Redacción Canal Abierto | El Boletín Oficial anuncia la creación de un protocolo nacional de alerta temprana de desalojos. La medida alcanza a la vivienda única y familiar para contratos de alquileres formales, registrados ante la AFIP y parece apuntar a dar respuesta ante los pedidos de la comunidad inquilina frente a la finalización del período de suspensión de desalojos que establecía el decreto 320/20.
La normativa busca generar un registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente y proponer convenios de colaboración y asistencia para establecer marcos de actuación que eviten la vulneración de derechos humanos fundamentales.
Sin embargo, desde Inquilinos Agrupados manifestaron que la preocupación persiste. En un comunicado sostuvieron que “es falso que el protocolo publicado en el BO atienda este peligro”. “Este protocolo es apenas un proyecto, que siquiera traza lineamientos generales para constituir a futuro un marco de actuación para atender y contener justamente todo lo que denunciamos que está sucediendo ahora mismo”, se lee en la misiva.
Consultado por Canal Abierto, el abogado Andrés Bernal remarcó que “en una lectura simple de la resolución que lo crea, lo que traza son lineamientos como para constituir a futuro un protocolo de actuación para atender desalojos en contexto de emergencia sanitaria. Toda esa maquinaria que no es sencilla si se piensa en términos de burocracia estatal va a significar que en un futuro se tenga un protocolo, pero hoy están ejecutando a las familias. Eso viene a reafirmar explícitamente la necesidad de atender esa situación. Que es una situación que se está produciendo hoy mismo, en plena escalada de contagios. Hoy se está desatando una ola de desalojos en plena segunda ola oficial de contagios”.
“Hoy hay personas que están cayendo de situación de calle o de hacinamiento o desesperados arriba de los colectivos buscando donde ir a habitar y no hay norma ni protocolo ni decreto como existía que las ampare”, agregó.
En su comunicado la agrupación recordó que “el DNU suspendió la ejecución de los desalojos, pero no la tramitación de las causas, que en este tiempo se iniciaron y se cursaron igual, hasta dictarse sentencias. Esas sentencias aguardaban a que caiga el DNU 320 para ejecutarse. Caído el DNU, desde el lunes 5/4 se ejecutan las sentencias sin condición ni previsión estatal de ningún tipo, en plena segunda ola de contagios cada vez más complejos por las nuevas cepas que ya circulan”.
Este lunes fue el primer día hábil tras la caída de las suspensiones de desalojos. Desde la organización presentaron una cautelar a fin de mantener la medida. Previo a esto, se pidieron una serie de informes a los ministerios de Salud y de Desarrollo Territorial y Hábitat, buscando datos sobre cantidad de gente afectada y las medidas de contingencia. Nunca se recibió respuesta.
También elevaron consultas en el mismo sentido a la Cámara Nacional en lo Civil, donde se llevan adelante las causas de desalojo de la Ciudad de Buenos Aires. “La Cámara nos dio un dato impactante: durante 45 días de agosto y septiembre de 2020 se iniciaron la mitad de causas de desalojos que en todo 2019”, reveló Bernal
El amparo y la medida cautelar se están tramitando en el Juzgado del Fuero Contencioso Administrativo Federal Nº6 donde se le pide a la justicia que le ordene al gobierno nacional instrumentar la suspensión de los desalojos. La resolución está a la espera y desde la organización confían en que sea favorable. Pero hasta entonces el reloj de los desalojos sigue corriendo.