Redacción Canal Abierto | El proyecto de zonificación impulsado por los gobiernos de Chubut y nacional que habilitaría la explotación minera en los departamentos de Gastre y Telsen, en la región de la Meseta, acaba de sufrir un revés legal: una acción de amparo interpuesta por pueblos originarios de la región logró suspender su tratamiento hasta tanto estos sean consultados.
“La megaminería en Chubut está prohibida y lo que hay es un proyecto de ley del gobernador (Mariano Arcioni) en donde se permitiría en un territorio en donde hay ocho comunidades. El solo hecho de modificar la situación jurídica de las comunidades respecto de la minería ya es una posible afectación y deberían consultarlas antes”, explicó Juan Manuel Salgado, abogado impulsor de la medida cautelar, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y asesor del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, en diálogo con Canal Abierto.
Y agregó: “Los pueblos indígenas tienen un derecho que está establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de Derechos Humanos, totalmente reconocidos en todos los tribunales del mundo, de que se los haga participar de procesos de consulta e información antes de que el Estado adopte decisiones que los puedan afectar. Esto lo han hecho saber a la Legislatura otros organismos provinciales de defensa del derecho, e incluso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero la Legislatura decidió no tomar en cuenta esas recomendaciones y prosiguió hasta que estaba a punto de sancionarse la ley y cuatro comunidades de la Meseta decidieron hacer un juicio de amparo contra la provincia para que se las consulte”.
Alerta frente a la amenaza
Desde el 2003, mediante la Ley 5.001, Chubut prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. El proyecto 128/20 –que lleva por título Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut– pretende exceptuar de esta protección a una zona que coincide con el mapa del catastro minero, y que abre la puerta a posteriores ampliaciones territoriales en caso de ser aprobado.
La zona afectada, la Meseta Centro Norte chubutense, coincide con territorio de las comunidades mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, Los Pinos, Chacay Oeste y Laguna Fría, Lefimi y El Escorial, Taquetren, Lagunita Salada, Cerro Bayo y Gorro Frigio, Yala Laubat, y Ñuke Mapu. Todas ellas reconocidas por la provincia y relevadas en la Ley 26.160.
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Reunidos en asamblea en diciembre, sus referentes declararon el “estado de alerta frente a la amenaza de los territorios” y reafirmaron la decisión de “seguir defendiendo el agua y el modo ancestral de vida en tierras comunitarias”. De acuerdo con ello, estimaron que el proyecto de zonificación omite “el derecho de consulta y participación indígena, que debe ser previa a la creación de medidas legislativas o administrativas”, de acuerdo a la Constitución Nacional y provincial, y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con esos argumentos acudieron a la Justicia y fueron escuchados. “Lo que hay es una medida cautelar que dice que, mientras dure el juicio no puede tratar este proyecto de ley. Posiblemente la provincia apele, no sabemos qué resultado va a tener porque la presión del lobby minero que hay sobre los tribunales es muy fuerte, pero tenemos la expectativa de que el amparo se va a ganar y que se va a ordenar a la Legislatura que abran los procesos de consulta”, afirmó Salgado, quien también es referente de la CTA Autónoma y de Unidad Popular.
Precedentes
Desde los pueblos originarios cuentan, además, con precedentes jurídicos. Hace año y medio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina por tomar decisiones sobre tierras comunitarias sin consulta previa a los pueblos originarios salteños que las habitaban.
Asimismo, hace un mes y medio un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó contra la provincia de Neuquén por sancionar una ley que afecta los derechos de los pueblos originarios de la provincia sin antes consultarlos.
“Lo que hay es un nivel de conocimiento jurídico muy bajo por parte de los organismos del Estado, muy ligero, y por el otro lado un racismo estructural muy fuerte que los lleva a despreciar tanto los derechos de los pueblos originarios como a los mismos pueblos. Este amparo es una victoria porque las cuestiones jurídicas siempre aparecen con el Estado como único vocero. Acá se les mostró que no”, finalizó el abogado.
El proyecto de Arcioni genera, además, un rechazo masivo por parte de gran parte de la población chubutense, que impulsó una ley de iniciativa popular para frenar la zonificación, rechazado por la Legislatura el pasado 6 de mayo.
Como respuesta, las asambleas de la provincia cortaron las Rutas Nacionales 40 y 3, y esta última fue desalojada por la policía.