Redacción Canal Abierto | Ante el inminente vencimiento del plazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 320/2020 que ordenaba la suspensión de desalojos en todo el territorio nacional y congelaba precios de alquiler, el Colectivo de Inquilinos Porteños (CODIP-CTAA) expresó su preocupación.
“La inminente ola de desalojos podría dejar a miles de familias en la calle, por ello nos sumamos al creciente reclamo de respuestas por parte del Estado nacional como del gobierno porteño. En este sentido, estamos definiendo los pasos a seguir que nos permitan visibilizar la problemática e impulsar nuestras propuestas”, indicaron.
La crisis habitacional es estructural y hay casi 9 millones de personas inquilinas en el país. En la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de gente que alquila pasó del 38% al 46% en los últimos diez años, y las propietarias disminuyeron del 62% al 54%. En este mismo períodos se construyeron más de 111.000 viviendas, que a las claras se concentran cada vez en menos manos.
“Partiendo de que el pago de un alquiler es un constante saqueo a los bolsillos de las y los trabajadores -quienes destinan en promedio más del 50% de sus ingresos en pagar el techo bajo el que habitan pero del cual no son propietarios- los aumentos irracionales que están exigiendo los dueños que pretenden vivir de las rentas (que van desde el 60 hasta el 100%) requieren de la urgente intervención del Estado para establecer topes y controles efectivos que garanticen a la vivienda como un derecho humano y no como un negocio o inversión”, agregaron desde el CODIP.
Elegir entre comer y pagar el alquiler se ha vuelto una lamentable constante para las familias. Es por ello que el colectivo de inquilinos presiona para el DNU 320/20 se extienda, mínimo, hasta fin de año. “Somos conscientes de que es una medida paliativa e insuficiente para resolver la crisis que atravesamos, pero también en paralelo deben impulsarse diversas políticas que regulen el mercado y permitan el acceso a la vivienda propia”, destacaron.
La inmobiliaria PRO
Hace doce años, la gestión Macri/Larreta en la Ciudad de Buenos Aires facilita el negocio inmobiliario y se desprende de tierras e inmuebles públicos. Estas transacciones no benefician a los vecinos, y complican aún más la situación de quienes viven de inquilinos. El suelo porteño es cada vez más caro, haciendo imposible el acceso a un alquiler.
En este sentido, desde COPID se preguntan: ¿Por qué no destinar los inmuebles para construir allí soluciones habitacionales que luego el mismo Estado porteño venda con facilidades de pago a las familias inquilinas? Así, podrían obtenerse recursos para el erario público y brindar un techo propio a personas que tanto lo necesitan”.
Propuestas
“En nuestro país hay tierra suficiente para resolver la crisis habitacional que sufrimos, en vez de utilizarse para que se enriquezcan los mismos de siempre. Lo que hace falta es participación popular para torcerle el brazo a las corporaciones inmobiliarias y sus representantes políticos”, dijeron los inquilinos.
En esa línea impulsaron las siguientes propuestas:
- Prórroga del Decreto 320/20 hasta el 31 de diciembre de 2021 como mínimo, para evitar que miles de familias terminen en la calle.
- Programa nacional de desendeudamiento para la población inquilina que haya entrado en mora por la pandemia de Covid-19 y bajo el Decreto 320/20.
- Implementación de un plan estatal federal de construcción de 2 millones de viviendas, el cual no sólo aseguraría el techo a quienes lo necesitan sino que daría un gran impulso a la economía por medio de la generación de empleo y la producción industrial.
- Establecimiento de precios máximos a los alquileres, en relación directa a la paritaria anual más baja.
- Lanzamiento de nuevas líneas de créditos hipotecarios, los cuales en el país representan sólo el 1% de todos los créditos que otorgan los bancos, mientras que en Bolivia es del 10% y en Chile asciende al 23%. Necesitamos nuevas líneas de créditos hipotecarios accesibles para construcción o compra, atados a la variación salarial y no a la inflación, para evitar las nefastas consecuencias de los créditos atados a las UVA.
- En la Ciudad de Buenos Aires, aplicación de impuestos a las viviendas que se encuentren ociosas por más de seis meses, para evitar la especulación del mercado.
- Expropiación de aquellos inmuebles que se encuentren ociosos por más de 5 años.
- Destinar todos los inmuebles que el Estado porteño recibe por herencia vacante a soluciones habitacionales.
- Anulación de todos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que venden -o transfieren para su venta- tierras públicas a través de la AABE.
- Inclusión del costo habitacional -alquiler o cuota hipotecaria- en la discusión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
- SMVM igual a la Canasta de Consumos Familiar.
Fuente: CTA A Capital