Canal Abierto Radio | Con la firma de Norita Cortiñas, la defensa presentó un habeas corpus pidiendo la inmediata liberación de María, que fue condenada a 20 años de prisión por “no impedir” un abuso sexual contra sus hijas y su nieta.

También en noviembre de 2012 fue juzgada por “abandono de persona agravada por el vínculo” tras la muerte de su hija de 3 años, como consecuencia de un cuadro de desnutrición. Estuvo un año y medio presa y luego fue absuelta gracias a la movilización popular. “En ese momento había sido caracterizada como una ‘mala madre’ y con esos estándares se la juzgó”, comentó Alicia Rivas, periodista misionera y dirigente de la CTA Autónoma provincial.

Ahora, la acusaron por el mismo delito y le otorgaron una “condena desproporcionada”. No solo las organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos expresaron su rechazo ante esta nueva embestida del poder judicial sino que el propio el presidente del Tribunal Oral Penal 1 de Misiones, Atilio León, “se inhibió y dijo ´no queda claro qué es lo que hay que juzgar acá, no está clara la acusación y no tengo nada que juzgar´; y tuvimos que empezar de nuevo el juicio”, explicó la periodista.

“El Poder Judicial hizo una investigación tan superflua sobre este hecho que termina condenando a esa persona que cometió el abuso sexual por abuso sexual simple y desliga la investigación, los relatos que hicieron las niñas los usaron para incriminar a María y a estos dos adolescentes que eran en ese momento Marcos y Lucas, y esa otra causa es como que no tienen ninguna conexión”, agregó.

En 2012, María Ovando había sido absuelta por el mismo tribunal en un juicio oral al que llegó presa, acusada de negligencia en la causa por la muerte por desnutrición de su pequeña hija Carolina. Su niña murió en sus brazos cuando intentaba llegar a un hospital de la zona.

En esta ocasión, llegó acusada de un delito de omisión por no haber impedido el abuso sexual hacia una de sus hijas y una de sus nietas, al igual que Ferreira y Laurindo. Hechos sobre los cuales la investigación fiscal no pudo precisar el tiempo, el modo, ni el lugar en que habrían ocurrido.

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En este nuevo juicio, el Tribunal condenó a 18 años a Marcos Iván Laurindo y 12 a Lucas Sebastián Ferreira bajo la carátula de “abuso sexual con acceso carnal”. La defensa a cargo de la abogada Roxana Rivas, sostiene que los crímenes no fueron cometidos por los dos jóvenes, sino que ocurrieron posteriormente a que la jueza Margarita Potschka resolviera quitarle la guarda de las dos niñas en 2015.

“Hicimos una presentación por hostigamiento en el Comité Contra la Tortura porque las condiciones, no solo para ella sino para quienes están privadas de su libertad acá, fueron endureciéndose en estos meses. Violencia verbal, simbólica, psicológica, hostigamiento, casi reducción a la servidumbre, es una situación compleja. Ella está intentando adaptarse en ese proceso, es una María más fuerte y con más nexos en el afuera, con sus hijos e hijas que son mucho más grandes. Y con ella encarcelada nosotras decimos que nos metieron a todas las mujeres a la cárcel”, describe Rivas.

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