Redacción Canal Abierto | La CTA Autónoma de Misiones denunció una maniobra que involucra al gobierno y la Justicia provinciales en el desplazamiento de la conducción de la Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada (CELO). De la misma participan socios de la propia entidad que, según la denuncia, buscan restituir el control de la prestadora energética al partido gobernante Frente Renovador para la Concordia Social.

Las maniobras se dan a desde Energía Misiones Sociedad Anónima (EMSA), una empresa mixta con capital mayoritario del Estado provincial cuyo control político está bajo el oficialismo y que recibe la energía de CAMMESA, la mayorista de energía eléctrica del país. EMSA es la encargada de brindarle la energía a CELO y a las demás cooperativas que operan en territorio misionero.

La situación comenzó con el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, lo que originó que la deuda de CELO con EMSA llegara a unos $ 1000 millones contando intereses a comienzos de este año.

Esa es la situación de la que se agarró EMSA para intimar a CELO al pago de una deuda de $ 1000 millones, de los cuales unos $ 350 millones correspondían a capital y unos $ 650 millones a intereses. La particularidad es que es la única de las 9 cooperativas energéticas de Misiones que se encuentran en esta situación. Al resto, que se encuentra en situación similar, le fueron condonados los intereses de sus deudas.

En lo que señalan como el comienzo de la ofensiva contra la dirigencia de la CELO, la presidenta de EMSA Virginia Kluka pidió a la Justicia el embargo de las cajas de recaudación de la cooperativa y dejó abierta la posibilidad de avanzar con el embargo de los bienes de los directivos. A fines de mayo la Justicia hizo lugar al pedido y ordenó el embargo en base a la deuda de los periodos 1 y 2 de 2022. Al mes siguiente, amplió los embargos.

La CELO manifestó voluntad de pagar la deuda, pero pidió una quita de los intereses, por señalarlos como usurarios. La negociación fracasó por falta de voluntad de EMSA de llegar a un acuerdo. En la misma llegó a participar el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad. En una medida inédita, para principios de junio, EMSA tomó el control de las cajas de recaudadoras de la CELO en la sede central y otros tres puntos de cobro.

Inmediatamente, la Ministra de Acción Cooperativa Liliana Rodríguez designó a la contadora Midoyi Kariyama como Fiscalizadora Administrativa y Financiera de la CELO, con lo cual intervino la administración de la cooperativa.

Pocos días después, una reunión de Consejo de Administración convocada de manera que se denuncia como irregular por consejeros y socios de la CELO decidió el desplazamiento de sus cargos del presidente y vicepresidente de la misma Pedro Helge Andersson y Jorge Gabriel Duarte sobre el planteo de que habían incurrido en administración irregular. Lo llamativo de la situación es que en el mismo acto fueron nombrados vocales.

Duarte es Secretario General de la CTA Autónoma y ATE provinciales. Esto puso luces de alerta en ambas organizaciones. La central emitió un comunicado en el que, además de poner en conocimiento la trama tras el desplazamiento de las autoridades de la cooperativa expresó que “el gobierno del Frente Renovador avanza peligrosamente en la persecución política de dirigentes sociales y políticos, que en sus ámbitos de actuación han sido coherentes con las defensas de los derechos de los sectores que representan. Es también un claro ataque contra ATE y CTA-A, de las cuales Jorge `Koki´ Duarte es el Secretario General y al frente de las cuales tiene una actuación intachable.”

Además de energía eléctrica, desde que Andersson y Duarte llegaron a su conducción la CELO comenzó a brindar servicios de agua y saneamiento, telefonía, conexión a internet, distribución de gas envasado y sepelios. Hasta entonces, sus directivos eran parte del oficialismo y oficiaban de trampolín para la carrera política.

En el marco de la intervención de la cooperativa, Andersson y Duarte fueron denunciados penalmente y deberán presentarse a declaración indagatoria este viernes en el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Posadas.

En el comunicado de la CTA Autónoma, se advierte que esta situación “no sólo afecta a quienes fueron denunciados, sino que pretende disciplinar a todos los dirigentes que aun hoy se mantienen críticos al Frente Renovador.

 

 

 

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