Redacción Canal Abierto | En los últimos meses del año pasado, una creciente cantidad de usuarios del servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó a recibir “facturaciones complementarias” emitidas por las privatizadas EDESUR y EDENOR, con montos superiores a los $30.000, y en ocasiones incluso por arriba de los $100.000. Estas facturas “complementarias” se pretendían sumar a las facturaciones mensuales habituales con el argumento de tratarse de “consumos no registrados” por los medidores domiciliarios.
Ante el desconcierto de los usuarios y la imposibilidad de abonar las sumas exigidas, comenzó a incrementarse la cantidad de reclamos recibidos en el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), los organismos de defensa del consumidor y las defensorías del pueblo de varios municipios bonaerenses.
Advirtiendo este notorio incremento de reclamos y tras varias presentaciones formales recibidas de parte de los organismos mencionados, el ENRE difundió la Resolución N° 37/2021 en la cual se ordenó a EDESUR y EDENOR suspender inmediatamente la emisión de este tipo de facturaciones y remitir al ente de control un informe pormenorizado de todas las facturas emitidas por “consumos no registrados” en los últimos 12 meses.
Como fue informado en ocasiones anteriores, en el texto de la Resolución se menciona la existencia de más de 8.000 expedientes iniciados por usuarios del servicio con este motivo de reclamo y que en más del 95% de los casos el análisis del ente de control advirtió errores en la confección de esas facturaciones. Con esto se infiere que existe un abuso sistemático de las empresas monopólicas sobre los usuarios al utilizar de modo irregular una atribución reglamentaria para “recuperar energía consumida y no registrada” por casos específicos de mal funcionamiento de medidores (o incluso manipulación dolosa de los usuarios).
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En la Resolución del ENRE también se menciona la próxima reglamentación de este tipo de facultades para evitar de modo preventivo este tipo de abusos por parte de las empresas distribuidoras, algo que en más de 25 años de concesión privada del servicio eléctrico aún no se ha abordado.
“Consideramos positivas estas medidas porque son pasos en la dirección correcta. Esto permite poner un freno, que el problema no siga creciendo, y también es una señal. De todos modos, para nosotros lo más importante es avanzar rápido con la reglamentación y, sobre todo, que haya un sistema de control permanente, ágil, preventivo y general. Para esto, es necesario dotar de mayores recursos a los trabajadores, fortalecer los sectores de atención a los usuarios, y revertir el deterioro laboral y salarial de los últimos cinco años, expresó Aníbal Mandía, delegado de ATE ENRE.