Redacción Canal Abierto | A un año de la presentación del proyecto de ley que busca declarar el 12 de agosto como el “Día de la VIHsibilidad”, preocupa la demora en el tratamiento del Proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis.
El proyecto fue presentado por la diputada nacional del Frente de Todos, Gisela Marziotta, y surgió como resultado del trabajo coordinado de las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, el Ministerio de Salud y las sociedades académicas y científicas, creado colectivamente desde una perspectiva interseccional, de derechos humanos y diversa, a partir de las demandas de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS.
La situación es grave. De no tratarse en el recinto puede ser letra muerta. Es un proyecto que tiene un abordaje integral desde un enfoque de Derechos Humanos, teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud, muy superador al enfoque biomédico de la ley 23.798 de Lucha contra el sida que ya cumplió treinta años, y es garantía de ampliación y acceso a derechos que ya fueron conquistados con años de lucha y organización colectiva, de inclusión para todas aquellas personas que viven día a día con estigma y discriminación.
Se eligió el 12 de agosto en homenaje al nacimiento del periodista y activista por los derechos humanos, Roberto Jáuregui. Se busca visibilizar la figura de Roberto, que quedó un poco eclipsada, incluso dentro del activismo, por la militancia de su hermano Carlos. Roberto fue el primer coordinador general de la Fundación Huésped y la primera persona en hablar de VIH en televisión para reclamar sus medicamentos.
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“Es importante instalar un día de la visibilidad de los derechos de las personas con VIH porque todavía hoy sigue habiendo muchísima discriminación y la información que circula no es suficiente. Todavía existe muchísima gente que tiene miedo de las personas con VIH, y a partir de ese miedo surge la discriminación y el estigma”, expresó Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo.
Por su parte, José María Di Bello, presidente de Fundación GEP, reclamó: “Desde la primera vez que presentamos el proyecto hasta ahora, murieron entre 8 mil y 10 mil personas por enfermedades vinculadas al VIH y al sida. Cuando decimos que no hay más tiempo, es porque nos estamos muriendo. Actualmente es posible tener una buena calidad de vida, viviendo con VIH, sin embargo las personas que mueren por causas relacionadas con el VIH están atravesadas por la pobreza, la discriminación y la exclusión social y laboral”.
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Hace dos semanas, el proyecto que ingresó al Congreso de la Nación bajo el número 5040-D-2020 se debatió con los asesores y asesoras de la Comisión de Salud y Acción Social. Pero si no se trata de manera urgente en las tres comisiones a las que tiene giro y no se logra un dictamen y llega al recinto, el trabajo coordinado entre organizaciones de la sociedad civil para actualizar los derechos de la antigua ley de sida puede perderse.
Entre las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH se pueden mencionar a Fundación Huésped, RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos), Fundación GEP, Asociación Ciclo Positivo, El Vahído, el Movimiento Latinoamericano de Mujeres con VIH, ATTTA Red Nacional- FALGBT, la Red Bonaerense de Personas con VIH, la Red de Personas con VIH de Mar del Plata, Vox Asociación Civil (Rosario) y la ICW Argentina (Chubut).
La nueva ley de VIH viene a subsanar una demanda histórica: incluye a las 224 mil personas que viven con hepatitis C en Argentina, a las 10 mil personas que todos los años son diagnosticadas con tuberculosis, a las 136 mil personas con VIH, a las mujeres, a personas con capacidad de gestar y a aquellas que nacieron con transmisión vertical.
La propuesta legislativa contempla un abordaje y promoción del tema en tres ámbitos: por un lado, en los medios masivos de comunicación; en segundo lugar, el sistema de salud, garantizando capacitaciones para todo el personal de las instituciones sanitarias; y por último, se propone también incorporar este eje a la currícula educativa, pudiendo expandir la concientización y el conocimiento sobre el VIH y los derechos de las personas que viven con el virus.
Otra de las claves de esta nueva ley es la formulación de medicación pediátrica que toca de lleno algo poco hablado como lo es la niñez viviendo con VIH. “Podemos entender que hace 30 años no haya habido, pero que hoy no la haya y que los cuidadores de esos niños tengan que agarrar un cuchillo para partir la medicación no nos parece justo. Además está también la asistencia que un niño con VIH debe recibir. El VIH es una enfermedad social y hay que imaginar al niño en esa situación de ser señalado por la sociedad”, agregó Marina Abascal, integrante de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos.