Redacción Canal Abierto | Carlos Pedro Tadeo Blaquier es el dueño de la poderosa empresa agroindustrial Ledesma. Posee el 90% del paquete accionario de la sociedad anónima y el directorio de la firma está integrado por sus vástagos: Carlos Herminio, Alejandro, Santiago, Ignacio, todos Blaquier Arrieta –el noble apellido de su difunta madre Nelly Arrieta de Blaquier, heredera del ingenio Ledesma y conocida mecenas– y Juan Ignacio Pereyra Iraola Blaquier, uno de sus nietos que acumula apellidos de prosapia, olor a establo y sangre ajena regando sus raíces.
El abuelo Carlos Pedro manejó el establecimiento situado en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, como dueño y señor desde 1970 cuando sus suegros, Herminio Arrieta y Paulette Wollman, decidieron que ocupara la presidencia del más importante ingenio azucarero del país. A pesar de su enorme fortuna –subestimada en U$S 490 millones por la revista Forbes, que lo ubica en el puesto 24 de los millonarios vernáculos–, de sus 40.000 hectáreas de tierras sembradas de caña de azúcar, de su inmensa colección de arte, barcos y aviones, y de su cercanía al poder político provincial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de dejarlo al borde de ser sentado nuevamente en el banquillo de los acusados.
El golpe: 24 de marzo de 1976
A las 03:10 del 24 de marzo de 1976 el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de Estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”.
Esa misma madrugada, personal del ejército y de la policía jujeña secuestraron de su casa a Luis Ramón Arédez, médico de los trabajadores de Ledesma y jefe comunal de Libertador General San Martín, y a Ramón Luis Bueno, Antonio Fillio y Omar Claudio Gainza. Por su parte, Carlos Alberto Melián fue secuestrado el 9 de abril.
Según estableció la Justicia en la denominada causa “Arédez”, en los operativos se usaron “vehículos de la empresa Ledesma S.A.A.I., en los que también se trasladó a los nombrados”, dice la presentación de la fiscalía. Las víctimas estuvieron en el penal de Villa Gorriti, que desde el golpe funcionó como centro clandestino. Fueron torturados y el 7 de octubre de 1976 trasladados a la Unidad 9 de La Plata, ya puestos a disposición del PEN.
“Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la empresa Ledesma impreso en las puertas. La camioneta era conducida por un empleado de la empresa”, narraba a la Conadep Olga Márquez de Arédez, Madre de Plaza de Mayo y esposa del intendente. “Posteriormente me entrevisté con el administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, “para limpiar al país de indeseables”. También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma”.
Luego de estar encarcelado siete meses en La Plata, Arédez fue liberado el 5 de marzo de 1977, y volvió al pueblo a ejercer su profesión, hasta que el 13 de mayo de 1977 volvieron a secuestrarlo, y permanece desaparecido desde entonces.
Durante años, Olga Márquez hizo la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo caminando sola por la plaza de su pueblo con el pañuelo blanco sobre su cabeza reclamando justicia para su familia y su gente. Luego, comenzó a organizar las Marchas del Apagón. Enfrentó a Ledesma como nadie y, burla del destino que no es tal, murió en 2004 víctima de la bagazosis, una afección provocada por el bagazo (desecho de la caña de azúcar) que derivó en un cáncer de pulmón que terminó con su vida el 17 de marzo de 2004. Tenía 72 años.
La causa “Arédez”
En 2013, la Cámara Federal de Salta consideró a Blaquier cómplice primario de los hechos y a Alberto Lemos cómplice secundario. Los camaristas tuvieron por acreditado que “las fuerzas de seguridad operaron aquella madrugada y días posteriores” y “contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa y que tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutado por su Administrador General (Lemos)”.
Los jueces consideraron que “tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio”.
En ese sentido, dieron por probado que “existió tal colaboración consentida de parte de la empresa” y remarcaron que “nada desmiente la imputación que se formula en cuanto a que los vehículos fueron entregados voluntariamente y más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo”.
En el fallo, la Cámara Federal de Salta tuvo acreditada como móvil de los crímenes la actividad política y sindical de las víctimas, y en particular la de Luis Ramón Arédez, quien siendo intendente de Libertador General San Martín obligó a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de los cuales hasta entonces se encontraba eximida.
Tiempo después, Arédez y sus compañeros fueron liberados. Al médico lo soltaron el 5 de marzo de 1977 y lo secuestraron nuevamente el 13 de mayo de ese año. Al día de hoy permanece desaparecido.
La Noche del Apagón (1976)
Entre el 20 y el 23 de julio de 1976, fuerzas de seguridad secuestraron a casi 400 personas –la mayoría trabajadoras del ingenio pero también militantes políticos y estudiantes– en las localidades de Libertador General San Martín, el pueblo de Ledesma y Calilegua. Fueron trasladadas a centros clandestinos de detención y torturados. Treinta y seis de ellos fueron asesinados y desaparecidos, según los números establecidos por las causas judiciales. Cincuenta y cinco, según otras fuentes.
En la medianoche del 20 de julio se produjo un apagón en la ciudad de Libertador General San Martín y en Calilegua. En medio de la oscuridad los vecinos narran que comenzaron a oír frenazos y gritos, puertas que eran abatidas a patadas, vehículos que arrancaban intempestivamente. “Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio”, testificó Ricardo Arédez, hijo de Luis y Olga.
Esa noche las poblaciones fueron sitiadas por la Policía de la provincia de Jujuy, la Policía Federal, el Ejército y la Gendarmería Nacional. Los detenidos fueron llevados a centros clandestinos de detención en los galpones del ingenio. Los procedimientos siguieron los días siguientes con el mismo modus operandi. Mientras el suministro eléctrico estaba cortado en las poblaciones, el ingenio, donde se originaba la electricidad, tenía luz.
El largo camino hacia la justicia
Mientras en el resto del país los juicios orales por crímenes de lesa humanidad llevaban ya seis años de avances, el juzgado federal de Jujuy no había avanzado un ápice. Para salvar esta situación, en abril de 2012, la Corte dispuso una subrogancia del juzgado federal de Jujuy y designan al juez federal de Tucumán Fernando Poviña al frente de las causas de lesa humanidad.
Es así que, recién ese año, Carlos Pedro Blaquier fue implicado en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar. El fiscal federal de Jujuy Domingo Batule ordenó allanamientos a dependencias de la empresa y la indagatoria del empresario.
El 28 de abril de ese año, 36 años después de los sucesos de 1976, con la orden del juez Poviña, por primera vez se allanaron los edificios de Ledesma en Jujuy. De allí se secuestraron los legajos de los trabajadores en dictadura y documentos probatorios del espionaje realizado por la empresa en democracia sobre su personal. Por fin habían franqueado la madriguera de “el Familiar”, aquel personaje de las leyendas populares responsable de la desaparición de los obreros en tiempos de cosecha.
El juez federal Poviña lo procesó como cómplice en primer grado de privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas en noviembre de ese año. En la misma situación quedó Lemos. El juez también señaló las relaciones de Blaquier con José Alfredo Martínez de Hoz, los créditos que beneficiaron a la empresa y las políticas de liquidación de los ingenios azucareros del norte del país que facilitaron la concentración de la industria en Salta y Jujuy.
Hoy Ledesma tiene una participación en el mercado nacional del azúcar que ronda el 20% y crece al 30% si hablamos del canal de ventas en supermercados. El grupo empresario ha diversificado su producción que incluye alcoholes, jarabes, bioetanol, papel, cuadernos, cítricos, jugos, cereales, oleaginosas y carne. En la empresa trabajan 7.000 personas.
En la denominada causa “Burgos” también se los procesó como cómplices primarios en 26 casos de privación ilegítima de la libertad y por los 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición durante la Noche del Apagón.
En ambas carpetas, el juez de primera instancia y la Cámara Federal de Salta tuvieron por acreditado que Blaquier y Lemos proporcionaron a militares y policías jujeños las camionetas para llevar a cabo los secuestros de las víctimas.
En marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, revocó los procesamientos de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, y dictó la falta de mérito de ambos. Quien lideró esta decisión fue el juez Gustavo Hornos, recientemente blanco de embates para su destitución bajo la sospecha de ser parte de la denominada mesa judicial macrista y asiduo visitante del ex presidente Macri en la Rosada. Una línea de conducta.
Al poco tiempo, los fiscales generales ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca y Ricardo Wechsler, presentaron recursos extraordinarios para que la Corte Suprema revoque las faltas de mérito dispuestas por la Sala IV del máximo tribunal que beneficiaron a Blaquier y Lemos. Señalaron que la medida se trataba de un “sobreseimiento encubierto” y que la responsabilidad de ambos debía dirimirse en un juicio oral.
Seis años se tomaron los supremos para decidir afirmativamente dar curso a esta queja y abrir el camino para que ambos cómplices de genocidio sean sentados nuevamente en el banquillo de acusados. El movimiento de derechos humanos y los pueblos de Jujuy anhelan que Carlos Pedro Blaquier, con sus 93 años, goce de buena salud para ver caer sobre su cabeza el peso de la Justicia.
La resolución de la Corte
Con los votos de la jueza Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, la Corte sostuvo que deben dejarse sin efecto las sentencias dictadas por la sala IV de la Cámara Federal de Casación que revocaron en 2015 los procesamientos por delitos de lesa humanidad de Blaquier y Enrique Lemos.
El Máximo Tribunal explicó que si bien la sentencia apelada no era definitiva, resultaba equiparable a ello. “Las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso, que también amparan al Ministerio Público Fiscal, se encuentran tan severamente cuestionadas que el problema exige una consideración inmediata para su adecuada tutela”, sostuvieron.
Destacan en el escrito de once páginas que se trata de un expediente “cuya celeridad resulta especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de cuarenta años, y cuya investigación fue coartada por múltiples obstáculos legales”.
Por último, la Corte califica el fallo de Casación como “arbitrario”, pues “se ha apartado en forma manifiesta de la solución normativa prevista para el caso, obstaculizando indebidamente el avance del proceso”. Los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi responsables del “virtual sobreseimiento” deberían responder ante el Consejo de la Magistratura.
El abogado de Clarín y presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia y consideró que se debía dejar firme la falta de mérito. Ricardo Lorenzetti no votó.
“Aquí en Jujuy la justicia sólo se aplica a los pobres”
“Celebramos el fallo de la Corte, aunque llega tarde. Toda demora significa garantizar la impunidad”, declaró a un medio local Rafael Vargas, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). A su vez, trazó una línea de conducta empresaria entre la complicidad con la dictadura genocida y la actuación de Ledesma frente a la pandemia: “durante el año pasado la empresa se resistió a cuidar la salud de los empleados y el ingenio se convirtió en el principal foco de la pandemia en Jujuy”.
“Solo aquellos que tenemos conocimiento de la historia y hemos padecido lo nefastos que han sido la dictadura y sus cómplices entendemos que esto es un hecho histórico”, sostuvo Vargas. “El poder del ingenio Ledesma consiguió retrasar y freezar a la Justicia. Aquí en Jujuy la justicia sólo se aplica a los pobres”, sintetizó.
