Redacción Canal Abierto | Con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 138/21, el gobierno echó por tierra uno de los tantos DNU con tintes reaccionarios del gobierno de Mauricio Macri. Se trata del DNU 70/17, que agilizaba los procesos de deportación para extranjeros con antecedentes penales. También afectaba a personas migrantes que tuvieran alguna condena, aunque esta no fuera firme.
El mismo año de su sanción, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (COPADI) presentaron un amparo colectivo solicitando la nulidad absoluta del DNU. Esta medida fue rechazada en primera instancia, concedida por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y actualmente se encontraba a la espera de resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
DESTTanto entonces cuando eran oficialismo, como hoy en su lugar de oposición, dirigentes de Juntos por el Cambio defendieron el DNU impuesto por su gobierno bajo el argumento de uno de los grandes caballitos de batalla de su estrategia de marketing: el combate al narcotráfico.
“El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”, expresó en su cuenta de Twitter la presidenta del PRO Patricia Bullrich, quien frente al Ministerio de Seguridad fue una de las grandes impulsoras de la lucha contra el narcotráfico como narrativa.
A contrapelo de esta postura, las organizaciones que patrocinaron esta derogación saludaron el nuevo decreto. “Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años”, twitteó el CELS.
En declaraciones a Canal Abierto, la abogada de CAREF Lucía Galoppo manifestó que “nos parece muy importantes los argumentos que contiene el decreto que ha tomado en consideración recomendaciones de los comités y de la Comisión Interamericana y de Naciones Unidas que fueron los que en estos años pusieron la alarma sobre este tema”,
Y agregó que esta medida “da cuenta del resultado del trabajo de las organizaciones que estuvimos poniendo el tema en agenda, cosa que finalmente se alcanzó. También creemos que es una señal del gobierno de querer recuperar la agenda de derechos humanos que había quedado relegada”
El DNU 70/17 fue publicado el 27 de enero de 2017. Durante más de 4 años habilitó la discrecionalidad a las autoridades para expulsar a personas extranjeras. Sobre esto, Galoppo expuso que “al principio tuvo un efecto social y comunicacional muy fuerte y los migrantes efectivamente se veían reflejados en el discurso público como personas peligrosas, delincuentes. Hubo una asociación entre la migración y la criminalidad muy importante que impactó socialmente. Las distintas instituciones empiezan a responder distinto ante las solicitudes de las personas migrantes pro este discurso público instalado”.
La abogada subrayó que un de los efectos más nocivos lo subieron niños y niñas ya que “el impacto más duro y más fuerte es la separación de familias. la cantidad de niños y niñas que se vieron deparados de sus padres y madres por la aplicación de este decreto si haber sido tenido esto en cuenta para la evaluación de la situación”.
También refutó el impacto que esta derogación pueda tener en la persecución a la narcocriminalidad ya que “en el decreto se observa que no tenía como fin la persecución del narcotráfico como delito y sus consecuencias. De hecho, discursivamente apuntaba a perseguir criminales peligrosos entendiendo que esos eran los migrantes, pero por otra parte los delitos que se castigaban con la expulsión eran los delitos leves, con condenas menos graves, con lo cual no tenía un efecto sobre el narcotráfico que ya estaba penado con la expulsión. Lo que hacía este decreto era atacar a los eslabones más débiles de esas cadenas. En realidad, nunca fue efectivo para la persecución del narcotráfico ni mucho menos”.
Si bien esta derogación es el aspecto más palpable en lo inmediato para la comunidad migrante en nuestro país, no es el único que resaltó la abogada. Galoppo enfatizó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria para proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la actual Ley de Migraciones. “Esperamos que sea plural, amplia y que nos permita llevar las voces sobre todo de las personas migrantes y de las organizaciones que trabajamos hace tantos años”, sostuvo.