Por Alicia Rivas | María Ovando lleva casi cuatro meses presa en el Penal de Mujeres de Villa Lanús, en Posadas, Misiones. Fue condenada por el Tribunal Oral de Eldorado el pasado 28 de octubre a la pena de 20 años de prisión por no haber evitado los abusos sexuales de una nieta y dos hijas. Una causa que comenzó a instruirse en 2015 y que podría describirse como un muestrario de falta de perspectiva de género y de desconocimiento del derecho de los operadores judiciales que intervinieron en todas las instancias.
María afrontó todo este proceso en libertad. Cumplió con cada requerimiento judicial, acosada no sólo por la Justicia penal sino también por la de familia, que montó sobre ella y sus hijes un dispositivo de control agobiante y sumamente violento. Al momento de la condena no había un solo elemento que pudiera explicar la inmediata detención que ordenó el Tribunal presidido por la jueza Lyda Ines Gallardo. Como tampoco había elementos que pudieran justificar los 20 años de prisión a la que la sentenciaron.
Esta arbitrariedad también se refleja en la prisión ilegal de los dos adolescentes que fueron atrapados en esta causa, condenados junto a ella y que ya llevan más de seis años detenidos con prisión preventiva que viola todas las garantías constitucionales que el Estado Argentino está obligado a cumplimentar.
Tras la detención de María, su defensa presentó de manera inmediata un pedido de excarcelación, argumentando que es su derecho esperar en libertad hasta tanto se revise la condena y ésta quede firme o se logre su absolución, tal como se reclama. Ese pedido fue rechazado sin argumentos.
A principios de noviembre se presentó un recurso de casación contra la sentencia, por lo que la misma está suspendida. Este recurso debe tramitarlo el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, sin plazos ciertos. Es decir, la detención de María se volvió arbitraria e ilegal.
El habeas corpus de Norita
Ésta es la segunda criminalización y encarcelamiento de María. Estuvo detenida entre marzo de 2011 y noviembre de 2012, acusada de abandono de persona agravado por el vínculo. La Justicia pretendió responsabilizarla por la muerte de una de sus pequeñas hijas, un caso que se convirtió en paradigmático de la criminalización de mujeres-madres en situación de extrema vulnerabilidad y del intento del Estado de deslindar responsabilidades para garantizar derechos.
En torno a la defensa de María se articularon diversos colectivos feministas, de derechos humanos, activistas, entre ellas Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, quien firmó el habeas corpus presentado a principios de diciembre pidiendo su libertad.
Pasaron casi tres meses de la presentación del recurso. En diciembre había sido rechazado de manera inconstitucional por la jueza Marcela Leiva. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores corrigió esa situación haciendo lugar a la nulidad presentada por la defensa de María y ordenó que el habeas corpus sea tramitado. La jueza Leiva se inhibió y el reclamo pasó al juzgado Correccional y de Menores a cargo de César Jiménez.
“Estoy perdiendo todo de nuevo”
La audiencia con Jiménez comenzó cerca del mediodía, por viodeoconferencia. María se conectó desde el penal y pudo explicarle al juez la situación por la que está atravesando. Es persona de riesgo, se le detectó diabetes y además está medicada para la hipertensión. Pero su principal preocupación es la situación de los hijos que quedaron a la deriva con su detención. En particular dos de ellos, con quienes vivía hasta octubre pasado: un adolescente de 15 años y un joven epiléptico, con problemas de adicciones y graves afectaciones neurológicas.
Roxana Rivas, una de las defensoras de María, destacó que se pudo explicitar ante el juez que no hay ningún elemento que justifique la prisión preventiva de María. “No hay peligro de fuga, ella siempre estuvo a disposición de todas las etapas de la investigación, y sobre todo hay que decir que la condena no está firme, por lo que no es legal que siga detenida”, apuntó.
La resolución de Jiménez se conocerá mañana. “Pedimos que se aplique el derecho. Acá estamos naturalizando siempre que se puede ir al margen del derecho cuando tanto el derecho de fondo como el procesal establecen que María tiene que estar libre”, finalizó Rivas.