Redacción Canal Abierto | La historia reciente colombiana ha estado marcada a sangre y fuego: primero, en el marco del período conocido como la Violencia (1925-1958), donde la disputa entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador se cobró la vida de al menos cien mil personas. A esta guerra civil no declarada le seguirían décadas de conflictos que -según estimaciones de distintos organismos no gubernamentales- , sumarían 220.000 asesinatos (de los cuales, 177.307 eran civiles) y cerca de 8 millones de personas desplazadas de sus territorios.
En este sentido, hubo un hecho trascendente que prometió convertirse en el primer paso hacia la pacificación nacional, el acuerdo de paz sellado por el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016. No obstante, recientes informes de organismos de derechos humanos del país sudamericano revelaron un incremento de la violencia contra líderes y lideresas sociales e indígenas, de la mano de un fortalecimiento de la miltarización estatal y paraestatal.
Con estadísticas difíciles de elaborar debido a las características del conflicto, las cifras varían entre más de 400 muertes (desde 2016 hasta 2020), según Human Right Watch (HRW); más de 700 según la Defensoría del Pueblo de Colombia, o más de mil, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Solo entre enero y febrero de 2021, ya fueron asesinados 73 líderes sociales y excombatientes. De hecho, este mes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, pidió al Estado colombiano que tome acciones para evitar estos crímenes.
Como señaló Rodrigo Vargas Becerra, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos del Valle del Cauca (que se encuentra en el suroeste de Colombia, junto al Océano Pacífico), “los asesinados siempre son líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, promotores de la paz y guerrilleros firmantes de los acuerdos de paz por eso estamos tratando de visibilizar, porque cada día se acrecienta esa cifra luctuosa”. En julio del año pasado, en diálogo con Canal Abierto, el dirigente social afirmó que una de las causas estructurales de la violencia “es el problema de la tierra y del narcotráfico”. El censo agropecuario de 2015 indica que un 1% concentra el 81% de la tierra.
En diciembre de 2020, el presidente Iván Duque dijo que los asesinatos de líderes sociales no son un fenómeno de su Gobierno, sino que “viene de más atrás” y que la gran mayoría de ellos se vinculan a la narco-estructura de grupos paramilitares.
Luz Ayda Conchave Lana
19/02/2021
Alto Baudó, Chocó
Luz Ayda pertenecía a la comunidad indígena Emberá Dobidá Mohamía del Resguardo Alto Río Baudó Chori Jurubira.
Fue asesinada en medio de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el municipio de Alto Baudo, Chocó. pic.twitter.com/vPukqRKWGs
— 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 🇿 (@Indepaz) February 20, 2021
Por su parte, el vocero de la ONG colombiana Congreso de los Pueblos, Jimmy Moreno apuntó: “la escalada de esa violencia se hace más notoria en el Gobierno de Duque” y recordó que, desde 2018, cuando el mandatario asumió el poder político, “hace un llamado a la guerra como método para mantener su política de seguridad democrática”.
“Es la continuación de la seguridad democrática del Gobierno de (Álvaro) Uribe, y su propósito es que los militares asumen el control territorial para `proteger las comunidades´ pero en el fondo la intención es profundizar la guerra y tener el control de las riquezas y bienes naturales que allí se concentran”, señaló Moreno.
La connivencia estatal, herencia del uribismo
Tras casi tres años de investigación, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia publicó un estudio sobre el número de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en medio de combates, lo que se conoce como “falsos positivos”. El tribunal surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC lanzó una cifra que estremece: solo entre 2002 y 2008, fueron asesinados 6.402 inocentes. La revelación vuelve a poner el foco en la política del expresidente Álvaro Uribe, presidente durante el periodo investigado.
Más de 6.400 casos de «falsos positivos» en #Colombia
Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz empezara a trabajar ha habido militares que confesaron hasta 70 casos de ejecuciones extrajudiciales, dice @arielanaliza de @parescolombia. #DWNoticias /ir pic.twitter.com/pI65NhhEzh
— DW Español (@dw_espanol) February 19, 2021
En diciembre de 2019, la Justicia colombiana descubrió la primera fosa común de falsos positivos: en el municipio de Dabeiba, Antioquia, se encontraron 50 civiles asesinados a manos del ejército entre el 2006 y 2008.
Numerosos analistas internacionales han argumentado a favor de un potencial juzgamiento de estos crímenes como de lesa humanidad, e incluso sobre la posibilidad de llevar al ex presidente Uribe a la Corte Penal Internacional.