complementa con un 27,8% en poder de la ANSES y el resto, 22% aproximadamente, en manos de inversores bursátiles, cotizando en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.

Ahora, un amplio grupo de organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y cámaras pymes proponen que el Gobierno aproveche la operación para ampliar la participación del Estado en la compañía eléctrica y, entre otras cosas, facilitar el manejo tarifario.

En un comunicado firmado por el Grupo Bolívar, la CTA Autónoma, Industriales Pymes Argentinas, el Consejo Productivo Nacional y el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, entre muchos otros, señalan que la situación constituye “una excelente oportunidad para el Estado Nacional, para reordenar el sector eléctrico, ya que la electricidad es un insumo estratégico usado por las industrias, cuyo precio influye en la competitividad de las mismas y que a la vez es usado por la totalidad de la población”.

“Se debe tener en cuenta que Argentina es un país que puede ser autoabastecido en energía en todas sus formas. Dado el monto acordado por la venta de Edenor, es posible la recuperación. Consideramos que los servicios públicos deben estar en manos del Estado o, alternativamente, controlados muy severamente”, agregan.

Además, reclaman revisar los mecanismos de funcionamiento de los entes reguladores, “que están cooptados por las empresas concesionarias”; hacer públicos todos los sumarios abiertos por infracciones al servicio; que se puedan registrar las irregularidades para que, eventualmente, el Estado pueda rescindir sin costo los contratos por falta de cumplimiento de las obligaciones; y que las eléctricas solo puedan operar en el mercado interno para evitar los negociados con sobreprecios en la adquisición de insumos en divisas, salvo para operaciones publicas verificadas.

“El sistema neoliberal imperante ha desarrollado un mecanismo de empresas de servicios públicos cuyo principal objetivo es la extracción de rentas de Argentina. Las compañías han montado un modo de extracción de riquezas, siempre en divisas, utilizando todos los mecanismos oscuros que la legislación no castiga adecuadamente”, denuncian en el texto, y finalmente concluyen: “Solicitamos se examine exhaustivamente la transacción de EDENOR y se vea lo conveniente para la Nación Argentina, no como en una compraventa privada, que no lo es, ya que sin la intervención del Estado no es posible hacerla”.

También aparecen entre los firmantes la Central de Entidades Empresarias, Unidad Popular, Movimiento Proyecto Sur, Unidad Peronista Bonaerense y Corriente 25 de Febrero, entre otros

EDENOR cuenta con 3,2 millones de clientes que representan el 20% de la demanda total de electricidad en el país, con 9 millones de habitantes en la zona de cobertura de la concesión, en el noroeste del Gran Buenos Aires y en norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pampa Energía había ingresado a la concesión en 2006.

 

 Foto: Encuentro de fondos de inversión organizado por EDENOR en la Bolsa de Nueva York, 2017. Crédito: Infobae

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