Por Pablo Bassi | En pocas semanas Ángel Garro vio desmoronarse el futuro que había construido toda la vida. En 1995 YPF lo echó luego de doce años de trabajo, y a los meses se separó de la esposa con la que tiene tres hijos. Había sido supervisor de Cementación de Pozos de la compañía en Cutral Co, Neuquén, y por su participación sindical las empresas privadas le cerraron las puertas. Lo indemnizaron con 30 mil pesos equivalentes entonces a 30 mil dólares por la ley de convertibilidad, y con eso compró dos camiones viejos de rezago. Uno lo manejó él y otro un compañero, también despedido. Pero no les fue bien. Tenía 38 años.
“El que nace para trabajador, no nace para empresario”, dice Ángel Garro a Canal Abierto. La mayoría de los despedidos en la zona puso kiosco y almacén, y a la mayoría le fue mal. YPF tenía contratadas en Cutral Co a más de 4000 personas, y más de 3000 quedaron sin empleo.
El calvario comenzó en agosto de 1989, cuando el recién asumido presidente Carlos Menem impulsó la ley de Reforma del Estado, que declaró en emergencia económica a la administración pública e introdujo interventores en las sociedades del Estado, entre ellas YPF, que luego se transformó en sociedad anónima y en 1993 comenzó a operar en bolsa concretándose de esta manera su privatización.
Al primero de enero de 1991, YPF contaba con 36.935 trabajadores en planta permanente en todo el país. Al final del proceso en 1999 -cuando tomó el control la compañía española Repsol-, quedaban poco más de 4500. Había sido la primera petrolera 100% pública del mundo en tiempos de la Unión Soviética.
Al mismo tiempo que muchos trabajadores iniciaban juicios por la mala liquidación de sus indemnizaciones, en julio de 1997 el Gobierno argentino pergeñó la estafa de vender en la Bolsa de Nueva York acciones de la compañía que integraban el Programa de Propiedad Participada (PPP): una figura creada en la ley de Reforma del Estado, que distribuía entre los trabajadores hasta el 10% de las acciones.
“Comenzamos entonces a interponer medidas cautelares que lograron demorar lo que fue un fraude colosal”, dicen a este portal los abogados laboralistas Enrique García y Mónica Izzo.
Nafta para el fuego en las rutas
En el departamento de General San Martín, provincia de Salta, YPF tenía empleados a unos 4500 trabajadores, en su mayoría luego despedidos. En General Mosconi, una de las ciudades más importantes del departamento, un grupo de ellos junto a los vecinos cortaron la Ruta Nacional 34 en 1991 y lo volverían a hacer a lo largo de la década. Reclamaban trabajo.
La respuesta represiva del Estado fue creciendo tanto como la organización de los trabajadores. Sólo en Mosconi murieron cinco personas en cortes de ruta: Alejandro Gómez, Orlando Justiniano, Aníbal Verón, Carlos Santillán y Omar Barrios. En varios puntos del país, los despedidos comenzaron a amasar la organización de las UTD (Unión de Trabajadores Desocupados).
Ángel Garro recuerda su relación fraternal con José “Pepino” Fernández y Mario Rearte de Salta, y también con referentes de la lucha piquetera en otras provincias con los que diseñó junto a Héctor López y Miguel Montt la Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF y Gas del Estado. Una organización que hoy preside Hernán Gutiérrez (Mendoza) y el propio Garro como vicepresidente, y que vela por los intereses de los trabajadores ypefianos despedidos.
“La Coordinadora lo que buscó desde siempre es que los trabajadores podamos cobrar el 10% de las acciones de YPF por el Programa de Propiedad Participada a través de una medida extra judicial o a través de una ley”, dice Garro.
En auto o colectivo, los integrantes de la Coordinadora viajaron desde sus provincias a la Capital Federal a reunirse con diputados y senadores, funcionarios y operadores, una primera batalla que resultó victoriosa con la sanción de la ley 25.471 en octubre de 2001. Esa ley vino a esclarecer la situación general de irregularidad. A pesar del consenso alcanzado en el Congreso, el entonces presidente Fernando De la Rúa la vetó.
La segunda batalla fue librada durante la presidencia de Eduardo Duhalde. A través del senador Alfredo Bravo, la Coordinadora impulsó una nueva ley y logró su aprobación en octubre de 2002. El ministro Roberto Lavagna la reglamentó con un índice de actualización que para los trabajadores fue bajo: les ofreció bonos 2016 por 30.000 pesos cuando reclamaban 70.000 pesos. Cerca de la mitad de los 36.935 despedidos terminó cobrando esos montos.
A partir de la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, la Coordinadora siguió buscando mejorar la oferta, hasta que en mayo de 2015 la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley 27.133 que especifica el régimen de PPP y mejora el índice de pago.
“La ley 27.133 es lo mejor que logramos, aunque el pago está lejos de los 100.000 pesos-dólares que por la ley de convertibilidad cobraron los compañeros que quedaron dentro de la compañía”, dice Ángel. Él, que todavía no cobró, cree que por antigüedad y puesto debiera acercarse a los 600.000 pesos, pero sabe que está lejos.
Los abogados Enrique García y Mónica Izzo precisan que sólo el 65% de los trabajadores incluidos en la ley 27.133 de 2015 pudo cobrar, algo así como 11.700 personas. Por otro lado, alrededor de 18.000 trabajadores que cobraron a partir de las leyes anteriores desconoce que son acreedores de la diferencia a favor suya. El año pasado, el Ministerio de Economía publicó una resolución que busca ordenar esa situación. Enrique García y la Coordinadora aclaran los pasos:
Dirigirse al Banco Nación con turno previo, llevar DNI y CUIL y confirmar en ventanilla que quieren adherirse a la Ley 27.133. Para ello deberán presentar el formulario 06, que deben completar previamente, y asimismo contactarse con los apoderados legales que llevaron adelante sus trámites judiciales.
Ángel Garro asegura que por mes están saliendo entre 100 y 150 pagos. Además, brinda públicamente su número telefónico para cualquier persona que quiera consultarlo: (299) 5088229.
Foto principal: Diario Río Negro