Redacción Canal Abierto | Ante el vencimiento del decreto antidesalojos y el descongelamiento de los precios de alquileres se multiplicaron las denuncias de familias en situación crítica que podrían ser arrojadas a la calle por las enormes dificultades y altísimos costos que implica afrontar un nuevo contrato.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la problemática crónica del acceso a la vivienda se vio agravada seriamente en los últimos meses, en el marco de una gestión que desde hace cuatro mandatos promueve la expulsión de las clases populares y el crecimiento de la industria inmobiliaria a costa de la concentración, los negocios y la venta de tierras públicas.
En ese contexto, el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP), que surgió a fines de 2020 e integra de la CTA Autónoma de Capital Federal, elaboró una propuesta que, a mediano plazo, podría significar un aumento considerable de la cantidad de propiedades en alquiler, y establecer precios de referencia de manera de reducir los abusos que se siguen perpetrando a pesar de la flamante ley de Alquileres.
Recientemente, medios de comunicación publicaron que la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) realizó una encuesta entre operadores y empresas del sector para adelantar un rotundo rechazo a la posible reedición de medidas como el congelamiento de precios.
En un documento titulado “Las mentiras del mercado inmobiliario”, advierten que “no quedan dudas sobre la urgente necesidad de que el Gobierno nacional implemente medidas de protección para la población inquilina, gravemente afectada por la crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país”
“El dato clave en todo esto es la ´rentabilidad´ que mencionan constantemente desde los sectores inmobiliarios. Para ellos, los inmuebles -el suelo en el que se construyen, en realidad- son una inversión al igual que como se invierte en acciones, títulos o dólares para obtener una ganancia en base a cómo evolucionen sus valores. A esto hay que sumarle las constantes políticas de Horacio Rodríguez Larreta, fomentando la especulación inmobiliaria para que el suelo siga encareciéndose. Entonces, invierten ´en ladrillos´ porque saben que el valor del suelo continuará subiendo -mejorando su inversión sin hacer absolutamente nada- y mientras tanto, obtienen rentas cuando ponen las propiedades en alquiler. Sin embargo, como el valor del suelo sigue incrementándose -23% desde 2012 a la fecha-, pretenden aumentarnos los precios de los alquileres para recuperar sus inversiones más rápido”, caracteriza el texto.
La propuesta
El CoDIP elaboró una serie de ideas generales para discutir y profundizar, que incluyen la creación de un impuesto aplicable a todos los inmuebles que se encuentren ociosos por más de 6 meses, el cual se recaudaría con destino exclusivo a políticas habitacionales.
De esta manera, aseguran, se evitaría que los grandes rentistas mantengan departamentos vacíos especulando con la suba o baja de los alquileres y, al mismo tiempo, podría obtenerse financiamiento para vivienda.
Otra política complementaria implica que el Estado comience a participar del mercado con oferta propia, poniendo en alquiler los inmuebles que adquiere año a año. Consultado por Canal Abierto, Mariano Pasi, coordinador de la organización, explica: El Estado porteño recibe inmuebles anualmente por la Ley Nº52 de 1998, de “Herencias vacantes”, que establece que cuando alguien muere y no tiene herederos, el Estado se queda con ese inmueble y lo pone a subasta. Una modificación a la ley estableció que si el ministerio de Educación considera que ese inmueble le sirve puede solicitar que se incorpore a su nomina de edificios para utilizarlo para cuestiones educativas o administrativas, y si no, pasan a subasta por el Banco Ciudad. El calculo que hicimos es que desde 2016 se subastaron más de 250 inmuebles, si hoy alguien ingresa a la página del Banco Ciudad hay más de ocho subastas activas; se subastan a valores muy por debajo del valor de mercado, y lo que hacen las empresas es adquirirlos, demolerlos y levantar edificios”.
“Lo que decimos es, si el Estado, en lugar de desprenderse de esos inmuebles, los destinase al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) para otorgarlos en alquiler, el famoso alquiler social que existe en Europa, podría generar a mediano plazo, de 5 y 10 años, una oferta que serviría como mínimo para establecer valores de referencia, porque, al ser la vivienda un derecho, el Estado no podría manejarse con los mismos valores que el mercado”.
“Esto sería un alquiler estatal, pero también se puede pensar que los inmuebles que están en malas condiciones se podrían demoler y construir soluciones habitacionales, edificios pequeños de 8, 10 o 15 departamentos, el Estado lo puede hacer, por la Ley 341 lo otorga, le permite a las cooperativas de viviendas comprar una casa y edificar para un grupo de familias”, agrega.
La cantidad de inmuebles adquiridos por el Estado en los últimos 5 años es equivalente al 3% del total de unidades en alquiler actualmente, excluyendo del cálculo aquellos que fueron solicitados por el ministerio de Educación.
“Eso además te permite poner en práctica otras cosas de la ley como las garantías que debe tener el inquilino, que los dueños si no tenés una garantía propietaria en Capital Federal generalmente establecen trabas. Lo mismo si tenés hijos, si tenés mascotas, si no tenés recibo de sueldo… el Estado podría ofrecer un abanico más amplio de posibilidades donde aceptase los seguros de caución, garantías de familias, etc.”, completa Pasi.
Existe un Programa Nacional de Alquiler Social, creado en 2016, ratificado por la ley de Alquileres de 2020, que nunca fue puesto en marcha.
La situación
“Hay una lectura instalada de que el problema habitacional se resuelve desde el mercado privado, construyendo viviendas, pero nosotros decimos que eso apunta a elevar el valor del suelo, y lo que planteamos es una intervención del Estado para generar soluciones habitacionales que no sean solamente la construcción de edificios”, describe el coordinador de CoDIP-CTAA.
“El Estado nacional plantea soluciones de la mano del Procrear, y en la ciudad de Buenos Aires el Procrear actúa sobre las tierras ferroviarias, eso choca con otro problema que es la necesidad de espacios verdes, lo que obliga a discutir toda la urbanización de la ciudad”, amplía, y suma: “La única intervención del Estado en vivienda no pueden ser barrios de monoblocks, hoy se debe pensar otro tipo de urbanización, más amigable con la naturaleza, con espacio para circular, etc”.
Distintos relevamientos señalan que en los últimos 10 años la población inquilina en CABA aumentó a la vez que disminuye la población propietaria y se sigue construyendo. La conclusión visible es un aumento pronunciado de la concentración de las propiedades en pocas manos.
“La construcción no está parada, pero se prioriza la construcción de viviendas de lujo, por lo que se nota que el mercado apunta a un perfil que es de clase media alta, o está directamente pensado para la especulación, y el gobierno de la ciudad hace todo lo posible para que esto se mantenga, vendiendo tierras públicas y legitimando y legalizando un montón de obras que son ilegales por medio de su bloque mayoritario en la legislatura”, concluye Mariano Pasi.
La propuesta de CoDIP incluye también la posibilidad de la expropiación de viviendas ociosas por más de 5 años para sumar a la nomina de alquileres estatales.
La reunión
Hoy se realizará un primer encuentro virtual general y abierto para discutir la iniciativa y seguir consolidando la organización. Comienza a las 18.30 y se debe solicitar el link de acceso a inquilinosportenos@gmail.com, o al 1159082978.
Las redes de la agrupación
Facebook: Codip.CTA
Instagram: inquilinosportenos
Foto principal: propiedad en subasta en la web del Banco Ciudad