Redacción Canal Abierto | “Le decimos no a la megaminería porque defendemos el agua, que es el bien más preciado y esto está instalado en la gente de la meseta con una claridad insuperable porque nuestro destino como provincia no es minero y porque es una actividad que está asociada al saqueo, que ya nos está contaminando, y están siendo avasalladas las comunidades mapuches que nunca han sido consultadas”, dice Nora Corvalán, integrante de la Asamblea Comarcal Contra el Saqueo.
La Legislatura de Chubut busca aprobar el proyecto de zonificación impulsado por los gobiernos nacional y provincial, pese al masivo rechazo de sus habitantes y del país entero. El pasado jueves 6 de mayo, este mismo recinto rechazó el tratamiento del proyecto de ley de Iniciativa Popular (IP), que busca frenar la zonificación minera.
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Como respuesta, las asambleas de la provincia cortaron las Rutas Nacionales N°40 y N°3, y esta última fue desalojada por la policía. “Al mismo tiempo que presentamos la IP ingresó el proyecto de zonificación impulsado por Arcioni, pero redactado por las mineras. Sabemos quiénes están atrás. La ley 5.001 dictada en 2003 que protege a la provincia de la minería. Pero la protege de la explotación, no así de la exploración, y pone como foco el cianuro y la minería a cielo abierto”, explica la asambleísta.
Sobre las diferencias entre los proyectos, Corvalán destaca: “Lo que hicimos a partir de la Iniciativa Popular, fue incluir no solo al cianuro sino todo un listado de las sustancias tóxicas que se utilizan en la megaminería y prohibir la minería de minerales nucleares. Ahora estamos atentos a la orden del día de cada sesión para salir a rechazar la zonificación. De hecho, ni siquiera tiene que aparecer en la orden del día porque como está en Secretaría Legislativa, cualquier legislador puede pedir durante la sesión que se trate”.
Por otra parte, el corte que mantienen en la Ruta 40 tiene un condimento adicional que incrementa el malestar. “Este corte es el que hasta ahora perdura con mucho esfuerzo, pero se sostiene. Esta semana se conoció la orden del juez Otranto que establece que tenemos que garantizar la libre circulación. Ahí interviene el escuadrón 35 de gendarmería, lo cual genera un gran impacto en toda la población de la comarca porque este juez y este escuadrón fueron los que propiciaron la obstaculizaron la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado”, cuenta Corvalán.
Y aclaró: “No hay violencia, pero están siempre presentes, registrando las patentes de los autos, sacando fotos. Está la amenaza latente de un desalojo”.
A dos meses del infierno
En marzo, los bosques nativos entre Las Golondrinas, Cholila, El Hoyo, El Maitén y Lago Puelo fueron consumidos por el fuego y más de 250 casas se perdieron. Esta misma población es la que hoy sale a bancar heladas y a resistir en la pelea por el agua.
“El agua tiene que ser para la gente y no para la minería. En ese eje de la defensa del agua es donde nos encontramos. Es muy fuerte porque todos los pobladores de esa zona que está ahí no tienen, a dos meses de los incendios donde perdieron sus casas y vienen durmiendo a la interperie, ni luz ni agua. Hay un malestar muy grande respecto a la falta de respuestas del Estado municipal y también provincial”, sentencia la asambleísta.