Redacción Canal Abierto | Un reciente informe de la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés) identifica las principales regiones afectadas por la desforestación en el continente, pero también sus principales causas. “En América Latina, la ganadería, la agricultura a gran escala, la agricultura de subsistencia, la minería, la infraestructura de transporte y los incendios se resaltan como los mayores impulsores de pérdida de bosque”, señala en su sitio la Fundación Vida Silvestre Argentina, asociada a la WWF.
La provincia de Chubut sufre desde el martes pasado los efectos de varios focos de incendio. Si bien aún se desconoce la cantidad de hectáreas quemadas, los últimos datos del Gobierno apuntan a más de 200 viviendas afectadas, 15 personas desaparecidas y un muerto. Además, hay pueblos enteros sin agua ni luz.
Por estas horas, la Justicia investiga el origen del fuego, mientras llegan peritos a la zona para analizar los rastros que puedan arrojar luz sobre sus causas o responsables. Por lo pronto, nadie duda del carácter intencional de los siniestros.
“Hablamos de focos intencionales, y no tenemos ninguna duda al respecto, porque la única forma natural en que se pueden dar es con la caída de rayos, fenómenos muy poco frecuentes en la zona de los bosques patagónicos”, asegura a Canal Abierto Federico Soria, técnico de la Administración de Parques Nacionales.
Hoy los portales de noticias amanecieron con la denuncia presentada por el senador Alberto Weretilneck sobre la supuesta implicación de “agrupaciones militantes mapuches”, un eufemismo que para muchos resonó a la estrategia macrista de construcción de un enemigo interno. Sin embargo, no son pocos los colectivos ambientalistas y vecinos que ponen el foco en la relación que existe entre las áreas desvastadas y diversas concesiones mineras y proyectos inmobiliarios.
Actualmente siete provincias prohíben técnicas de extracción de minerales por fuera del código de minería de la Nación: Chubut, La Pampa, Mendoza, Córdoba, San Luis, Tierra del Fiego y Tucumán. El distrito gobernado por Mariano Arcioni, mediante la ley 5001 sancionada el 8 de mayo de 2003, prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción de minera.
Pese a esto, aún está vigente un Código Minero para la otorgación de concesiones de porciones del territorio provincial destinados a prospección, explotación o explotación de minerales. Según el Catastro y Padrón Minero de la Provincia del Chubut existen en total 4.895 concesiones mineras otorgadas, que en total abarcan algo más del 20% del territorio provincial (en la zona cordillerana abarca cerca de 400 mil hectáreas). Más del 60% de la superficie total concesionada es para búsqueda, exploración o extracción de oro o uranio. Cada concesión minera es un pedazo de territorio que el Estado otorga a particulares, personas físicas o empresas. O sea, un pedazo del territorio donde el Gobierno está suscribiendo la posibilidad de que allí el particular que es dueño, por cuenta propia o de terceros, pueda llegar a desarrollar en algún momento una explotación no deseada por la población que habita ese territorio o su entorno.
El problema es que en la cordillera hay bosques, y el oro está debajo por debajo de estos. Por un lado, este escollo para los negociados megamineros está vinculado a las enormes dimensiones que tienen dichas explotaciones (con sus pozos a cielo abierto, escombreras y diques de colas). “Para eso, el bosque en su totalidad debe ser eliminado y desde ya, los incendios van abriendo el camino”, apunta Soria.
A su vez, en esta región existe un ordenamiento territorial para la protección de bosques nativos con zonas “rojas” en las que está prohibido cualquier tipo desforestación. “La mayoría de estas hectáreas concesionadas coinciden con estas áreas protegidas”, cuenta Soria. “Por eso se entiende que una de las finalidades de estos incendios intencionales sería allanar el camino para futuras explotaciones metalíferas”.
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Ante la pregunta sobre quiénes podrían estar detrás de estos incendios intencionales, Soria asegura: “hay grandes mineras, multinacionales, que ya explotan recursos en otros distritos de nuestro país, pero también firmas locales que son subsidiarias. Tampoco podemos descartar que haya intereses de emprendimientos inmobiliarios o de corporaciones madereras para la plantaciones de pino”.
“En 2015 hubo grandes incendios, se quemaron más de 60 mil hectáreas de bosque nativo de Chubut, y en aquel entonces también denunciamos lo mismo. Al tiempo salió una ley para que si un bosque catalogado como protegido se quema, después no puedan cambiar la categoría de uso”, explica. “La legislación está, pero los incendios siguen ocurriendo y los culpables no aparecen”.
“Esto ya pasó muchas veces, incluso en la denominada Conquista del Desierto, cuando el Estado argentino quemó casi todos los bosques de la cordillera patagónica. En su gran mayoría, los bosques que vemos hoy son un bosques regenerados, no los originarios”, recuerda Soria. “Desde entonces el bosque es entendido como un bloqueo o impedimento para el progreso, y algo por lo cual debe ser eliminado. Esta concepción sigue vigente para el modelo extractivista que actualmente domina la Argentina”.
El mismo ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, viajó a la zona e impulsó una denuncia para investigar a los culpables del incendio, al mismo tiempo que el Gobierno Nacional dispuso el arribo de aviones y camiones hidrantes, cuadrillas del Plan Nacional de Manejo del Fuego y dispositivos para seguridad.
Hoy la urgencia apunta a controlar y sofocar los distintos focos. Sin embargo, no parece ser suficiente. Más allá de las responsabilidades particulares, queda a la vista la inacción, desidia o negligencia por parte del Estado para prevenir y penar estas acciones criminales.
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FOTO: MATIAS GARAY (AP)