Redacción Canal Abierto | El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional. El primer caso en la región se detectó en Brasil el 25 de febrero de 2020 y, tras la notificación de casos en todos los continentes a escala comunitaria, el 11 de marzo la OMS declaró que el brote de COVID-19 podía considerarse una pandemia.

Al cabo de un mes, casi todos los países de la región cerraban escuelas, aeropuertos y negocios, e implementaban distintas medidas restrictivas en un intento por controlar la pandemia.

Para fines de enero 2021, el total de muertes por COVID-19 de la región excedió las 600,000 a fines de enero de 2021, uno de cada cuatro fallecimientos del globo.

Hoy, a esta trágica cifra se le suma un profundo costo social y económico. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que la pobreza extrema habrá escalado hasta su nivel más alto desde el año 2000: el 12,5% -más de un punto porcentual que hace un año- de los Latinoamericanos está ahora en esa situación.

“Los grandes perdedores, como siempre, son los pobres”, indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal, durante la presentación del informe Panorama Social 2020.

Si bien el estudio señala que ya desde 2014 se observaba un incremento continuo de la desigualdad, los indicadores revelan que en el último año cayeron en la pobreza unas 22 millones personas. Bajo ese umbral hoy la región contabiliza unos 209 millones. De ellos, 78 millones bajo la pobreza extrema (8 millones más que un año antes).

La desocupación en América Latina alcanzó el 10,7% hacia fines de 2020, un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019.

A partir de estos indicadores, el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas advierte sobre la “urgente” necesidad de avanzar hacia un verdadero estado de bienestar. “Abordar los factores que originan el malestar, con políticas sociales centradas en el goce de derechos, la igualdad, el reconocimiento y el trato digno, junto a la construcción de pactos sociales orientados a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas, es fundamental para evitar niveles crecientes de conflictividad, expresiones de violencia y crisis de representación y legitimidad democrática que obstaculizan el desempeño económico”, plantean los técnicos de la CEPAL.

Imagen: RONCORONI / EFE

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