Redacción Canal Abierto | Durante 2018 y 2019, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Área de Extranjeros en Prisión y Argentinos Privados de la Libertad en el Exterior de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) realizaron una investigación exploratoria destinada a relevar el impacto de la detención y el proceso penal en personas migrantes.

María Inés Pacceca, responsable del área de investigación de CAREF, dialogó con Canal Abierto y explicó la situación actual de los migrantes en penitenciarías.

En esta ocasión, comenta la investigadora, el espectro de análisis se concentró en aquellas personas extranjeras que ya vivían en Argentina al momento de ser procesadas o condenadas y que al cumplir con los tiempos penales querían continuar su residencia en el país.

“Nos interesaba mirar esos casos porque para esas personas hay como un doble castigo: cometieron un delito –o no- y hay una condena que está firme. Una vez que la cumplen, aunque quieran quedarse en Argentina, no pueden regularizar su situación migratoria al menos por diez años. A pesar de cumplir sus condenas, su situación en el país es muy precaria porque no pueden acceder al DNI”, explicó Pacceca.

Si un migrante vivió -por ejemplo- desde los 7 años en Argentina, consiguió su DNI de residente temporario y después el permanente, y con 35 años tuvo un conflicto con la ley penal, se lo procesa, se lo condena, cumple su tiempo, pero cuando sale ya no tiene más DNI. “Y sigue así por diez años más. Sigue viviendo en el país, tiene hijos argentinos, pero al no tener DNI es casi un fantasma civil y no hay muchas cosas que puedan hacer”, comentó la referente de CAREF.

El registro del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena comenzó en 2002. En ese momento se contabilizó un aproximado de 45.000 personas detenidas, tanto en cárceles federales como provinciales. El último año registrado en la base de datos es 2017, y la cantidad de presos ascendió a 85.000.

“Lo interesante es que, a pesar de ese gran crecimiento en términos absolutos, la proporción de personas extranjeras detenidas es constante. O sea que la población carcelaria aumentó y que creció la cantidad de personas argentinas detenidas, pero sobre el total, la cantidad de personas extranjeras es la misma. Cuando se mira el total, el promedio de extranjeros es de entre un 5% y un 6%”, agregó Pacceca.

Otro prejuicio que persigue a los extranjeros en Argentina es la supuesta quita de trabajo a los argentinos. La mano de obra en negro y más barata suele ser la excusa al criticar esto. Sin embargo, -explica Pacceca- un informe de la OIT muestra que la regularización de migrantes no generó desocupación ni mayor cantidad de trabajo no registrado entre los nacionales.

“Crecen al mismo tiempo la regularización, las tasas de ocupación y el trabajo registrado para nacionales y migrantes. Y para migrantes, el trabajo registrado siempre es en menor cantidad que para los nacionales. No hay anda que muestre que a mayor regularización de extranjeros haya mayor desocupación de los nativos, o que a mayor regularización de migrantes haya mayor incidencia del trabajo informal entre los nacionales. A esa idea de que si se regulariza a los extranjeros expulsan del mercado a los nativos, los números lo niegan contundentemente”, sentenció la investigadora.

 

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