Canal Abierto Radio | Un nuevo informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma aborda las principales consecuencias de la pandemia en el mundo del trabajo, al ser “una de las dimensiones más relevantes para el interés colectivo luego de aquellas cuestiones vinculadas a la protección de la salud y la vida de la población”, como expresa su presentación.
Las investigadoras Jimena Frankel y Mariana Campos explicaron a Canal Abierto Radio que el informe se realiza todos los años, pero el de 2020 “es un informe especial”. El relevamiento no se sitúa solamente en el 2020, “sino que toma datos de lo que venía sucediendo antes”.
Las investigadoras recuerdan que “había estancamiento económico, el empleo no crecía, solo las formas más precarias del empleo crecían, el salario real venía cayendo, con lo cual era un desafío para el conjunto del movimiento obrero iniciar un año donde se puedan dar unas batallas en materia de conflicto y negociación para empezar a recuperar lo perdido”
Durante el último año, las referencias del impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo fueron generalizadas. En particular, la persistente caída del empleo y los salarios fue reflejada en los informes periódicos publicados por distintas instancias gubernamentales y recibió una atención central en los medios de comunicación, que mayoritariamente optaron por concentrar su mirada en la foto del 2020, en vez de analizarlos como parte un proceso cuyos orígenes se remontan a 2012 y que a partir de 2018 tomó un marcado sesgo desfavorable para los trabajadores y trabajadoras. La intervención estatal para tratar de mitigar, al menos parcialmente, los efectos de la crisis también fue abordada desde múltiples perspectivas.
Los ejes de este trabajo son el mercado de fuerza de trabajo, con las variables de empleo y salario; la conflictividad laboral y la negociación colectiva. El inicio de la cuarentena en marzo incrementó las dificultades y los conflictos, y luego el Estado debió tomar medidas de contención, evitar los despidos y suspensiones, aportar las ATP, en lo que al mundo del trabajo refiere.
La agenda de intervención estatal sobre el sistema de relaciones laborales, aun en un año muy particular, no se limitó a medidas vinculadas estrictamente al impacto de la pandemia del Covid 19: ATP, IFE, prohibición de despidos, etc. En efecto, durante el año 2020 distintas iniciativas que afectan de manera más o menos directa a los trabajadores y trabajadoras fueron impulsadas y aprobadas a nivel legislativo: el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, la sanción de la Ley 27.555 que reguló la modalidad del teletrabajo, el dictado del decreto 721/20 por medio del cual se garantiza el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, y la aprobación de la Ley 27.605 que estableció una contribución extraordinaria a las grandes fortunas destinada a financiar los gastos originados en la pandemia.
Hubo diferencias entre trabajadoras y trabajadoras de las modalidades más precarias, como monotributistas, changarines; y por otro lado los que al estar en distintos rubros, tienen “una disparidad salarial importante, no es lo mismo un gastronómico que una misma persona en el sector aceitero” explicó Frenkel.
Los sectores más afectados son los que están en crisis desde el 2012 y mayormente desde el 2015. Las investigadoras señalaron que son además “los beneficiados de la IFE y que terminaron subsistiendo gracias a la presión de los movimientos sociales”. Por otro lado, los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones o plataformas “fueron los más expuestos, y estuvieron en gran actividad”.
El informe se puede leer completo en el sitio de la CTA Autónoma o descargar aquí.