Redacción Canal Abierto | “La impunidad posterior también demostró por qué no hay que permitir que los genocidas queden impunes”, dijo la reconocida abogada de los juicios de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires, Guadalupe Godoy, al analizar el nuevo juicio contra el genocida multicondenado Miguel Etchecolatz
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó ayer a juzgar por crímenes cometidos en el excentro de «Pozo de Arana» al expolicía Julio César Garachico y a Etchecolatz, quien sostuvo que estaba “sometido a la indignidad de una mentira”» y a los gritos rechazó la legitimidad del tribunal para juzgarlo.
El represor se enfureció este lunes ante el Tribunal que comenzó a juzgarlo por el secuestro, tortura y muerta de siete víctimas y, durante su declaración por video conferencia desde el penal de Marcos Paz, gritó: “Ustedes no son mis jueces naturales, están violando la Constitución Nacional”.
“He expuesto mi vida luchando por una bandera celeste y blanca que ahora está desgarrada. Estoy aislado por odio y necesidad de venganza”, expresó el expolicía que acumula ocho sentencias por genocidio.
En diálogo con el programa “Superlógica” de Radio Provincia, la abogada precisó que “es un juicio por siete casos, con casi todo probado, es más bien histórico, porque la base de la acusación es el testimonio de López y el de otras personas, algunas de las cuales han fallecido en los últimos años.
Consultada sobre la expectativa que tiene en relación a este proceso, la letrada indicó: “Es reafirmar por qué es necesario hacer estos juicios y mostrar otra vez, aunque sea asqueante, lo que significó el genocidio en nuestro país”.
Godoy indicó que “este juicio es una reivindicación al testimonio de López, ha sido muy difícil todo lo que se generó. En estos días estamos haciendo un recordatorio por los 15 años de su desaparición y cuesta mucho porque fue un momento durísimo para todos y la certeza de por qué y para qué hay que hacer los juicios”.
La querellante remarco que “en los 4 años del macrismo, Etchecolatz volvió a su casa pero por muy poquito tiempo, los juicios continúan, la imposibilidad de aplicar el 2×1”, son logros de la sociedad.
“Que de nuevo la voz de López lo condene a Etchecolatz es una reivindicación”, valoró y añadió que “tenemos dificultades como la resistencia del Poder Judicial, que es muy permeable a los vientos políticos y los años de retroceso no son fáciles de recuperar”.
“Por otro lado la morosidad en las causas que era el eje de los movimientos de derechos humanos y la situación particular de La Plata donde el Tribunal Oral N° 1 no tiene jueces, los jueces que vienen de Comodoro Py acomodan las agendas y tenemos esto: una vez cada quince días, media jornada, 4 horas y en esto también hay responsabilidades políticas”, lamentó Godoy.
Consultada sobre si alguna vez sintió que se estuvo cerca de esclarecer la desaparición de López, significó: “al principio, a los 3 meses, cuando se allanó Marcos Paz y se encontraron las líneas telefónicas, el acceso libre que tenían en el pabellón de lesa humanidad, encontramos relaciones con policías en actividad, con los presos y los sectores que los apoyaban. En ese momento daba la impresión de estar cerca”.
“Luego se fueron diluyendo las esperanzas, nos encontramos con la dificultad tremenda y no hablo sólo de cuestiones ideológicas por las cuales las fuerzas se negaban a investigar, sino la incapacidad de investigación de delitos complejos de la mayoría de las fuerzas de seguridad del país”, subrayó.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y busca determinar las responsabilidades de ambos expolicías en los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención ilegal denominado como «Pozo de Arana» en perjuicio de López; Norberto Rodas; Alejandro Emilio Sánchez; Patricia Dell Orto, Efraim Guillermo Cano, Ambrosio De Marco y el estudiante de La Noche de los Lápices, Francisco López Muntaner.
Los delitos de lesa humanidad cometidos en este centro ya fueron juzgados en el 2012 pero quedaron excluidos otros hechos realizados en otros centros de detención ilegal ubicados también en la localidad de Arana.
Fuente: CTA Autónoma provincia de Buenos Aires.