Redacción Canal Abierto | Las tácticas de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos para aumentar sus ganancias a costa de sus usuarios cautivos nunca terminan. Después de cuatro años de ganancias extraordinarias -con incrementos de más del 3000%-, con las subas tarifarias suspendidas acudieron a métodos más sutiles.
Durante la primera etapa del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), los medidores de electricidad no pudieron ser leídos y los consumos debieron ser estimados. Meses después, Edenor y Edesur emitieron las facturas a los usuarios con el consumo “acumulado” en los escalones tarifarios más caros, como si el consumo de dos o tres bimestres se hubiera realizado en un solo mes. En esa oportunidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ordenó suspender esa metodología. Debieron refacturar los consumos y devolver lo contabilizado de más.
Meses después, se detectaron cientos de casos de usuarios con “recuperos de consumos no registrados” por supuestos defectos en los equipos de medición. En estos casos, Edenor y Edesur exigían a los usuarios abonar sumas retroactivas de hasta un año de consumo por medidores que, según las propias empresas, habían “dejado de funcionar”. A pesar de que las compañías están obligadas a enviar a sus empleados a realizar lecturas de los consumos cada dos meses, con lo que fácilmente podrían haber detectado esos desperfectos, reclamaban a los usuarios abonar en un pago el acumulado de un año de consumo. Nuevamente, en octubre del año pasado, el ENRE ordenó anular esas facturaciones e impuso sanciones de hasta $8.000 por cada usuario damnificado.
Pero las empresas volvieron a la carga. Ahora surgieron miles de casos de supuestos “consumos no registrados” en los que Edesur y Edenor argumentan haber encontrado “manipulaciones dolosas” de los medidores, conexiones clandestinas y otras situaciones imputables a los usuarios. Según la reglamentación vigente, en estos casos las empresas están habilitadas para facturar retroactivamente hasta dos años, e incluso aplicar recargos a los usuarios de hasta el 40% sobre la energía recuperada. En toda esta operatoria la empresa actúa como juez y parte, sin control previo a la emisión de las facturas.
Frente a esta situación, fuentes de un área técnica del ENRE explicaron a Canal Abierto: “Ésta es una operatoria muy antigua de las empresas, que viene de la época de las privatizaciones. Al privatizarse el servicio, se dejó en manos de las nuevas empresas esta facultad y obviamente hacen uso de la misma con otra lógica, una lógica privada”.
Afirman que en el ENRE se estudian estos reclamos de los usuarios y en más de un 90% de los casos se anulan las facturaciones o se corrigen y se aplican sanciones, pero que solo una mínima parte de los usuarios damnificados acuden a reclamar. “La gran mayoría pide planes de pago y paga, por lo que la empresa continúa con estas prácticas”, sostienen.
Botón de muestra
Leticia, usuaria del partido de Tres de Febrero, recibió en su domicilio en los primeros días de noviembre una nota en la que Edenor le informaba que “en una inspección” (sin precisar fecha) se habían detectado “anomalías en el funcionamiento del medidor” que “impidieron el normal registro de los consumos” entre el 2 de marzo de 2019 y el 10 de mayo de 2020. Por esa razón, se le exigía abonar la suma de $36.420,12 en un solo pago. En la misma carta, la invitaban a “acordar una formalidad de pago” y se la amenazaba con la suspensión del servicio.
Al recibir esta comunicación, Leticia hizo el reclamo ante la empresa y comenzó a averiguar cómo hacer lo propio ante Defensa del Consumidor. Sin embargo, ya para el 9 de noviembre Edenor había incluido los $36.420.12 en las factura del servicio eléctrico habitual en concepto de “Saldo Anterior”. De ese modo, la facturación mensual de Leticia pasó de $2.317,79 a $39.373,56.
“Hice un plan de pago de seis cuotas para que el monto no se siguiera incrementando con intereses -relata Leticia-, pero voy a seguir con los reclamos hasta que alguien me asegure que esto está bien”.
Según cuentan en el ENRE, los casos como el suyo son miles, tanto de Edenor como de Edesur, y en todos los municipios del Conurbano. Allí, los reclamos recibidos por estas razones se incrementaron un 400% entre noviembre y diciembre del año pasado, y en la actualidad son el principal motivo de reclamo de los usuarios.
Hay que reclamar
Al recibir una factura de electricidad de más de $30.000, la mayoría de los usuarios no sabe qué hacer. La primera reacción es llamar a la propia empresa, pero sus empleados están entrenados para inducir a los usuarios a pagar, no para asesorarlos sobre cómo no hacerlo.
“Nosotros recomendamos siempre llamar al ENRE para asesorarse o a una asociación de Defensa del Consumidor municipal o nacional, y recién después hacer el reclamo en la empresa -afirma Aníbal Mandia, abogado y delegado de ATE en el ENRE-. El reclamo siempre primero hay que hacerlo ante Edesur o Edenor porque así está reglamentado actualmente, pero si las empresas no dan una respuesta satisfactoria o no responden en quince días, ya se puede reclamar en el ENRE”.
Actualmente, sólo del periodo 2018-2020 y sólo por esta razón, en el organismo público hay más de 8.000 expedientes electrónicos acumulados.
“Lamentablemente, los reclamos están demorando más de un año en resolverse porque hubo un gran deterioro durante los cuatro años de macrismo -cuenta Mandia-. Pasamos de estar al día y resolver los casos en un máximo de 30 días en diciembre de 2015, a tener 40.000 expedientes acumulados en diciembre de 2019”.
Gran parte de la demora radica en que, entre 2016 y 2019, se redujo un 20% la cantidad de trabajadores del sector de atención a los usuarios del ENRE a pesar de que el trabajo se duplicó por efecto del tarifazo, situación que aún no se revirtió. “Se redujo de 40.000 a 30.000 la cantidad de reclamos acumulados en un año, pero sigue habiendo menos de diez trabajadores para hacer el análisis de este tipo de reclamos”, señala el abogado.
Según detallan, la nueva gestión del ENRE realizó algunas acciones importantes para evitar abusos y reducir la cantidad de reclamos acumulados, pero faltan cambios entre los que cuentan: el dictamen de resoluciones reglamentarias, la realización de más auditorías y controles previos, y mayores sanciones a las empresas.