Redacción Canal Abierto | En un giro inesperado, el pasado miércoles por la tarde Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, anunció la posición de su gobierno de apoyar las suspensión de las patentes para las vacunas contra el COVID-19.

En otras palabras, eso significa poner un alto temporal a la exclusividad sobre la propiedad intelectual que dura veinte años y rige sobre las vacunas mientras dure la pandemia.

“Desde la campaña #LiberenLasPatentes hemos venido trabajando en conjunto con organizaciones de distintos lugares del mundo, y en Estados Unidos se dio la posibilidad de que estas organizaciones llegaran a la línea progresista de los demócratas, de Bernie Sanders, que venía presionando a (el presidente Joe) Biden para que apoyara la iniciativa. Lo que acercaron fue información relativa a la escasez de vacunas y a las consecuencias que esto trae a nivel mundial porque, más allá de que los países ricos se vacunen, si no nos vacunamos todos, las variantes, las cepas, pueden hasta llegar a dejar obsoletas a las vacunas que estamos manejando”, explica Lorena Di Giano, directora de la de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) e integrante de la campaña en diálogo con Canal Abierto.

 

A todo o nada

El sistema de patentes en el desarrollo de tecnologías sanitarias se adoptó en la década del 90 en la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Así fue como las farmacéuticas monopolizaron la capacidad de desarrollar, producir y comercializar vacunas y medicamentos, con el consiguiente aumento desmedido y extorsivo de estos insumos básicos para la salud.

Desde la Fundación GEP y otras organizaciones vienen realizando planteos formales ante la OMC desde octubre del 2020 para que se liberaran las patentes de vacunas para el COVID, y la propiedad intelectual para la fabricación de insumos como respiradores y máscaras, mientras dure la pandemia.

La iniciativa de exención (waiver), que fue impulsada inicialmente por India y Sudáfrica, ya sumó a otros 57 países como patrocinadores y el compromiso de 100 países más para apoyarla, entre ellos Argentina.  

“La decisión del miércoles fue muy importante e histórica, porque Estados Unidos está reconociendo algo que siempre negó: que el sistema de patentes no está funcionando para atender las necesidades de salud que tiene el mundo. La waiver posibilita que todos los países podamos producir las vacunas que ya están desarrolladas sin la amenaza de las multinacionales -afirma Di Giano-. Lo que había que preguntarse es ¿por qué los países ricos bloquean una decisión que puede favorecer a las farmacéuticas en perjuicio de otras empresas afectadas por la pandemia como, por ejemplo, las aerolíneas? Todo está colapsando y hay que sostener los empleos. Creo que esto también fue analizado por los Estados Unidos para cambiar de posición”.

A esta mirada se le pueden poner números: las estimaciones que hizo públicas recientemente el Fondo Monetario Internacional en relación a las pérdidas que dejará la pandemia a nivel mundial durante los próximos dos años se calculan en 28 trillones de dólares. 

 

Un sistema imposible

La evidencia de este halo de rentabilidad que pesa sobre el desarrollo de tecnología sanitaria es que, en efecto, se trate al interior de la OMC en lugar de en la OMS (Organización Mundial de la Salud).

“Cuando comenzó la pandemia, las iniciativas que se daban en la OMS lo que tendían era a convencer a las empresas de que cedieran tecnología, y aumentaran la capacidad de producción de medicamentos y vacunas porque ya todos avizorábamos que este coronavirus era distintos a otras pandemias que hemos tenido –detalla la investigadora-. En lo local, hoy el 99 por ciento de las patentes de medicamentos en la Argentina son extranjeras. ¿Cómo puede una empresa privada apropiarse de un conocimiento al que llega también a partir de la inversión pública?”.

Si bien las empresas de medicamentos argumentan que el sistema de patentes posibilita la inversión en investigación de nuevos tratamientos para enfermedades, a cambio de garantizar a posteriori el recupero de esa inversión, de acuerdo con distintas investigaciones esto no es tan así.

“No hay transparencia en lo que realmente invierten. Reciben fondos públicos, y en general son las universidades las que realizan la ciencia básica. El caso de la vacuna es escandaloso: la Unión Europea (UE) ha puesto miles de millones de dólares para apuntalar a las empresas que ni siquiera le están entregando las vacunas. Este sistema de patentes llevó a los Estados a un rol de delegación al mercado para que éste invierta en esa etapa primera y los convirtió en compradores activos de medicamentos caros producidos por los privados. Esto es lo que tenemos que debatir como Humanidad, la cuestión de fondo que nos trajo la pandemia: qué modelo de desarrollo de tecnología médica queremos. Si ésta, basada en el lucro, u otra, alternativa”, agrega Di Giano.

Por otra parte, la letra chica del anuncio de Thai, según afirman desde la Fundación GEP, expresa algunas limitaciones para la iniciativa original. En primer lugar, alcanza sólo a las vacunas, no a los insumos. Por otra parte, anuncia que Estados Unidos está dispuesto a avanzar en las negociaciones sobre el texto en la OMC pero anticipa que éstas van a llevar tiempo. Finalmente, aclara que la waiver debe ser alcanzada “por consenso” dentro de la institución, lo que sugiere unanimidad, y no las 2/3 de los votos, con los que ya se cuenta.

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