Canal Abierto Radio | El dueño de la empresa textil TN&Platex, Teddy Karagozian, fue el primero en proponer una alternativa al actual sistema indemnizatorio, denominada “Mochila argentina”. Éste consiste en un seguro de garantía que permitiría que las empresas contraten personal sin temor al pago de futuros despidos, manteniendo los montos indemnizatorios actuales, con un fondo conjunto entre el sector público y privado.
Para el abogado laboralista Matías Cremonte “estas iniciativas ya no sorprenden, porque periódicamente surge algún tipo de proyecto que tiene como contrapartida el aumento de la rentabilidad, o la eliminación de algún derecho de las personas que trabajan. Sin embargo impresiona por la magnitud de lo que intenta instalar, que es nada más ni nada menos que la eliminación de la indemnización de quiénes son despedidos de su trabajo”.
Cremonte también remarcó: “Esto pone en discusión un derecho constitucional en el Artículo 14 bis, que establece claramente la protección contra el despido arbitrario. Pero por otro lado, el deber del Estado de preservar el empleo, y una de las formas es disuadir al sector empresario de despedir a los empleadores, justamente poniendo una sanción, una multa, que tiene que ver con esta indemnización”.
Esta propuesta, presentada como la solución a todos los problemas de los empresarios, está inspirada en un modelo noruego y austríaco, “que poco tiene que ver con la realidad de los otros países europeos. “Imaginemos no con la realidad latinoamericana o argentina. Allí las empresas deben pagar impuestos y sueldos mucho más altos, al mismo tiempo que la tasa de desempleo es muy baja. Tampoco es viable para el Estado Argentino el pago de estos seguros de desempleos”, analizó el abogado.
Eliminar la indemnización por despido podrá beneficiar a las empresas, pero sin dudas no va a favorecer la creación de empleo. La “mochila argentina” que impulsan las patronales es otra falacia flexibilizadora https://t.co/tgAYp5nNiG
— Matías Cremonte (@matias_cremonte) June 22, 2021
Y agregó: “Además de incomparable, es inaplicable, y la historia reciente lo demuestra: durante los 90 se promovieron ‘contratos basura’ que flexibilizaron las formas de contratación y las obligaciones de los empresarios, permitiendo contratos temporarios de largo plazo, y la suspensión o reducción de indemnizaciones entre otras medidas. Aún así se llegó en esos años a los mayores niveles de desempleo, descontento social y sólo comenzó a revertirse después del estallido social del 2001”.
A su vez, explicó: “Por el contrario, los niveles de mayor crecimiento de empleo siempre tuvieron niveles de protección altos, como son hoy la protección contra el despido arbitrario, y el pago de una indemnización. Ni siquiera hablemos de aquellos sistemas que directamente prohíben los despidos como hay en otros países del mundo”.
Finalmente, Cremonte subrayó que este tipo de iniciativas no tendrían un apoyo político en el Poder Ejecutivo, aunque en el Congreso nunca se sabe. “Sin embargo, no sería de extrañar que los sectores empresariales insistan e instalen el tema en los medios, al disfrazarlo como algo bueno para empleadores y empleados. Siempre nos ponemos en estado de alerta, para concientizar que nunca la pérdida de derechos pueda generar un beneficio para las personas que trabajan en general. Y mucho menos para la economía, que para enfrentar una crisis se supone que debe crearse empleo y facilitar los despidos nunca es el camino”, terminó.